Hacienda seguimos siendo todos

Tres de cada 10 españoles consideran que los impuestos son algo que el Estado les “obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué”. Esa cifra se eleva hasta un 42% en la población de entre 25 y 34 años. Son algunos de los datos del estudio de Opinión Pública y Política Fiscal del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que revelan un auge del escepticismo fiscal entre las generaciones más afectadas por la precariedad laboral y el aumento del coste de la vida.

Los números apuntan a que buena parte de ese escepticismo es consecuencia del deterioro de los servicios públicos —el 77% de los españoles cree que hay poco gasto público en sanidad, y un 84,5% opina lo mismo de la vivienda— pero la hostilidad fiscal se incrementa conforme uno se mueve a la derecha en la escala ideológica: solo un tercio de quienes se identifican como de ultraderecha cree que los impuestos son necesarios. Son precisamente las formaciones conservadoras las que hacen campaña afirmando que el dinero de los tributos está siendo desperdiciado y usando términos como “infierno fiscal”. Lo paradójico —y zafiamente populista— es que lo hacen al tiempo que gestionan parte de ese dinero desde comunidades autónomas y ayuntamientos.

Esa desinformación hace que la mitad de los españoles menores de 34 años crea que en España existe una mayor carga tributaria que en el resto de Europa, cuando, según los datos de la OCDE, un español que cobre dos tercios del salario promedio paga un 18% de sus ingresos en IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social, frente al 23,8% de la media europea.

Pese a las campañas del Gobierno para insistir en la importancia de los impuestos, las redes sociales, especialmente orientadas a hombres jóvenes, difunden mensajes anti-impuestos como los de los presidentes argentino, Javier Milei, y salvadoreño, Nayib Bukele. Eso se nota, por ejemplo, en el que un 11% de los hombres menores de 24 años afirma que el Estado no debe intervenir en absoluto en la economía, frente a un 0,5% en las mujeres.

Los recortes presupuestarios derivados de décadas de rebajas de impuestos han desencadenado un deterioro de los servicios públicos que solo puede revertirse con inversión. Corresponde a las administraciones, a todas ellas, demostrar en la práctica que el dinero público está bien gestionado y explicar claramente que los impuestos son el precio que pagamos por tener un Estado social y democrático de derecho, con servicios de calidad para todos los ciudadanos.