Una inaplazable reconstrucción

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Sin recursos, no hay políticas posibles, pues se necesita una continuidad presupuestaria que comprometa los períodos de legislatura y que impulse umbrales básicos de cooperación bilateral sólida y vigorosa para evitar que el sistema de ayuda se reduzca a su mínima expresión, como hemos vivido. España debe aplicar de inmediato los acuerdos del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados de la UE de 2005, que decidieron aportar colectivamente el 0,5 % de su Renta Nacional Bruta (RNB) en ayuda al desarrollo en 2010.

Un sistema institucional confuso, fragmentado e hipertrofiado exige su reordenación y modernización urgente para reforzar el papel y las capacidades de una Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) anoréxica, en lugar de adelgazarla presupuestaria y funcionalmente, transfiriendo competencias a un universo de fundaciones e instituciones de distinta naturaleza que han debilitado su capacidad técnica y financiera.

Debemos ser más selectivos, constantes y precisos en nuestras intervenciones, especializándonos en aquello que mejor sabemos hacer, contamos con experiencia y en un número concentrado de países. Se trata de profundizar en los puntos fuertes comparativos y en identificar las buenas prácticas en todo el sistema de cooperación, en sus diferentes niveles. Sectorialmente se debería entender la importancia de dar respuesta a las necesidades sociales básicas, a los derechos humanos esenciales y al fortalecimiento de las economías locales de escala que reduzcan fracturas sociales y limiten las migraciones por la violencia o la miseria.

En línea con las peticiones y acuerdos de las Naciones Unidas suscritos por España, la cooperación española debe priorizar la reducción de la pobreza y las privaciones humanas

En línea con las peticiones y acuerdos de las Naciones Unidas suscritos por España, la cooperación española debe priorizar la reducción de la pobreza y las privaciones humanas como uno de los mayores desafíos que tiene la comunidad internacional, atendiendo otros compromisos relevantes, particularmente el Pacto 20/20 de 1995, los acuerdos de Ayuda a los Países Menos Adelantados de 2009 y la Declaración de París de 2005.

Ha llegado la hora de que la cooperación descentralizada, uno de los mayores activos mundiales de España, tenga un tratamiento adecuado, respetuoso y relevante. Se ha ganado contar con un merecido reconocimiento legal, institucional y doctrinal, al formar parte del centro nervioso del sistema de ayuda, siendo el espacio desde el que se hacen las políticas más audaces. Hablamos de cogobernanza con arreglo al 53% de recursos que aporta en la Ayuda Oficial al Desarrollo bilateral, algo que debe ser recogido adecuadamente en una futura Ley.

Al igual que han hecho otros importantes donantes, agencias de cooperación y centros de investigación, España debería identificar de manera selectiva y precisa su aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconociendo sus importantes problemas metodológicos y de arquitectura. En línea con ello, avanza la idea de una recalibración de los ODS en la era del Antropoceno, como recoge el PNUD en su último informe de Desarrollo Humano.

La pandemia de covid-19 es la perturbación global más significativa y singular desde la II Guerra Mundial, profundizando en la pobreza y fragilidad, dañando capacidades y destruyendo importantes logros del desarrollo. Esto exigirá mejorar la capacidad de intervención de nuestra cooperación poscoronavirus sobre impactos múltiples, como el aumento de economías informales de subsistencia, la marginalidad, nuevas formas de desigualdad, migraciones forzosas y la dificultad de atender necesidades básicas.

En la medida en que las migraciones internacionales van a seguir teniendo una importancia creciente, la cooperación española deberá clarificar su posición, su aportación y los criterios a la hora de utilizar sus recursos en la atención a refugiados en territorio de España

En la medida en que las migraciones internacionales van a seguir teniendo una importancia creciente, la cooperación española deberá clarificar su posición, su aportación y los criterios a la hora de utilizar sus recursos en la atención a refugiados en territorio de España. Urge un debate técnico y político sobre la naturaleza de estos gastos y partidas, como se hace en el Grupo de Estadística del CAD, avanzando en la construcción de una mejor política de asilo y refugio. Pero empezando por saber qué es lo que se gasta, cuáles son los límites, qué reciben realmente los refugiados en España en su primer año de estancia, como exige la normativa internacional y que en modo alguno sea la coartada para debilitar más la ayuda de España a los países empobrecidos.

Ha llegado el momento de valorar si se quiere, en nuestra política de cooperación, un instrumento disfuncional como el actual Fonprode, que permite apoyar dar recursos a intermediarios financieros que cotizan en bolsas mundiales registradas como empresas interpuestas en paraísos fiscales o territorios Off-Shore, para llevar a cabo actividades dañinas social y medioambientalmente que vulneran derechos humanos de poblaciones del sur. A su vez, se necesita regular por ley unos estándares básicos y obligatorios de información pública, acceso a datos e informes y publicidad, una asignatura histórica pendiente.

e debe apostar con firmeza por generar una sociedad de ciudadanos informados y comprometidos mediante un reforzamiento de la Educación para la Ciudadanía Global

También el sistema universitario debe tener un tratamiento adecuado, tanto desde el punto de vista de la docencia especializada en cooperación al desarrollo y la formación de profesionales cualificados, como en sus labores de investigación. Finalmente, se debe apostar con firmeza por generar una sociedad de ciudadanos informados y comprometidos mediante un reforzamiento de la Educación para la Ciudadanía Global, con unos umbrales mínimos y un tratamiento adecuado desde el punto de vista programático, presupuestario y de compromisos con la sociedad.

Todo esto se resumiría en mejorar la capacidad institucional y la precisión estratégica de la cooperación española, en un escenario novedoso como el que vivimos, tratando de situarla en una posición de mayor centralidad técnica y política, en línea con otros donantes. La cooperación española tiene una magnífica oportunidad de demostrar su grandeza y su belleza, en línea con lo que la sociedad reclama.

Carlos Gómez Gil es profesor titular e investigador en cooperación al desarrollo por la Universidad de Alicante, donde dirige el Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo.

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