El impulso para digitalizar bien a América Latina

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América Latina es una región aun joven, eminentemente urbana y apasionada por la tecnología. Ello augura unas perspectivas favorables sobre el potencial de la digitalización en la región para afrontar los conocidos retos de baja productividad, alta desigualdad y vulnerabilidad, acompañados de una débil confianza en las instituciones. Estos 12 meses de lucha contra la pandemia han confirmado, además, que la infraestructura de telecomunicaciones en Latinoamérica ha funcionado ―soportando aumentos del tráfico de Internet de hasta el 40%, sostenidos desde el inicio del confinamiento―, y que la oferta de plataformas digitales permitió, a aquellos conectados, trabajar, estudiar, comunicarse y realizar operaciones financieras, entre otras muchas actividades.

En general, los gobiernos y reguladores de la región acompañaron este proceso implementando una gran variedad de innovaciones en materia de política digital en colaboración con el sector privado. Esto permitió ciertos avances o, por lo menos, el mantenimiento de la conectividad, en especial para poblaciones de ingreso medio-bajo. La región, sin embargo, también ha visto en la digitalización una dimensión más de la desigualdad y la exclusión. América Latina tiene en la digitalización un motor de crecimiento y de inclusión, pero ello requiere que se active adecuadamente.

América Latina ha enfrentado la pandemia con una serie de condiciones preexistentes, cuya resolución es urgente. La alta desigualdad, la creciente polarización, la debilidad fiscal y la baja confianza en las instituciones son algunos de los desafíos sistémicos que al interactuar con la covid-19 han resultado en profundos impactos en la región. Las desigualdades existentes han hecho que el impacto de la crisis sea muy heterogéneo, siendo los grupos marginados y vulnerables los más fuertemente afectados.

Las brechas en conexión digital son una de las desigualdades que ya se manifestaban en la región pre pandemia, pero que han tomado mayor importancia como consecuencia de la misma. Los usuarios de internet en la región se distribuyen de manera desigual en términos socioeconómicos, culturales y geográficos. Como muestra el último Latin American Economic Outlook, en América Latina, tres de cada 10 personas no tiene acceso a internet. Mientras que el 81% de los hogares más ricos está conectado, solo el 38% de aquellos más pobres tiene conectividad. En zonas urbanas, un 67% de los hogares tiene conexión, pero en zonas rurales este número cae al 23%. Una de cada cuatro escuelas de la región carece de acceso a la red y aquellos estudiantes de hogares más pobres tienen seis veces menos probabilidades de tener internet en casa.

Mientras que 81% de los hogares más ricos está conectado, solo 38% de aquellos más pobres tiene conectividad

Mientras que la conectividad ofrece oportunidades para enfrentar la crisis, al estar obligados a permanecer en casa a raíz de las políticas de contención implementadas por los gobiernos de la región, las desigualdades en conexión digital se convierten en un mecanismo para exacerbar desigualdades existentes. En América Latina y el Caribe la proporción promedio de trabajos que se pueden realizar desde casa es del 20%, inferior a la de otras economías de similar ingreso. Esta varía entre el 14% de Honduras y el 27% de Uruguay. Esta proporción es del 41% en Estados Unidos. La mayoría de los países con un PIB per cápita superior a 30.000 dólares tienen una proporción de teletrabajos superior al 30%.

Ante el cierre de escuelas, la mayoría de los países en la región ha puesto en marcha, en colaboración con el sector privado, estrategias de conectividad y educación a distancia. La implementación de las mismas depende fuertemente del acceso que tengan los niños, así como los adolescentes a algún dispositivo electrónico y a conectividad en sus hogares. Hoy, el 42% de los menores de 15 años en nuestra región no tienen acceso a Internet.

La digitalización incluyente es una precondición necesaria para reducir las desigualdades en América Latina. Digitalización sin inclusión y sin eficaz regulación llevará a mayor desigualdad y mayor explotación del poder de mercado por parte de las compañías proveedoras. A pesar de los avances en digitalización en América Latina, esta no ha sido para todos o al ritmo necesario. El Informe de Desarrollo Humano del 2019 encuentra que en los países con desarrollo humano muy alto las suscripciones a servicios de banda ancha fija están creciendo a un ritmo 15 veces más rápido que en los países con desarrollo humano bajo. Las velocidades de conexión en América Latina son de un tercio o un cuarto de aquellas en países de mayor ingreso.

Existe un consenso generalizado desde hace años sobre la agenda, más inversión y mejor regulación (véase por el Informe de Desarrollo Mundial de 2016). Se necesita incrementar notablemente la inversión y cerrar las brechas no solo en tecnología, sino también en educación, y acompañar este choque con avances hacia una regulación inteligente de la economía digital. Según el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, la región debe invertir 161 mil millones de dólares entre 2019 y 2025 para lograr los niveles de conectividad de economías de ingreso alto. Esto supone 61 mil millones de dólares por encima de las tendencias de gasto actuales. Además, es imperativo repensar las habilidades y capacitación necesarias para preparar a las personas para los trabajos del futuro. Según una encuesta de ManpowerGroup, más de cuatro de cada 10 empresas en la región dice tener dificultad en encontrar trabajadores con las capacidades necesarias.

Esta agenda de digitalización inclusiva de América Latina es urgente y ambiciosa, y solo la colaboración público-privada la hará factible

Una transformación digital exitosa también requiere repensar las regulaciones e instituciones existentes. Es necesario promover la competencia eliminando barreras de entrada y de inversión. Además, es importante tomar los pases necesarios para que las plataformas digitales sean más responsables y transparentes en las decisiones que controlan. Aspiramos a una región donde todas las compañías digitales puedan tener éxito, no solo unas cuantas.

Esta agenda de digitalización inclusiva de América Latina es urgente y ambiciosa, y solo la colaboración público-privada la hará factible. Más allá de la incertidumbre sobre cómo será y cuándo llegará la era poscovid, sin lugar a dudas las economías y las sociedades serán más digitales. La movilización de inversiones que se precisa luce inabordable solo empleando los recursos que empresas o gobiernos de la región tienen a su disposición en estos momentos de apenas inicio de la recuperación económica.

Pero más allá de la colaboración financiera, la cooperación público-privada es necesaria para compartir buenas prácticas en materia de regulación, construir y escalar programas de mejora de las competencias y habilidades, y lograr que la digitalización tenga un impacto positivo en la vida de todos, no solo la de algunos. Es en este espíritu en el que AT&T se unió al United Nations Global Compact, y con el que colabora en todas las regiones donde tiene presencia, con especial mención a América Latina. El PNUD por su lado está priorizando el apoyo a la digitalización inclusiva en los países de la región, trabajando muy de cerca con gobiernos y el sector privado. Si no lo hacemos hoy, será demasiado tarde.

Luis F. López-Calva es administrador asistente y director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe. Ángel Melguizo es vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T/DIRECT TV Latinoamérica.

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