Migración

Cuando el control migratorio amenaza la protección de datos

Activistas y organizaciones sociales alertan sobre un proyecto de reforma del registro civil senegalés financiado por la Unión Europea porque, según denuncian, no ofrece garantías para algunos derechos fundamentales

Una vendedora callejera carga con una cesta de plátanos sobre su cabeza por una concurrida calle de Dakar, capital senegalesa, en mayo de 2020.
Una vendedora callejera carga con una cesta de plátanos sobre su cabeza por una concurrida calle de Dakar, capital senegalesa, en mayo de 2020.ZOHRA BENSEMRA / Reuters

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La Unión Europea colabora con entusiasmo en la modernización del registro civil senegalés, una necesidad en la que hay un amplio consenso. 28 millones de euros dedicados a un proyecto, aprobado en 2017, que tiene como principal objetivo “contribuir al respeto de los derechos de las personas vinculados al reconocimiento de su identidad mediante la puesta en marcha de un sistema de información del registro civil eficiente y la creación de un archivo nacional de identidad biométrica seguro”. Ese último detalle supone el punto fuerte de la idea, pero a la vez, el que ha llevado a organizaciones sociales y activistas a lanzar una voz de alerta. Según su análisis, esa recogida masiva de datos biométricos no cuenta con las garantías necesarias de respeto de algunos derechos fundamentales.

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“Cuantas más herramientas digitales das a nuestros Estados, les estás dando más medios para controlarnos y reprimirnos, estas medidas van a ir siempre en contra de nuestra libertad”, advierte Mamadou Diagne, un activista digital senegalés. Diagne reconoce la necesidad de una reforma: “Hace años que todo el mundo se queja de nuestro registro civil, porque es evidente que tiene serias deficiencias. Pero, si hay que modernizarlo, ¿cuáles son las garantías respecto a la ley y a nuestros derechos?”. Y esta ha sido una de las principales fallas que la organización Privacy International ha encontrado: demasiadas ambigüedades, demasiados espacios de sombra, demasiadas puertas entreabiertas que pueden propiciar un uso incorrecto de estos datos personales recogidos. Los responsables de la organización señalan que durante un año han estado reclamando diferentes documentos a las instituciones comunitarias a través de los mecanismos de acceso a la información y que, cuando han recibido esos documentos (algunos de ellos censurados), se han encontrado con demasiadas preguntas sin respuesta.

La investigación de Privacy Internacional, además, llama la atención sobre el hecho de que se estén destinando fondos dedicados a la cooperación con fines de seguridad y de control de las migraciones. El motivo de esta advertencia es que este plan de apoyo a la modernización del Registro Civil senegalés está financiado por el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África (EUTF, por sus siglas en inglés) y este, a su vez, se alimenta en un su mayor parte de recursos destinados a cooperación al desarrollo. “No se dice explícitamente que el apoyo a esta modernización tenga como objetivo el control migratorio, pero en el preámbulo señala que está financiado por el EUTF y que este ‘financia proyectos pertinentes para remediar las causas de la migración y para animar los esfuerzos de Senegal en la cooperación sobre las cuestiones migratorias”, comenta Ilia Siatitsa, responsable jurídica de Privacy International.

Una iniciativa similar desarrollada en Costa de Marfil sí que establecía expresamente que los datos recogidos servirían para identificar a los marfileños que se encontrasen en situación irregular en Europa y facilitaría su repatriación, según denunciaba la misma organización de defensa de derechos. “El de Senegal está pagado por el mismo dinero que el de Costa de Marfil, eso también es un indicio”, señala Siatitsa, que se muestra sorprendida por la desaparición de la información del proyecto en Costa de Marfil. “La página web era accesible cuando publicamos nuestro informe y después ha desaparecido. No está claro qué está pasando, pero sabemos que está habiendo cambios”, explica.

Cuantas más herramientas digitales das a nuestros estados, les estás dando más medios para controlarnos y reprimirnos
Mamadou Diagne, activista senegalés

Más allá de esta transferencia de los esfuerzos de la UE entre la cooperación al desarrollo y el control migratorio, las organizaciones sociales y los activistas han planteado serias dudas en relación con la materialización de este plan que pretende crear una enorme base de datos biométricos en Senegal. “La autoridad que debe garantizar que nuestra información personal sea protegida permite que el proyecto señale que los ‘socios’ tendrán acceso a esta, pero el concepto ‘socios’ es ambiguo y es importante precisar las restricciones y las limitaciones”, se queja Mamadou Diagne.

Para Ilia Siatitsa esa es una de los principales brechas: “Los documentos muestran que hay un objetivo de reforzar la inter operatividad entre diferentes administraciones senegalesas, es decir, no se trata solo del Registro Civil”. Y por ello, la experta en derecho recuerda dos de los principios fundamentales de la protección de datos. Uno de ellos es que “los estados deben tomar medidas para limitar el acceso a los objetivos con el que se han recogido, mientras que esta iniciativa tiene como objetivo maximizar el acceso”.

El otro principio que se está poniendo en peligro es el de recoger solo la cantidad y el tipo de información estrictamente necesaria. “Nos estamos embarcando en la creación de una nueva base de datos biométricos en la que ni siquiera sabemos exactamente cuáles serán recogidos. No está claro por qué la base de huellas dactilares que se encargó a finales de 2016 no es suficiente o, si no ha funcionado correctamente, por qué no lo ha hecho. Nos encontramos en una situación en la que la UE está financiando más planes de recogida de más información, pero no vemos que haya un análisis previo o una valoración de por qué hacen falta más, o por qué serán útiles”, advierte la representante de Privacy Internacional.

Una parte importante de los temores tiene que ver con la incapacidad de las autoridades locales para gestionar una base documental como la que se va a construir

Desde la perspectiva de los activistas senegaleses, una parte importante de los temores tiene que ver con la incapacidad de las autoridades locales para gestionar una base documental como la que se va a construir, teniendo en cuenta además que su contenido es sensible. “La Comisión de Protección de Datos Personales de Senegal (CDP) no puede controlar, no tiene los instrumentos para hacerlo, así que su decisión es abrir las puertas, dejar hacer. Parte del principio de que si esos datos son recogidos y gestionados por el Estado de Senegal no hay ningún riesgo, pero pasa por alto que el Estado necesita subcontratar los servicios y que no lo harán trabajadores públicos, por eso no debemos perder de vista qué se recogerá, las herramientas que se usarán, cómo se custodia...”, revela Mamadou Diagne. “El refuerzo de los mecanismos de protección de datos no es la prioridad. Aparentemente, las autoridades senegalesas no tienen suficientes recursos para supervisar toda la información, así que lo normal sería que primero se reforzasen esas capacidades”, zanja Siatitsa.

La representación diplomática de Unión Europea en Senegal ha demorado reiteradamente las explicaciones sobre los detalles del proyecto en el que señalan que colaboran con el Gobierno senegalés. Preguntados por algunos detalles, los responsables de diversas áreas de la delegación de la UE en Senegal han ido posponiendo y retrasando sus respuestas durante casi dos meses.

Las investigaciones de Privacy Internacional apuntan a otras experiencias en la región de África Occidental en la que también se está impulsando la recogida de información personal de la población para la elaboración de grandes bases de datos que podrían ser usadas en el control migratorio. La constante, en estos casos, es la opacidad o la ambigüedad y la falta de garantías de la defensa de los derechos. El análisis detallado del caso senegalés es uno de los pilares de una carta sobre el uso de tecnologías de vigilancia en programas de ayuda de la UE que Privacy International ha remitido a altos responsables de la Comsión Europea y que han suscrito otras 13 organizaciones de la sociedad civil, la mitad de ellas africanas, para reclamar que “detenga el desvío de fondos de ayuda, promulgue procedimientos estrictos de diligencia debida y evaluación de riesgos, y que acepte medidas de transparencia, escrutinio parlamentario y supervisión pública destinadas a proteger los derechos humanos en los países no miembros”.

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