Censura sin moción

El Partido Popular trató de capitalizar este domingo el malestar ciudadano con el Gobierno de coalición y el PSOE por los recientes escándalos de corrupción con una concentración en el centro de Madrid a la que acudieron decenas de miles de personas. Lejos de ofrecer una alternativa atractiva y realista que pudiera conectar con una hipotética mayoría deseosa de cambio político, el PP escenificó un supuesto estado de angustia generalizada en España con un discurso lleno de exageraciones que hace un flaco favor a sus credenciales como partido de gobierno.

La de este domingo fue la séptima manifestación convocada por el PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La estrategia de reunir masas en las calles comenzó en septiembre de 2023 durante las negociaciones para la amnistía con la que Sánchez logró el apoyo del independentismo catalán para su investidura. Han pasado más de dos años y el Gobierno no parece presionado para terminar la legislatura, a pesar de que, según Alberto Núñez Feijóo, España no aguanta “ni un día más”. Este tipo de afirmaciones están desconectadas del día a día de los ciudadanos.

El lenguaje del PP contra el Gobierno se ha ido haciendo más grueso con el avance de la legislatura. El domingo, Feijóo dio a entender que Sánchez debe ir a prisión por la corrupción en su partido, algo que hasta ahora solo se le había escuchado a Vox. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que “ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra”. Díaz Ayuso no tuvo la cortesía de explicar a los votantes más jóvenes qué fue ETA. Y se refirió al Gobierno como “una mafia de corrupción que intenta impedir la alternancia política”. En esta estrategia de crispación, los argumentos de la derecha española quedan reducidos a una tertulia subida de tono y a una competencia por el clic, no por el voto.

No faltan razones para el malestar contra el PSOE, acosado por un mayúsculo escándalo de corrupción en su cúpula que ya ha hecho pasar por la cárcel a dos ex secretarios de Organización, uno de ellos además exministro. El Gobierno da señales de crecientes dificultades para avanzar cuando dos partidos de la mayoría parlamentaria que lo sostiene, Junts y Podemos, han empezado a desmarcarse de la misma. El PP tiene poder institucional de sobra para denunciarlo con dureza: con el grupo mayoritario del Congreso, con la mayoría absoluta del Senado y con el púlpito de la presidencia en 11 comunidades autónomas. Con el poder, en definitiva, que le han dado los ciudadanos democráticamente. Es ahí donde se mide su servicio a las instituciones, no en las calles, donde en ocasiones es indistinguible de la extrema derecha de Vox.

Pedir elecciones todos los días no es una estrategia política. La Constitución otorga al presidente del Gobierno la prerrogativa de disolver las Cortes. Es decir, el sistema está diseñado para que sea él quien utilice esa baza política como crea conveniente. El PP le está pidiendo a Sánchez que haga su trabajo por ellos, en vez de utilizar las herramientas democráticas a su disposición. La composición del Parlamento es la que es y la han decidido los votantes, no Sánchez. El PP es el grupo mayoritario del Congreso. La única vía para cambiar el Gobierno a corto plazo es una moción de censura para la que no tiene los votos. Si quiere conseguirlos, copiar la estrategia de la ultraderecha con agitación en las calles y exageraciones apocalípticas es ir en dirección contraria a ese objetivo, y destruye sus credenciales por el camino.