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tribuna

(In)justicia entre las generaciones

Culpar a un determinado grupo de edad de los problemas que tienen otros más jóvenes no es serio y empieza a resultar una cantinela  

Un grupo de jóvenes, durante una manifestación en Madrid. PEDRO ARMESTSRE (AFP)

Estos años se ha popularizado la división generacional como una fuente de diagnósticos de todo tipo. Boomers, generación X, mileniales o generación Y… todos tenemos un lugar en un nicho cronológico de fronteras difusas. Generaciones que no vienen marcadas por ningún acontecimiento histórico ni por hechos objetivos ampliamente reconocibles, sino por una serie de vivencias compartidas en función del calendario.

El fenómeno puede tener su interés, siempre que se asuma que la aproximación no es científica. Se trata, más bien, de un enfoque prosaico y de trazo grueso, más parecido al que usan la astrología o los horóscopos que al de las sesudas clasificaciones marxistas de la Escuela de Fráncfort. Cuesta creer que el peso específico de unas experiencias narradas en primera persona pueda determinar la vida de millones de seres dispares en diferentes latitudes. El testimonio autocentrado de un grupo tiene considerables limitaciones epistemológicas.

El problema es que, sin responder a un análisis sólido, la de las generaciones empieza a ser una cantinela perturbadora de efectos preocupantes, sobre todo cuando se abona la simplista demonización de una generación concreta. De momento, esa generación es la de los boomers, que parecen haber tenido el dudoso honor de vivir mejor que sus padres y que sus hijos. Los boomers son los privilegiados que han frustrado las expectativas, más o menos fundadas, de las siguientes generaciones, rompiendo así el contrato social que les garantizaba un reparto equitativo.

En el corazón de este supuesto choque intergeneracional se sitúa la crisis de la vivienda. La dificultad para comprar o alquilar una casa en condiciones razonables es el principal obstáculo que encuentran los jóvenes para emanciparse. Tampoco ayudan los salarios insuficientes, la temporalidad ni la llamada flexiseguridad. Las nuevas relaciones laborales están sobredeterminadas por el capitalismo cognitivo, y convierten al trabajador en un paquete de tiempo, un nodo sin continuidad biográfica ni memoria narrativa. Aunque el apoyo familiar de los propios boomers amortigua la percepción del agravio intergeneracional, esa misma ayuda aumenta la desigualdad según el patrimonio de origen y se interpreta, finalmente, como síntoma de un fallo estructural.

La cuestión es que culpabilizar a una supuesta generación de una brecha de semejante magnitud, o concentrar sus desencadenantes en unas pocas décadas, ni es serio ni resulta prometedor.

En primer lugar, no se puede confirmar la tesis, pretendidamente empírica, de que nuestros antepasados “vivían mejor”, ni siquiera reduciéndola esqueléticamente al acceso a la vivienda y el trabajo estable. Tampoco se pueden desconocer los factores que en cada contexto histórico condicionan los aciertos y los errores de una generación.

Por lo demás, conviene no hacerse trampas al solitario ni ponerse palos en las ruedas. La ejecución del proyecto vital de los más jóvenes depende también de sus vínculos generacionales, y la confrontación profundiza más en su atomización y aislamiento que en su autorrealización personal. Cultivar los tejidos que hay entre nosotros y no dinamitarlos es lo que nos fortalece como personas autónomas.

Todas las generaciones tienen deberes contraídos con las demás. Con las generaciones futuras, a las que no podemos colocar en un punto de no retorno, y con las que nos precedieron y nos cuidaron. La justicia intergeneracional es moralmente exigible por las plusvalías afectivas de las que hemos disfrutado sin haberlas merecido. Es más, la justicia intergeneracional opera incluso cuando no se nos ha cuidado. La idea de que nuestras responsabilidades se reducen a las que nos hemos impuesto a nosotros mismos o se deducen del principio de reciprocidad (quid pro quo) puede resultar atractiva, pero no capta la variedad de obligaciones morales y políticas que normalmente aceptamos y valoramos. Las obligaciones que se derivan, por ejemplo, del derecho a la memoria, la lealtad o la solidaridad con personas a las que no conocemos de nada. Si nos tomamos en serio esas obligaciones como hijos, estamos obligados a ayudar también a unos malos padres.

Está claro que el lenguaje del progreso ha dejado de nombrar la experiencia real de quienes encadenan alquileres, empleos precarios y proyectos vitales suspendidos. Hay una generación que ya no puede confiar plenamente en el esfuerzo y la cualificación como fuentes de seguridad material y, en su deriva descendente, corre el riesgo de no creer en nada. Pero relacionarse con padres y abuelos a partir de la envidia o el reproche, en el supuesto de que merecemos todo lo que hemos imaginado o que alguien nos ha prometido, es tan inconsistente como autodestructivo.

De hecho, las propuestas reaccionarias y autocráticas de la extrema derecha son también excrecencias del desclasamiento y el desarraigo que genera la erosión de las certezas vitales que hemos interiorizado. Como decía Theodor Adorno, el fascismo reaparece cuando los sectores amenazados por el descenso de clase canalizan su inseguridad hacia respuestas autoritarias en un contexto de concentración del capital. Y la clave está en no olvidar ese contexto. No se trata de señalar a los abuelos por habernos robado el futuro, sino de identificar y aprender a combatir las estructuras de dominación que deterioran nuestras condiciones materiales de vida.

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