Trump contra las urbes demócratas

Primero fueron Los Ángeles y Washington. Ahora, el presidente de Estados Unidos se abre a invocar la Ley de Insurrección, una norma de hace más de dos siglos, para enviar, contra el criterio de las autoridades locales y estatales, a la Guardia Nacional a Chicago y a Portland si los tribunales continúan declarando ilegales sus órdenes de desplegar las tropas.

Todos esos lugares comparten su condición de ciudades demócratas en Estados demócratas, y, por tanto, de integrantes de la lista de “enemigos” con la que Donald Trump volvió por segunda vez a la Casa Blanca. Para justificar la decisión sin precedentes de desplegar soldados contra ciudadanos estadounidenses en un país fundado sobre el ideal de la rebelión contra la tiranía –una decisión con la que había amenazado repetidamente en campaña–, el republicano esgrime una doble motivación: combatir la criminalidad —que, si bien es elevada en esos núcleos urbanos, está en retroceso según las estadísticas— y apoyar a los agentes federales de inmigración en sus agresivos esfuerzos por deportar a personas en situación irregular a base de aterrorizar a las comunidades hispanas y de detener, también, a ciudadanos de pleno derecho.

Trump —que ha llegado a proponer utilizar esas ciudades como “campos de entrenamiento” para las Fuerzas Armadas— miente al decir que Portland es una “zona devastada por la guerra” y que “lleva años en llamas”. A diario, vídeos compartidos por sus vecinos en las redes sociales contradicen esa idea, por más que cada noche se sucedan las manifestaciones, a veces violentas, frente al cuartel local del Servicio de Aduanas e Inmigración. En cuanto a Chicago, el fin de semana pasado quedó demostrado que la principal violencia proviene de los agentes federales y no de quienes protestan contra ellos.

Karin Immergut, una jueza de Oregón nombrada por Trump, declaró ilegal el sábado el despliegue de tropas, porque determinó que el presidente está actuando de un modo “ajeno a los hechos”. Su Administración ha contestado con una treta para sortear la ley: solicitar que la vecina California envíe miembros de su Guardia Nacional. Este martes, unos 400 soldados de Texas, un Estado republicano, se dirigían a Illinois, cuyo gobernador tildó de “absoluta tontería” la descripción de este de Chicago como “la peor y más peligrosa ciudad del mundo”. La decisión amenaza con ahondar aún más en la polarización que consume a la sociedad estadounidense.

Ese tira y afloja es otra prueba del afán del mandatario republicano por ampliar el poder ejecutivo y de la preocupante deriva autoritaria por la que está conduciendo a Estados Unidos en su segunda presidencia. También forma parte de sus bien conocidas tácticas de distracción de otros asuntos —como la negativa a publicar los archivos del millonario pederasta Jeffrey Epstein, el cierre del Gobierno, que se adentra en su segunda semana, o una economía que da signos de debilitamiento— a base de crear problemas inexistentes.

En su plan también se adivina la intención de dar una lección a ciudades a las que se quedó con las ganas de enviar las tropas durante los disturbios que siguieron al asesinato de George Floyd. Especialmente, a Portland, que Trump considera tomada por Antifa, más una idea que un grupo organizado, al que recientemente designó como “organización terrorista”. Lo más preocupante es, con todo, ver al presidente de Estados Unidos atizar el caos con tal de avanzar en sus objetivos políticos.