Las riquezas ocultas en paraísos fiscales de los contratistas de Pemex

Los Papeles de Pandora han dejado al descubierto las riquezas ocultas de los grandes contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex). La última filtración a la que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revela cómo los dueños de cuatro grandes proveedoras de la petrolera abrieron sociedades en paraísos fiscales y movieron millones de dólares en estructuras opacas, al mismo tiempo que recibían millones de pesos de las arcas públicas. El dueño de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, creó una empresa para comprarse un lujoso yate en 2012, tras alcanzar su auge empresarial en México. Al igual que el presidente de Grupo R, Ramiro Garza Vargas, que abrió dos empresas en 2001 para comprar dos yates de lujo. Fabián Narváez Tovar, director de Administradores Navieros del Golfo, desplegó una red de entidades entre 2010 y 2018 para adquirir bienes raíces y embarcaciones. O los fundadores del consorcio Blue Marine, que operaron durante el sexenio pasado una compleja estructura que abarcaba desde ahorros personales a inversiones en varios países.

Entre los principales contratistas de Pemex que aparecen en los documentos está Amado Yáñez Osuna, accionista de Oceanografía, una empresa que protagonizó uno de los casos de fraude más grandes en México. En los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), Yáñez —que asumió el control de la firma desde finales de los noventa—, la compañía logró obtener un centenar de contratos por 38.493 millones de pesos —unos 1.940 millones de dólares al cambio de hoy—, para una diversidad de servicios, como reparación y mantenimiento a plataformas marinas, de acuerdo con una recopilación hecha en las plataformas de transparencia.

La empresa mexicana, que fue fundada por el padre de Yáñez en 1968, aprovechó el auge petrolero en el sureste del país y se afianzó como una de las principales proveedoras de Pemex. Tras el descubrimiento de Cantarell—el yacimiento que fue durante más de dos décadas el principal proveedor de crudo del país—, la compañía se convirtió en pionera en el aprovechamiento del mercado petrolero abierto. Con oficinas centrales en Ciudad del Carmen, el epicentro petrolero en México localizado en Campeche, la firma llegó a contar con instalaciones en Tabasco y Veracruz y a tener en nómina a 11.000 empleados.

Antes de que Oceanografía cayera en desgracia por acusaciones de fraude, su principal socio, Amado Yáñez, acudió al despacho Trident Trust para que sus agentes lo ayudaran a crear una empresa en Islas Vírgenes Británicas, uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. El 23 de mayo de 2012 se registró la estructura Cavallino Di Mare LTD, en la que él quedó como único dueño y Leonardo Olavarrieta Tinaco —director adjunto de Oceanografía— fue nombrado apoderado. Los fondos de la sociedad provenían de las acciones transferidas como pago de una deuda.

El 1 de junio de 2012 la empresa adquirió un “yate de placer” llamado Cavallino di Mare, construido en Italia y de una extensión de 19 metros de eslora por 5 metros de manga máxima. Esta maniobra le permitió resguardar la embarcación sin que su nombre apareciera como propietario del bien. Mientras tanto, en México, Oceanografía firmó ese mismo mes un contrato de 309,3 millones de pesos con Pemex para apoyar en la perforación de pozos y brindar mantenimiento a las plataformas apostadas en el golfo de México.

El declive de la naviera comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2013 el órgano interno de control detectó que la empresa había entregado cartas de fianza por debajo del mínimo requerido en nueve contratos. El 11 de febrero de 2014, finalmente, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la compañía por 21 meses y la multó con 24 millones de pesos. Unas dos semanas después, la policía tomó las instalaciones de la empresa en Campeche y la dejaron bajo resguardo de la autoridad. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que la intervención a Oceanografía se debía a un fraude cometido en perjuicio de Banamex.

El mismo día en que la empresa fue asegurada por las autoridades, Citi Group dio a conocer que su subsidiaria Banamex había otorgado un crédito a Oceanografía por alrededor de 585 millones de dólares respaldado por cuentas por cobrar a Pemex. Sin embargo, tras una revisión descubrieron que muchas de las facturas que presentó la empresa eran falsas. En octubre de 2014, Yáñez Osuna fue arrestado y encarcelado. Un mes después —mientras estaba preso en un reclusorio de la Ciudad de México— el yate fue puesto en venta. En Campeche, cientos de trabajadores seguían reclamando el pago de sus salarios y otras prestaciones.

La embarcación fue adquirida por los empresarios Rodrigo Madero Covarrubias y Mario Ganon Lugardo, con domicilio en San Antonio, Texas; y Jaime García García, con dirección en San Pedro Garza, Nuevo León, según un archivo de Trident Trust fechado en octubre de 2015. En el mismo documento se especifica que Yáñez Osuna ha sido dado de baja como miembro y director de la compañía. La transacción se concretó meses antes de que Oceanografía fuera declarada en quiebra. En abril de 2017 Amado Yáñez fue liberado para llevar el proceso judicial en libertad tras pagar una fianza y 10 meses después un juez ordenó devolver la naviera a su dueño.

En respuesta a un cuestionario enviado para esta investigación, el apoderado legal de Oceanografía, Jorge Betancourt Méndez, explicó que la empresa opaca se creó solo para adquirir el yate que tuvo un costo de 1,6 millones de euros y que es el único activo que posee. “La embarcación se construyó en la Comunidad Europea, por lo que el registro tanto de la propiedad como el abanderamiento se realizó en Islas Vírgenes Británicas debido a que las pruebas y navegación en aguas europeas son necesarias para la entrega del barco”, detalló. Además, destacó Betancourt Méndez, posteriormente la embarcación fue importada para que navegue en aguas nacionales. “En este caso se pagaron todas las obligaciones legales y financieras, de acuerdo a ley aduanera y marítima de México”, señaló. La empresa, aseguró, pagó sus impuestos y obligaciones correspondientes y nunca contó con cuentas bancarias.

El aliado de Oceanografía que pagaba la nómina de sus empleados

Los Papeles de Pandora también arrojan luz sobre seis empresas en paraísos fiscales vinculadas a Fabián Narváez Tovar, un empresario aliado de Amado Yáñez y director de dos compañías mexicanas que han sido señaladas por pagar la nómina a los empleados de Oceanografía. Tres de las seis sociedades offshore establecidas entre 2010 y 2018 para diversos fines como la compra de propiedades y la gestión de inversiones habían salido a la luz en 2016 en el marco de los Papeles de Panamá. Desde entonces, la figura de Narváez Tovar cobró notoriedad en México. Proceso, el medio mexicano que participó en la investigación global, dio a conocer entonces que entre 2011 y 2014 —después de registrar Fasana Corp, con la que compró un departamento en Miami— creó en Florida empresas espejo a la establecida en el paraíso fiscal y a la mexicana Grupo Impulsor del Sur SA de CV (Grimsur).

Grimsur, una firma constituida en 2007 en Ciudad del Carmen, era una de las empresas encargadas de pagar la nómina de más de 4.000 empleados de Oceanografía, según la publicación de Proceso. La firma de Narváez Tovar, al igual que otras empresas que eran subcontratadas por la naviera, simulaban los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Fondo Nacional de Vivienda (Infonavit). Esta maniobra le permitió a la naviera esquivar sus obligaciones fiscales. En febrero de 2014 Grimsur fue declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una compañía que simulaba sus operaciones y fue incluida en los listados de empresas fantasma. Tres meses después, justo cuando la situación para sus negocios comenzaba a complicarse en México, Narváez Tovar buscó la ayuda de un despacho para constituir dos firmas en Islas Vírgenes Británicas, en las que él figuró como único accionista y director.

Las compañías a las que denominó CR 702 Holding Assets Ltd y PB 1803 Asset Holding Ltd fueron creadas en mayo de 2014 con el propósito de adquirir propiedades residenciales y otras inversiones en Florida. “La empresa no tiene ningún activo y no se dedica a ningún negocio u operación”, quedó asentado en uno de los documentos que forma parte de la filtración. En febrero de 2018, cuando cambió de agente registrado, el empresario señaló que los fondos de sus dos entidades provenían de su sueldo como gerente de Administradores Navieros del Golfo.

Navaéz Tovar está ligado al menos a siete empresas en México. Aunque estas no obtuvieron contratos directamente de Pemex, algunas de sus firmas —como Gimsur y Administradores Navieros del Golfo— prestaron servicios de gestión de embarcaciones, administración de personal y operación de plataformas petroleras a empresas contratistas de Pemex como Oceanografía. Exempleados de las compañías vinculadas al empresario han emprendido desde hace al menos cinco años diversas demandas en tribunales, en las que señalan violaciones a sus derechos laborales. La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en Campeche ha denunciado que Administradores Navieros fue creada para fungir como una “outsorcing” (subcontrata) que llevaba el control de las nóminas de Oceanografía; esto le ayudaba a esquivar las demandas de los empleados.

Otra de las empresas de Narváez Tovar que sale a la luz como parte de los Papeles de Pandora es Dreema Holdings Limited, creada el 31 de octubre de 2018 con el propósito de adquirir un buque de 7,4 millones de dólares que pertenecía a Toisa Limited, una naviera del magnate griego Gregory Callimanopulos. La embarcación fue vendida tras un juicio en una corte de Estados Unidos después de que la empresa cayera en bancarrota. El buque, que es similar al que aparece en la flota que muestra Administradores Navieros del Golfo en su web, está destinado a realizar operaciones marinas en la industria del petróleo y el gas. El origen del dinero con el que se adquirió el bien es un crédito con el CI Banco. Unos meses antes de crear Dreema Holdings, la mexicana Administradores Navieros del Golfo firmó un contrato con Pemex por 6,2 millones de dólares para el servicio de transporte de materiales, equipos y líquidos.

Los yates del presidente de Grupo R

El presidente de Grupo R, el gran contratista de Pemex, aparece también en los Papeles de Pandora. José Ramiro Garza Vargas, hijo de Ramiro Garza Cantú —fundador del conglomerado dedicado al sector energético—, es propietario de dos compañías radicadas en el paraíso fiscal de Guernsey, una isla del canal de la Mancha bajo jurisdicción de la corona británica. La sociedad Thornby Limited fue creada para comprar un yate de ocio de 3,1 millones de dólares, mientras que Gabriela Marine Limited fue abierta para adquirir otro de 314.000 dólares.

Garza Vargas es el único beneficiario de las entidades, creadas ambas el 23 de enero de 2001 a través del despacho Trident, con fondos provenientes de “salarios y beneficios de la empresa” radicada en México, según los documentos a los que ha tenido acceso esta investigación.

Un portavoz del empresario ha confirmado que las dos sociedades continúan activas, aunque ha asegurado que ya no tiene el yate registrado por Thornby Limited. “Fue vendido recientemente a 150.000 dólares debido a que sufrió daños por un huracán”, ha explicado. Además ha afirmado que las dos entidades fueron reportadas a las autoridades fiscales mexicanas. Consultado sobre por qué no puso los yates a su nombre, ha detallado: “Se optó por registrar ambas embarcaciones a nombre de dichas empresas porque en 2001, cuando se adquirieron, era la forma más simple de tener su propiedad”.

Grupo R fue fundado en los sesenta y desde entonces se ha consolidado como uno de los proveedores estrellas de la petrolera nacional. Solo entre 2003 y 2019 se llevó más de 80.000 millones de pesos en contratos, unos 4.000 millones de dólares, a través de cinco subsidiarias. Padre e hijo ya habían aparecido en los Papeles de Panamá, en ese entonces por una compañía radicada en Andorra que tenía capital en otros cuatro paraísos fiscales.

Blue Marine, el proveedor con grandes contactos en Pemex

Otro de los históricos proveedores de Pemex que ha quedado al descubierto es Blue Marine, un consorcio creado en 2003 por Antonio Juan Marcos Issa y los hermanos Juan y Alfredo Reynoso Durand. Desde sus inicios, la sociedad contaba con grandes contactos en la paraestatal: Juan Marcos Issa fue asesor de tres directores de la petrolera durante los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. En las últimas dos décadas, este grupo ha obtenido unos 9.200 millones de pesos —unos 460 millones de dólares al cambio actual— en contratos a través de seis subsidiarias, según una recopilación hecha en las plataformas de transparencia.

Los tres empresarios aparecen ligados en total a cinco estructuras opacas. Juan y Alfredo Reynoso Durand son beneficiarios de Lichter Trust, un fideicomiso familiar creado en mayo de 2002 en Islas Vírgenes Británicas. Ambos aparecen ligados, además, junto con Juan Marcos Issa, a Blue Marine Offshore Ltd., una compañía creada originalmente en Islas Vírgenes Británicas, pero relocalizada en Panamá en noviembre de 2016. Esa empresa estaba vinculada a tres cuentas bancarias en México y Suiza, que utilizaban para realizar inversiones, manejar las finanzas de las empresas y gastos personales, como un pago de 450.000 dólares a la galería de arte Carles Taché, en Barcelona.

Juan Reynoso Durand y su esposa, Ana Sofía Juan Marcos Cavazos, son propietarios además de una empresa radicada en Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de Durand Inmobilere Inc. Un documento del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), encargado del fideicomiso, detalla que la compañía se dedica al negocio de bienes raíces y los fondos proceden de “la actividad de los accionistas”. Según explica, la profesión de él es gestor de activos, mientras que ella es ama de casa. Cada uno es beneficiario en un 50% de las acciones de la empresa. Ambos fueron directores de la entidad entre septiembre de 2009 y agosto de 2014.

Consultados sobre estas offshore, los hermanos Reynoso Durand han defendido que se trata de una herramienta “perfectamente legal” y que siempre reportaron las estructuras ante las autoridades fiscales correspondientes. “Todas las operaciones comerciales en las que nuestras empresas han participado son lícitas, transparentes y están registradas ante las distintas instancias legales”, han respondido en un comunicado conjunto. “Lo hicimos respetando las legislaciones y normatividad aplicables, con fines estrictamente administrativos, cumpliendo por tanto con la legislación de nuestro país y del extranjero”.

El caso Blue Marine lleva al menos una década de discusión en México. El consorcio ha recibido a lo largo de los últimos años múltiples señalamientos de fraude y colusión con el poder político, incluidos los del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha denunciado la relación preferencial que tenía la paraestatal con esta sociedad. En 2008 fue investigado por un caso de sobreprecios, del que fue sobreseído. Gran parte del dinero que recibió el consorcio de la petrolera fue por arrendamientos de buques. Una de esas operaciones, por el arrendamiento de cuatro buques en 2006, presentó irregularidades que terminaron siendo investigadas por la Función Pública en 2011. La dependencia inhabilitó por esa contratación a 14 funcionarios por considerar que “manipularon la licitación y contrataron con sobreprecio”.

Uno de los escándalos más grandes que tuvo Blue Marine en su relación con Pemex fue el incendio en septiembre de 2016 de un buque que la empresa había rentado a la petrolera. La paraestatal se hizo cargo de los millonarios daños económicos, lo que levantó ampollas entre la oposición. Menos de un año después de la quema de la embarcación, el grupo empresarial consolidó su expansión y se convirtió en el Grupo Industrial Durandco, según detalla su sitio web. Blue Marine Offshore Ltd. a su vez autorizó el pago de dividendos sobre las millonarias ganancias acumuladas. Ese año, Juan Marcos Issa se llevó 6,6 millones de dólares, Juan Reynoso unos 12 millones, y su hermano Alfredo, unos 8 millones.

Los hermanos salieron ese año de Blue Marine Offshore Ltd. y dejaron a Juan Marcos Issa como único beneficiario. En la filtración aparecen otras tres empresas, Rendor Overseas SA en Panamá, Dyad Portfolio Ltd. y Almond Blossom en Islas Vírgenes Británicas, en las que Juan Marcos Issa aparece como único accionista. Las dos últimas fueron utilizadas para manejar una sociedad en Países Bajos, Calvi Shipping, que prestó 28,5 millones de dólares a Oceanografía, de Amado Yáñez, y manejó millones de dólares de las filiales mexicanas de Blue Marine. En junio de 2018, el despacho que manejaba todas las entidades emitió una alerta interna, registrada en una serie de correos, en los que pedían monitorear a Juan Reynoso Durand y solicitó no brindarle el servicio para abrir nuevas sociedades.

Pese a las históricas denuncias del saqueo a Pemex que hicieron los miembros del actual Gobierno, al menos Blue Marine y Grupo R siguieron recibiendo contratos en la Administración de López Obrador. Armar este tipo de estructuras offshore y utilizarlas para comprar yates o propiedades no es ilegal. Sin embargo, los expertos también advierten que hay casos en los que pueden ser utilizadas para encubrir actos ilícitos. “Puede que los recursos para comprar el yate provengan de evasión fiscal o de actos de corrupción, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ahí ya es lavado de dinero propiamente”, explica Luis Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal. Los servicios que ofrecen estos paraísos fiscales priorizan el máximo secretismo y operan con unos complejos esquemas diseñados para esquivar a las autoridades fiscales.

Andrea Cárdenas (Quinto Elemento Lab), Mathieu Tourliere (Proceso), Peniley Ramírez y Claudia Ocaranza (Univisión) colaboraron en la elaboración de este reportaje.