Sanidad verdaderamente universal

El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto para garantizar de forma efectiva la universalidad en el acceso a la sanidad pública gratuita de todos los residentes en España, sea cual sea su situación legal, incluyendo a los inmigrantes indocumentados. Su exclusión (salvo los casos de los menores y las embarazadas, y la atención en Urgencias) fue impuesta en 2012, en plena crisis económica, por la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy mediante un real decreto tramitado de urgencia y sin debate parlamentario. El Gobierno de Pedro Sánchez revirtió la medida en 2018, pero dejó un vacío burocrático y una disparidad de criterios entre administraciones que han supuesto que muchos inmigrantes en situación irregular quedasen sin asistencia médica si no podían acreditar que llevaban más de tres meses en el país. Ahora se resuelve ese problema.

La medida busca fijar un procedimiento homogéneo que haga efectivo el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria que la ley reconoce a todos los españoles y los extranjeros que residan en el país. La norma también asegura el acceso inmediato a la sanidad pública de colectivos que necesitan especial protección, con independencia de su situación administrativa, entre ellos los solicitantes de asilo.

El Sistema Nacional de Salud es, junto a la educación pública, el principal activo de nuestro Estado de bienestar. Su carácter universal y gratuito resulta vital para la cohesión social. En este caso, la integración efectiva de cientos de miles de personas supone además una garantía para la salud de todos los ciudadanos, al evitar zonas de sombra.

El Gobierno ha acertado al sacar este blindaje de la sanidad universal del proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Salud que aprobó en mayo en 2024 y que sigue aparcado en el Congreso. Pero ese acierto solo será completo si se garantizan los medios para que el derecho no se quede en el papel. Se trata, pues, de aliviar a profesionales tantas veces sobrecargados de trabajo, en especial en Atención Primaria. Ese empeño compete también a las comunidades autónomas, titulares de las competencias sanitarias. La sanidad es uno de los ámbitos en que más proliferan los bulos racistas sobre su uso por parte de los inmigrantes. Acabar con esas patrañas es una tarea de cada día, pero implica también que la imprescindible ampliación de la asistencia siga los altos estándares de calidad que han hecho de la sanidad pública española motivo de admiración en todo el mundo.

Sobre los pilares del Estado de bienestar (sanidad, educación, asistencia y Seguridad Social) se desarrollaron las democracias occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. Cada vez más asediado, asiste a los embates de una ola reaccionaria que tasa los derechos como si fuesen mercancías o, peor aún, privilegios. Reforzar esos pilares y reconocer que protegen a todos los ciudadanos sin discriminación —sea cual sea su clase social y por elevado que resulte el coste de su tratamiento— es una de las formas de hacerle frente.