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tribuna

El Cáucaso, entre la ‘Pax Trumpiana’ y el vacío europeo

La defensa de los derechos humanos pierde fuerza cuando se aplica de manera selectiva

JD Vance y su esposa, Usaha Vance, en Yerevan, Armenia, el pasado 10 de febrero. Kevin Lamarque (AP)

La reciente visita de J. D. Vance al Cáucaso Sur, presentada como un gesto de estabilización y cooperación económica, confirma una tendencia inquietante de la política internacional contemporánea: la normalización de hechos consumados obtenidos por la fuerza cuando encajan en intereses estratégicos.

Desde esta esquina de Europa nos rasgamos las vestiduras cuando Rusia invadió Ucrania, o con el conflicto de Gaza. Y aún antes, cuando Moscú intervino en Georgia, aunque algunos necesitaran un mapa para ubicarla. El vocabulario fue tajante: agresión, ocupación, violación del derecho internacional. No hubo lugar para apelaciones innecesarias a la “complejidad del contexto”.

Sin embargo, cuando la acción proviene de Azerbaiyán, con el respaldo explícito de Turquía, aliado clave en la OTAN, el diccionario europeo se vuelve sorprendentemente creativo. La moral se transforma en flexibilidad semántica. No cambian los hechos; cambia la voluntad de nombrarlos.

Se dice que la historia es cíclica. En el Cáucaso Sur, esa afirmación adquiere un tono casi obsceno. Cambian los imperios, los uniformes y las banderas, pero los roles de verdugo y víctima permanecen notablemente estables.

El caso armenio ilustra esta incoherencia con una crudeza difícil de disimular. En Nagorno-Karabaj (Artsaj), más de 120.000 armenios abandonaron sus hogares en cuestión de días tras un asedio medieval que culminó en una limpieza étnica en 2023. Pero el camino al Gólgota no terminó ahí. Civiles armenios llevan más de tres años en cárceles de Bakú, detenidos arbitrariamente y convertidos en moneda de cambio.

Durante el genocidio armenio, la América del presidente W. Wilson dibujó sobre el papel una Armenia libre que desapareció a golpe de bayoneta. Lo poco que sobrevivió fue repartido entre la URSS y Turquía, bajo falsas promesas de vestir la hoz y el martillo. Heridas que aún condicionan el presente.

Tras la limpieza étnica de Nagorno-Karabaj (Artsaj), el patrón se repite. Rusia, debilitada por su guerra en Ucrania, negocia influencia junto a Turquía y Azerbaiyán a cambio de un corredor estratégico por territorio armenio a fin de esquivar sanciones. Al mismo tiempo, Ankara avanza en su viejo sueño panturquista de conectar Europa y Asia Central: el denominado corredor de Zangezur.

No obstante, en este contexto emerge un nuevo actor dispuesto a ejercer de sheriff, a través de iniciativas como The Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), esto es, la versión moderna de un canal de Panamá de secano, gestionado desde despachos en Mar-a-Lago y legitimado como “plan de paz”.

Una forma peculiar de implementar la paz, no muy distinta del resort de Gaza donde la Administración de Trump pretende construir lujosos hoteles sobre el solar de hogares recientemente arrasados.

Cuando los intereses económicos pasan a primer plano, existe el riesgo de que la memoria de los hechos recientes quede relegada, con la esperanza añadida de que el paso del tiempo permita incluso adornar el resultado con algún premio Nobel, ya sea nominativo o al portador.

En el Cáucaso, el derecho internacional deja de ser un límite y pasa a convertirse en un obstáculo administrativo que debe sortearse mediante ingeniería semántica. Como advertía Quevedo, poderoso caballero es don dinero: cuando entra en escena, el derecho se vuelve negociable y la memoria, prescindible.

Mientras tanto, la normalidad diplomática continúa: visitas oficiales, gestos simbólicos y fotografías cuidadosamente encuadradas por el régimen azerí. Entre ellas, la reciente ofrenda floral de la presidenta del Congreso español en Bakú ante un monumento que celebra y enaltece la limpieza étnica de la población armenia de Nagorno-Karabaj (Artsaj).

Sorprende, en este contexto, el silencio complaciente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que no ha ofrecido explicación alguna, y más teniendo en cuenta que este Estado dictatorial mantiene en una lista negra a numerosos miembros del Congreso de los Diputados por la defensa de los derechos humanos y a homólogos armenios en las cárceles de Bakú.

Los derechos humanos pierden fuerza cuando se aplican de manera selectiva. La credibilidad internacional de Europa y, en especial, de España depende, en gran medida, de su coherencia.

Hace cinco siglos, Bartolomé de las Casas defendió que ningún poder legítimo podía negar la vida por razón de origen, y ese principio debería seguir siendo hoy una referencia fundamental. Por eso resulta legítimo esperar que las Cortes Generales no paren de alzar la voz y soliciten que sus representantes actúen con una moral mínima pero indispensable.

Esta tribuna no resolverá la encrucijada. Pero sí puede cumplir una función básica y cada vez más necesaria: nombrar las cosas por su nombre, siendo esto el primer acto de resistencia intelectual contra la injusticia.

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