Un plan de tres patas para que la covid-19 no mate a la economía de Centroamérica

Latinoamérica tenía una ventaja en la lucha contra la covid-19. La enfermedad había atacado antes a China y Europa. Sabían lo que venía, los estragos que causaba y cómo habían conseguido frenarla. Muchos países comenzaron a confinar a sus poblaciones cuando el número de casos no era tan desorbitado como para colapsar sus sistemas de salud. Pero si algo ha demostrado el SARS-CoV-2 es su alta capacidad para propagarse y destruir vidas. En todos los sentidos. Solo en Centroamérica (Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) ha matado a más de 11.400 personas hasta la fecha. Solo en México a 89.171, otras 2.226 en República Dominicana y 232 en Haití.

La economía de esta subregión tampoco ha quedado inmune. El golpe ha sido tan duro que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha decidido destinar un 27% de su presupuesto para la atención de los efectos de la pandemia a estos países. Son 3.336 millones de dólares en proyectos para mejorar la atención sanitaria allí donde se necesite, evitar que la población vulnerable se hunda en la pobreza y el hambre, e insuflar vida a las empresas y negocios que serán los protagonistas de la recuperación.

“Claramente, los países han sufrido un fuerte impacto sanitario, algunos registran las tasas más altas de contagios. Y los confinamientos han sido necesarios porque la capacidad hospitalaria y de atención era muy limitada”, analiza Verónica Zavala, gerente del departamento de países de Centroamérica, Haití, México y República Dominicana, del BID. En una videollamada desde Panamá, la experta destaca que la subregión se ha encontrado en “una situación especialmente difícil” porque no había condiciones sanitarias en cuanto a la cantidad de camas UCI, respiradores, personal médico, o la capacidad de hacer pruebas de detección de la enfermedad. “Y la economía se ha visto bastante golpeada”, agrega. Sus economías caen, las deudas aumentan y, con ello, crecen el hambre y la pobreza. El PIB de Centroamérica se contraerá un 6,2% en 2020 (que supera al descenso registrado durante la Gran Depresión de 1930, del 5%); con México en la ecuación, la caída será del 8,4%, según cálculos de la Cepal, el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo de América Latina y el Caribe.

Con este diagnóstico, la búsqueda e implementación de soluciones no podía esperar más. El BID tenía los recursos y el conocimiento de las necesidades de cada país. Unos mimbres con los que diseñar programas ad hoc para cada situación particular. En Nicaragua optaron por destinar 43 millones de dólares al fortalecimiento de su sistema sanitario. “Nuestro aporte fue el más grande para atender la situación sanitaria, con la mejora de las pruebas, de la capacidad de seguimiento, pero también con compra de equipos, con optimización de los hospitales, con más camas y respiradores”, detalla Zavala. Es uno de los escasos ejemplos en los que decidieron que era el propio sistema de salud el que necesitaba financiación. En la mayoría de los casos, han optado por invertir en el sostenimiento económico de las personas vulnerables y las empresas, con la reconstrucción pos-covid como meta.

“En el caso de Belice hicimos un planteamiento distinto. Es una población pequeña e hicimos una reformulación de un proyecto para garantizar la salud en el principal sostén de su economía, que es el turismo”, explica la representante del BID. Con una población de poco más de 380.000 habitantes, el 40% del empleo y el 37% del PIB del país dependen de este sector. El proyecto para mejorar la calidad, resiliencia y gobernanza del mismo, dotado con 15,5 millones de dólares desde 2015, se tornó rápidamente tras la irrupción de la covid-19 en uno que contribuyese a mantener las visitas asegurando la máxima protección de la salud de los turistas. “Ahora la toma de temperatura en los puntos de entrada, como los aeropuertos, o la creación de corredores seguros, son la norma; pero no lo era hace cuatro meses”, apunta Zavala. “Todavía no podemos medir el impacto, pero lo cierto es que sin estas medidas no se podría haber abierto el turismo”, reflexiona. “Hay factores externos que influyen, como que la gente tenga o no confianza para viajar, pero sí sabemos que si no hubiéramos habilitado estas cuestiones, no se podría pensar en la reactivación”.

En Costa Rica, el BID aprobó una operación de 265 millones de dólares para asegurar los niveles mínimos de ingreso y de empleo para la población más vulnerable del país en el período inmediato y durante la recuperación económica tras la crisis causada por la pandemia. “Se trata de acompañar con conocimiento técnico lo que el Gobierno estuviera haciendo. Por ejemplo, para apoyar a la gente que ha perdido el trabajo, tanto en el sector formal como informal, y que han visto que sus salarios se han reducido o ha desaparecido”, especifica Zavala. La fórmula es el Bono Proteger, que contempla actividades de capacitación para mejorar las habilidades y facilitar la inserción laboral formal, fortalecer y ampliar la cobertura del programa público Empléate, y subsidios salariales para empresas del sector turismo, condicionados a que mantengan sus niveles de empleo. “En total, la operación beneficiará a más de 365.000 personas”, destaca la responsable del Banco. “Esta experiencia va a ser un elemento más para el diseño de los estados del bienestar a futuro”.

“Esta región es muy desigual, con mucha informalidad y con muy poca recaudación. Tenemos que trabajar para incrementar el gasto, esto puede pasar por mejorar la gestión de la recaudación, como repensar si es que la política fiscal es la correcta, pero es importante luego ver que los recursos lleguen allí donde tienen que llegar. Si hay que tener subsidios, que sean los más inteligentes, si queremos tener un Estado que sea mejor en proteger a los más vulnerables, que siempre son los que sufren de una manera más intensa las crisis, que sea con subsidios que no se queden en las clases medias que no son las más desfavorecidas, pero que son más visibles”, reflexiona Zavala.

En Honduras y Panamá se han diseñado proyectos dirigidos al sector privado. En el caso del primero, el BID Invest (que trabaja con empresas) ha aprobado un préstamo de 64 millones de dólares al grupo textil Elcatex. “Para trabajar con ellos en un esquema que permita una mejora en las cadenas de valor, de suministro, con pymes y especialmente en pequeñas empresas lideradas o propiedad de mujeres”, continúa Zavala. Para ella, este es un ejemplo redondo de una inversión eficiente en el contexto de pandemia. “Al tratarse de una empresa textil, ha reorientado su producción para atender demandas de equipos de protección, batas, etcétera. Creemos que es un préstamo muy bueno para la generación de empleo, para el cierre de la brecha de género, al incorporar a más pymes lideradas por mujeres en el suministro, pero también desde el punto de vista de la producción vinculada a la covid. Es un proyecto que cierra un círculo en el contexto actual”.

Este contexto exige nuevas fórmulas. El coronavirus va a “disparar” la informalidad en Honduras, donde alrededor del 60% de la población ya está en este mercado laboral, señaló a EFE el economista hondureño Ismael Zepeda. Más de 250.000 personas han perdido su empleo a consecuencia de la paralización económica en el país, en el que el 44% de las micro, pequeñas y medianas empresas han cerrado por falta de ingresos, indicó a la misma agencia de noticias el economista hondureño Alejandro Kafatti.

La informalidad alcanza en promedio al 63,5% de Centroamérica y afecta primordialmente a las mujeres

En el conjunto de la subregión, el problema es el mismo. Tanto es así que Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), instó hace un mes a abordar especialmente la problemática de la informalidad que alcanza en promedio al 63,5% y que afecta primordialmente a las mujeres por su alta representación en algunos de los sectores que se ven más impactados por la crisis de la covid-19, “como es el de servicios en el que trabaja un 55% de mujeres en comparación con el 44% de los hombres”, recoge el portal de noticias del organismo de la ONU. “Con la caída de las remesas familiares, un desplome de los flujos de turismo, la contracción de los flujos de comercio internacional y la menor llegada de inversión extranjera directa, el desempleo aumentará tres puntos porcentuales para llegar a 9,7%, mientras que la pobreza crecerá entre 3 y 6,5%”, pronostica.

En Panamá, uno de los países más avanzados de Centroamérica, pero donde el impacto de la covid-19 ha sido fuerte, el BID ha optado precisamente por apoyar financieramente a pequeñas y medianas empresas que eran competitivas y productivas antes de la pandemia y que, debido a la crisis que ha desencadenado, tienen dificultades para acceder a financiación y, por tanto, están en peligro de quiebra. “Es un proyecto de 300 millones de los que ya se han aprobado 150, para que estos negocios tengan un puente para que cuando la reactivación ocurra estén en capacidad de aportar. Lo interesante es que es un proyecto utilizando financiación a través de la banca para empresas que queremos que sobrevivan, urbanas, pero también en el agro, que emplea al 15% de la población y garantiza que el suministro de productos alimentarios se mantenga con los precios correctos. Y eso ayuda a la seguridad alimentaria”, zanja Zavala.

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