Los bloqueos de internet siguen debilitando las democracias en África

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“Los gobiernos cierran internet para ejercer el control: para ser ellos quienes explican lo que ocurre, para silenciar la disidencia o para ocultar sus actos atroces”. Felicia Antonio es categórica a la hora de desenmascarar lo que hay detrás de los bloqueos de la red. Lidera KeepItOn, una campaña global impulsada por AccesNow y apoyada por más de 200 organizaciones de defensa de los derechos digitales en todo el mundo, que denuncia las interferencias en internet como un ataque a los derechos fundamentales. Una buena parte de la actividad de la campaña se ha centrado en África en los últimos años. Nunca ha sido el continente donde más se interviene el espacio digital, pero sí la región del mundo en la que más países recurren a los apagones. “Los bloqueos siempre son malos; destrozan vidas y arrasan comunidades como bolas de demolición”, sentencia esta activista.

Durante 2020, KeepItOn detectó 155 bloqueos en 29 países de todo el mundo. Dos de cada tres se produjeron en la India, mientras que en el continente africano doce países apretaron el botón de apagado en diferentes situaciones, pero con continuidad. Antes de que terminase 2020 las autoridades guineanas pulsaron el interruptor digital durante unas controvertidas elecciones. Y apenas unas semanas después, ya en 2021, lo hicieron en Uganda. Desde entonces, los gobiernos de Etiopía, Níger, Chad, la República del Congo o Senegal han detenido el acceso a la red; lo que demuestra que la amenaza de la intervención de internet sigue siendo real. “El tiempo desvelará cómo terminará este año, pero parece que los gobiernos autoritarios se están sintiendo cómodos con el interruptor de apagado cuando las cosas pueden ir en su contra”, advierte Antonio.

La coalición que impulsa KeepItOn ha puesto un título representativo a su informe de 2020: Sueños rotos y oportunidades perdidas: un año de lucha por el mantenimiento de internet. “Esta y otras plataformas de comunicación digital”, explica Felicia Antonio, “han estado desempeñando un papel fundamental en la contención de la propagación del virus de la covid-19 al garantizar la continuidad de la educación, el trabajo, los negocios, el entretenimiento, la comunicación con los seres queridos y el acceso a información que salva vidas. No puede haber ninguna justificación para que un Gobierno corte deliberadamente a su pueblo de una línea de vida tan importante”. De hecho, los defensores del acceso libre a internet aseguran que los efectos devastadores que los cierres tienen en la vida de las personas se agravan durante las crisis, “como una pandemia o una guerra civil”, advierte.

Durante el año 2020, KeepItOn detectó 155 bloqueos en 29 países de todo el mundo. Dos de cada tres se produjeron en la India

En este caso, 2020 fue un año en el que coincidieron elecciones en el continente africano y un aumento de la conflictividad social, un cóctel explosivo para que la ciudadanía pueda ejercer algunos derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión y de manifestación, ambos íntimamente ligados al uso de internet. “Claramente, las elecciones se están convirtiendo en un desencadenante de los apagones en África”, explica la responsable de la campaña KeepItOn. Y continúa: “El año pasado documentamos que doce países de África cerraron Internet en 20 ocasiones. En Togo, Burundi, Tanzania y Guinea los cierres se produjeron en torno a las elecciones. Los gobiernos justifican los cierres durante las elecciones como una medida para frenar la propagación de la desinformación o los discursos de odio. Pero se imponen para silenciar la disidencia, sofocar las protestas e impedir que la comunidad internacional siga las elecciones”.

Así, aunque el número total de bloqueos se ha reducido respecto a los dos años previos, las sensaciones continúan siendo negativas. “La duración de los cierres, el enfoque sobre las comunidades de riesgo y más vulnerables y, en este caso, la flagrante indiferencia por la salud durante una pandemia mundial, demuestran que la posibilidad de bloquear internet es una herramienta que juega un peligroso papel en nuestro mundo”, recuerda la investigadora de AccesNow.

Los gobiernos justifican los cierres durante las elecciones como una medida para frenar la propagación de la desinformación o los discursos de odio. Pero se imponen para silenciar la disidencia y sofocar las protestas

Felicia Antonio, de KeepItOn

En ocasiones un bloqueo de internet puede parecer una anécdota, incluso, una frivolidad frente a situaciones aparentemente más peligrosas para las personas. Sin embargo, los defensores de los derechos digitales no se cansan de repetir que es apenas un primer paso, quizá un indicio de que algo grave va a pasar. Los ejemplos se multiplican. El 30 de junio de 2020, Internet se desconectó por completo en Etiopía. El día anterior se había desencadenado una ola de protestas por el asesinato a tiros del cantante y activista oromo Haacaaluu Hundeessaa. El monopolio estatal de las telecomunicaciones permitió que el país entero quedase totalmente aislado, un nivel de censura difícil de encontrar en otros casos porque habitualmente quedan redes activas. Felicia Antonio recuerda que ese apagón “se ordenó para sofocar las protestas, afectó a 100 millones de personas y no consiguió su objetivo”.

En el mismo país, se ordenaron otros tres cortes locales también el año pasado, el último coincidiendo con la intervención militar en la región de Tigray aún se mantiene. “No hay acceso a las redes móviles, a los teléfonos fijos ni a internet, lo que hace casi imposible la comunicación. Se han denunciado atroces violaciones de los derechos humanos, y el apagón dificulta que la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los periodistas puedan investigar y documentar estas violaciones, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿era este el objetivo?”, cuestionaba la defensora de los derechos digitales.

En la República de Guinea las autoridades bloquearon internet, primero durante el referéndum constitucional que permitió a Alpha Condé presentarse a las elecciones en las que también se apagó la red. “Se registraron violaciones de los derechos humanos, y al menos 20 personas murieron después de que estallara la violencia postelectoral”, apostilla Antonio. En octubre las autoridades tanzanas prepararon el terreno de las elecciones interviniendo el entorno digital. “Fue la tapadera para el deterioro de la situación de los derechos humanos”, advierte Felicia Antonio, que añade: “Antes de las elecciones, el Gobierno instaló equipos para permitir a las autoridades censurar contenidos y estrangular internet. Las autoridades bloquearon el acceso a medios sociales y la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Tanzania ordenó a los proveedores de servicios de telecomunicaciones suspender el acceso a los SMS masivos y a los servicios de voz. El día de las elecciones, los tanzanos informaron de un cierre total. Nos contaron cómo este ataque a sus derechos no solo les impidió la participación democrática, sino que interfirió en su capacidad de trabajar, estudiar y organizarse”.

Medidas necesarias

No es extraño que los gobiernos reconozcan los apagones y que los presenten como medidas necesarias para preservar la paz social o la seguridad nacional, para detener los rumores, los discursos de odio, las informaciones que incitan a la violencia o las noticias falsas. “Por el contrario, los gobiernos imponen estos cierres para sofocar las protestas o la desobediencia civil, para silenciar la disidencia y para contener la información sobre la violencia comunitaria. Por lo tanto, los cierres de Internet permiten a los actores estatales y, a veces, no estatales, impedir que el resto del mundo esté informado sobre la crisis que se está produciendo”, cuenta Antonio.

En este mundo digital, la interrupción de internet es una forma rápida y sucia de frenar a la gente

“Internet y las plataformas digitales”, cuenta la activista esperanzada, “han proporcionado a la gente la oportunidad para hacer oír su voz criticando libremente las políticas de las autoridades, para promover sus negocios, perseguir sus sueños o permanecer conectados con sus familias y amigos en todo el mundo. En este mundo digital, la interrupción de internet es una forma rápida y sucia de frenar a la gente”.

La campaña lleva cinco años trabajando en paralelo, junto a otros actores, para sensibilizar a la ciudadanía y para propiciar el entorno legal adecuado para evitar los bloqueos de internet. Felicia Antonio señala como triunfos el reconocimiento de la mayor parte de las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas o la Unión Africana. Pero recuerda que el trabajo es mucho más arduo con los gobiernos que “siguen imponiendo los cierres a pesar de su evidente impacto” y que “los proveedores de Internet cumplen las órdenes de cierre para proteger sus licencias”.

Por ello, los impulsores de esta resistencia a la intervención de las redes reclaman que “esos proveedores y las empresas de telecomunicaciones deben oponerse a las órdenes de cierre, y dar prioridad a su deber de defender los derechos humanos de sus consumidores en todo momento. Deben acostumbrarse a impugnar legalmente las órdenes gubernamentales en lugar de optar siempre por salvar su licencia de explotación”. Y concluye: “Para detener completamente los cierres de internet, los gobiernos deben comprometerse a defender los derechos fundamentales de sus ciudadanos en todo momento”.

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