Opinión
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¿Por qué hay que priorizar el regreso a las escuelas en América Latina y el Caribe?

Este tiempo, en que los gobiernos toman decisiones sobre presupuestos, calendarios y educación, es crítico para garantizar que el 2021 no sea otro año sin clases. Estas son imprescindibles sobre todo para los niños y niñas más vulnerables

Una estudiante en una clase vacía de Panamá.
Una estudiante en una clase vacía de Panamá.© UNICEF/UN0359851/Schverdfinge / EL PAÍS
Alicia Bárcena Ibarra|Eve Crowley|Vinícius Carvalho Pinheiro|Claudia Uribe|Jean Gough|Miguel Barreto

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Nicolle Nicopa, una adolescente peruana de 15 años que quería ser enfermera vio truncado su sueño a causa de la pandemia. La covid-19 se llevó a su padre y, agobiada por las necesidades económicas de la familia, dejó sus clases virtuales para dedicarse a trabajar y así ayudar a su mamá y a su hermano pequeño. La pandemia le cambió la vida a Nicolle y a millones de estudiantes en la región como ella.

A pocos días de finalizar el 2020, el balance para la educación en América Latina y el Caribe no es alentador: el 87% del alumnado no han recibido clases presenciales durante los últimos ocho meses. Las escuelas permanecen cerradas en la mayoría de los países desde el mes de marzo. Su reapertura debe ser prioritaria en la medida que se levanten las restricciones debidas a la covid-19.

Más allá de la brecha de aprendizaje que se ha producido durante este período, el Programa Mundial de Alimentos (WFP) estima que alrededor de 85 millones de niños y niñas de la región no han tenido acceso a alimentación escolar, incrementando así el riesgo de sufrir desnutrición. Así mismo, se estima que más de tres millones podrían abandonar los estudios, por múltiples razones, entre ellas, para dedicarse a trabajar.

Los programas de alimentación escolar tienen un rol clave de protección social. Se ha demostrado que, para los hogares, el valor de las comidas en la escuela es equivalente a aproximadamente el 10% del ingreso del hogar. Para familias con varios niños, eso puede significar ahorros sustanciales. En casos de crisis, como la de covid-19, este ingreso indirecto puede contribuir a que los hogares no apliquen estrategias negativas de sobrevivencia, y un desincentivo a la deserción escolar.

El cierre prolongado de los centros educativos tiene profundos impactos en la vida de los más pequeños que van más allá de una pérdida de aprendizaje y del mayor riesgo, en particular de los más vulnerables, de que abandonen la escuela. Por ejemplo, la no asistencia a clases presenciales y el menor tiempo dedicado al aprendizaje, sumado a la pérdida de ingresos en los hogares, configuran condiciones que aumentan las posibilidades de la incorporación prematura de niños, niñas y adolescentes al mercado laboral, particularmente en actividades peligrosas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estiman un aumento del trabajo infantil en la región durante 2020 de hasta 300.000 menores de edad, mostrando un claro retroceso en los esfuerzos por eliminar esta práctica.

La CEPAL ha estimado que la pandemia afectará los ingresos de todos los estratos de la población en América Latina y el Caribe, aunque el impacto será proporcionalmente mayor en los bajos, comparado con aquellos de ingresos medios y altos. La pobreza aumentará en 45,4 millones de personas y la pobreza extrema en 28,5 millones, con un impacto devastador para la región. Además de las dificultades que la crisis genera para la reintegración laboral de los padres y madres y, en especial, el efecto desproporcionado sobre las mujeres y su participación en el mercado de trabajo.

Por otra parte, FAO reporta que hasta antes de la pandemia casi 60 millones de personas de la región se vieron afectadas por inseguridad alimentaria grave. Los datos disponibles sobre el consumo de alimentos, encuestas nutricionales y las proyecciones sobre el incremento de la pobreza en la región permiten augurar un aumento significativo del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en los próximos años, especialmente en áreas rurales. En este contexto, para satisfacer necesidades básicas, como la seguridad alimentaria, las familias pueden depender de los niños y niñas para complementar los ingresos del hogar. El cierre de los centros educativos en las zonas rurales podría traer consigo que estos sean empleados en actividades de trabajos peligrosos en la agricultura y otras actividades.

Para la UNESCO, los países de la región enfrentan una tensión inédita en materia de recursos financieros. A la vez que se han incrementado las demandas que atender, la difícil situación fiscal pone en dudas la disponibilidad de los recursos. Los primeros indicios sobre la evolución de los presupuestos educativos durante 2020 no indican recortes, pero no hay evidencia de que la educación haya sido priorizada por los gobiernos dentro de los paquetes de respuesta económica a la emergencia.

Las agencias del Sistema ONU firmantes, preocupadas por la situación por la que atraviesa la educación en los países de la región, reconocen los esfuerzos realizados por los gobiernos y las autoridades educativas que, junto con socios y contrapartes, trabajan para mitigar los riesgos de la interrupción de la educación y su impacto en niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la experiencia de los últimos meses evidencia, en casi todos los países, que los programas de educación a distancia -en línea, radio o televisión- han agudizado las brechas educativas entre familias pobres y ricas que ya existían antes de la pandemia. Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), solo la mitad del alumnado de las escuelas públicas pueden acceder a la educación a distancia, comparado con las tres cuartas partes de quienes estudian en las escuelas privadas. Los alumnos y alumnas que más necesitan seguir aprendiendo son quienes tienen menos oportunidades de aprovechar el acceso a clases a distancia.

Después de casi un año escolar sin clases presenciales, es necesario que los gobiernos prioricen la reapertura de las escuelas, abordándola como parte integral de las políticas de reactivación, guiados por consideraciones de salud pública, garantizando la inclusión digital de todos los hogares. El proceso de reapertura debe ser cuidadoso y prudente e incluir estrategias multisectoriales de mitigación y protocolos de bioseguridad y de seguridad y salud en el trabajo para proteger no solo al alumnado, sino también al profesorado y al resto de personal del sector educativo, así como a las familias y a la comunidad.

La mayoría de los niños, niñas y adolescentes de la región ya perdieron un año de educación presencial. No podemos permitir que se repita un segundo año bajo estas mismas circunstancias que han impactado sus procesos de aprendizaje, nutrición y bienestar socioemocional. Las próximas semanas, en las que los gobiernos toman importantes decisiones en materia de presupuestos, calendarios y vuelta a la escuela, son críticas para garantizar que el 2021 no sea otro año de interrupción de clases para el alumnado de la región.

Niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad son quienes más necesitan la escuela y son quienes más sufren las consecuencias. Cuanto más tiempo permanezcan fuera de la escuela, mayor es el riesgo de quedar rezagados en su aprendizaje con efectos negativos sobre los resultados educativos, la reducción de la escolaridad y las habilidades cognitivas y socioemocionales a lo largo de su vida.

Cada día adicional de cierre de las escuelas retrasará y dificultará la recuperación económica de toda la región. Pero también generará grietas en la sociedad que serán difíciles de resolver en el corto plazo. Cada día que pasa con las escuelas cerradas aumenta la posibilidad de perder en unos meses el equivalente a una década de avances en materia de protección de la infancia y la adolescencia.

Reabrir las escuelas debe ser priorizada como una de las primeras medidas en la fase inicial de la reapertura progresiva de la sociedad, no como la última.

Autores: Alicia Bárcena Ibarra (secretaria ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL); Eve Crowley (representante Regional Adjunta y Representante, FAO en Chile; Vinícius Carvalho Pinheiro (director regional de la Organización Internacional del Trabajo, OIT); Claudia Uribe (directora regional de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC/UNESCO Santiago); Jean Gough (directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe) y Miguel Barreto (director regional del Programa Mundial de Alimentos, WFP).

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