Un plan de conectividad para derribar la brecha digital en las villas de Argentina

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En la casa de Soledad Delgado hay un solo celular. Ella tiene una hija que acude a la escuela secundaria y un hijo que está en primaria. El año pasado, para poder estudiar virtualmente, ambos necesitaban un dispositivo porque el horario de clases era simultáneo. En ese contexto, Delgado tuvo que tomar una decisión: “No me quedó otra que priorizar a la más grande y darle el teléfono a ella para que se conectara a las clases”, dice la mujer de 32 años, que vive en Villa Fátima, un barrio popular ubicado al sur de Buenos Aires.

El problema no se concentra en los dispositivos. El acceso a la conectividad también es una odisea para los vecinos de Villa Fátima. Las compañías que proveen conexión a internet en Buenos Aires abandonaron la zona por falta de rentabilidad. Algunas pocas familias tienen el servicio, pero si se rompe algo, no consiguen que el equipo técnico se acerque a repararlo.

Delgado comparte internet con su vecina, que tiene seis hijos, y su cuñada, que tiene otros siete. El servicio es inalámbrico y entre todos usan 30 megas. Eso les cuesta 3.000 pesos argentinos (28 euros). El acceso se lo compran a un chico del barrio, que lo distribuye informalmente. En el caso de los prestadores de wifi, en general son pequeños emprendedores los que reproducen de la ciudad, pero en los barrios informales y sin la infraestructura adecuada. La conexión termina siendo cara, mala e irregular.

“Se vende internet para muchas personas y finalmente no les alcanza para conectarse. Por eso, muchas veces se recurre a los datos móviles de los celulares, que es más caro y la señal es peor”, comenta Ariel Verón, vocero de la Asociación civil El Hormiguero, que trabaja en Villa Soldati, zona que comprende a Villa Fátima.

De acuerdo con el estudio Efectos de la pandemia COVID-19 en los barrios populares, del Centro de Investigación Social de TECHO Argentina, si bien el 79,8% de las personas encuestadas declararon tener acceso a internet a través de wifi o datos móviles, el 63% consideró que la calidad de la señal es mala. La educación no es en el único ámbito en el que la pandemia evidenció que la conectividad es esencial. Para trabajar, hacer trámites, pedir turnos médicos, tener un momento de ocio, relacionarse con otros se requiere una buena conexión a internet.

Delgado trabaja por hora acompañando a víctimas de violencia de género de su barrio. “Durante la pandemia, fue difícil reunirse virtualmente porque no todas tienen dispositivos o internet. Tenía que llamarlas o ir casa por casa para conversar a través de la ventana”, cuenta. También, tuvo que entregar folletos para transmitir la idea a mujeres del barrio de que no estaban solas y allí brindaba un número de teléfono para que se comunicaran.

Durante el 2020, la Defensoría del Pueblo recibió más de 300 denuncias vinculadas a problemas de acceso a las Tics por parte de vecinos de las villas de la ciudad. “La propia fisonomía de los barrios, con pasillos angostos y hacinamiento, resta fluidez, velocidad, estabilidad a las conexiones. Pero además de su mala calidad, el servicio de internet suele ser más caro para ellos que para quienes viven en los demás barrios de la ciudad”, dice Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amor explica que el precio del servicio sufre grandes oscilaciones, dependiendo de la zona y del proveedor. A esto se le suma el costo de instalación, que no es menor, y que en el resto de la ciudad suele estar bonificado. En el caso de acceso a través del uso de datos de los celulares, el servicio suele ser marcadamente más costoso que el servicio domiciliario. Pero, además, el tipo de plan de celular que se suele utilizar en las villas, de tipo pre–pago, eleva los costos adicionales en datos.

Una solución para acortar la desigualdad tecnológica

Para reducir la brecha digital, en agosto 2020, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) lanzó el Programa para el desarrollo de infraestructura para internet destinado a villas y asentamientos por un capital de 1.000 millones de pesos argentinos (nueve millones de euros). De este modo, el ente gubernamental se propuso financiar proyectos comunitarios que generen obras de infraestructura para ampliar o lograr conectividad a la red y se creen puestos de trabajo para quienes habitan esos territorios.

“La Ley Argentina Digital establece que las empresas de telecomunicaciones paguen el 1% de su facturación a un fondo que se constituye para llevar conectividad a donde no llega. Así es como el ENACOM maneja un fondo de servicio universal, que decidimos administrar entre las organizaciones que presenten propuestas”, dice Gustavo Fernando López, vicepresidente de Enacom. Algunos proyectos ya venían funcionando hace varios años y se les podría dar escala. Otros han empezado a desarrollarse a partir de esta iniciativa.

En diciembre se aprobó el primer proyecto, que presentó la asociación civil El Hormiguero. “Por primera vez se dio a una organización de la sociedad civil dinero para armar una red comunitaria que brinden acceso a conectividad. Es algo inédito”, comenta López.

El proyecto presentado propone llevar internet a cinco barrios populares del sur porteño: Fátima, Ramón Carrillo, La Esperanza, Los Pinos y Piletones, por un monto de poco más de 36 millones de pesos argentinos (332.000 euros). De esta forma se impactaría en más de 11.000 familias, implementando una conexión de fibra óptica. La red se impulsaría a través de una radio comunitaria. En la primera etapa, se propone la compra de los equipos. Luego se empezará a desplegar toda la red de alta velocidad a través de los postes. De estos troncales se desprenderán los cables más pequeños que son los que se meten adentro de las manzanas, y finalmente la conexión directa a los socios. También se proyecta armar cinco estaciones tecnológicas, que son espacios comunitarios con fines sociales que llevan adelante desde hace años trabajos relativos a la educación y alfabetización digital, que contaban con tecnología que el tiempo tornó obsoleta. Además, se generarán 30 puntos de acceso wifi en espacios barriales.

El ingeniero en telecomunicaciones y miembro de El Hormiguero Nicolás Petrungaro expresa: “Tenemos que empezar a cuestionar profundamente el negocio que hay sobre prestación de los servicios. Con este proyecto vamos a dar conectividad en una zona donde las empresas del mercado no les interesa llegar.”. Desde la organización, se propone un modelo cooperativo autogestivo, donde se puede brindar conectividad sin ánimo de lucro. De esta forma, se accedería a un servicio de calidad y gestionado por los propios vecinos. “En seis meses ya estaría funcionando en los espacios comunitarios. De ahí, en adelante la idea es seguir desplegando la red”, agrega Petrungaro.

En este sentido, Ariel Verón explica que los socios de este proyecto no serían clientes. “Aportan para que la red se sostenga y se haga cada vez más grande. Son una parte fundamental para que se siga extendiendo”, expresa.

Nelson Santacruz, comunicador de Garganta Poderosa y vecino de la villa 21-24 se graduó de periodista en 2020. El joven de 24 años tuvo que dar el último examen a través de su celular en el techo de su casa para que le llegara la conexión a internet. El asentamiento donde vive es el más grande de la Ciudad de Buenos Aires, y allí habitan más de 50.000 personas.

Santacruz cuenta que muchas chicas y chicos del barrio usan un solo celular por familia. “Cargan crédito porque no tienen para pagar el abono y conectarse sin que se corte internet”, relata.

En su barrio, el movimiento La Poderosa, del cual él forma parte, instaló un nodo digital. “Estos espacios no solo brindan un dispositivo o un lugar para conectarse. También se pregunta a los vecinos que se acercan si saben lo que es un bit, un Word, un mail, el Classroom o el Zoom. Muchas veces no saben lo que es. Allí, también es el lugar donde se pregunta si desayunaste o si comiste algo”, detalla el periodista. El año pasado, el movimiento armó 50 nodos digitales, provistos con Wifi, tablets, notebooks, entre otras herramientas. En enero 2021, se les confirmó que ENACOM había aprobado su propuesta para armar 16 nodos más y para que vecinas y vecinos puedan desplegar sus propias redes comunitarias. El proyecto aprobado fue por 12 millones de pesos argentinos (110.000 euros). “La idea es multiplicar los espacios de conectividad con redes comunitarias. Van a ser los mismos vecinos quienes las implementen. De esta forma van a aprender a manipular antenas, cables y conceptos básicos de redes”, explica Santacruz.

Sobre los diferentes proyectos presentados al ENACOM, López explica: “En algunos barrios se financiará la extensión de redes de manera tal que la mayoría de los hogares del barrio estén conectados. En otros casos se harán conectividades puntuales, que son obras más chicas y rápidas para dar una solución y después se hará obra de infraestructura más importante”.

Desde 2014, la iniciativa Atalaya Sur, que surge dentro de la organización social Proyecto Comunidad se propuso abordar el problema de la brecha digital. “Desde entonces, nuestro objetivo es la apropiación popular de la tecnología porque en los barrios populares, el problema no es solo el acceso a internet, sino también a los dispositivos y a la información”, expresa Manuela González Ursi, coordinadora de Atalaya Sur.

La organización, que nació en 2002, trabaja en Villa 20, donde habitan 30.000 personas. Proyecto Comunidad incluye además de la red comunitaria, un merendero y la FM La Patriada. “En 2014, nos vinculamos con la Universidad Tecnológica Nacional para que a través del posgrado de telecomunicaciones nos ayudaran a generar un proyecto con factibilidad técnica. El primer desafío fue llevar internet a nuestro centro comunitario. Ese despliegue implico la combinación de fibra óptica con radiofrecuencia, conectándonos a una cooperativa de vivienda que está a 15 cuadras de la villa, donde si llegaba la fibra óptica. Después seguimos desplegando esta red pública de acceso a internet, a través de puntos de wifi gratuitos. Logramos instalar 27. Seguimos creciendo y empezamos a conectar a algunos hogares. Los vecinos aportan al sostenimiento de esta red. Ya tenemos 150 hogares conectados”, dice González Ursi.

Atalaya Sur es otra de las organizaciones que presentó su propuesta a Enacom y todavía esperan la aprobación del proyecto. La intención es llegar a 500 hogares más en el barrio. “Necesitamos los fondos para ganar escala. Además, veníamos trabajando con tecnología de radioenlace que tiene algunas dificultades en territorio y ahora podríamos armar algunos tramos en fibra óptica”, señala González Ursi.

Además de la apropiación popular de la tecnología, Atalaya Sur piensa en la capacitación y formación en nuevas tecnologías. González Ursi reflexiona: “Las redes comunitarias motorizan los territorios y generan trabajo genuino. Generar conectividad permite propulsar del desarrollo productivo del territorio”.

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