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TRIBUNA
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El impacto económico real que tendrá la dana

Las ayudas a los afectados deben tener la potencia, agilidad y duración suficientes para compensar los ingresos perdidos. Y el PIB no puede ser la única medida

Vecinos de una pedanía de Valencia guardan este domingo un minuto de silencio por las víctimas del temporal.
Vecinos de una pedanía de Valencia guardan este domingo un minuto de silencio por las víctimas del temporal.Ana Escobar (EFE)

El producto interior bruto (PIB) es la medida más observada de los resultados económicos y, según el INE, en la Comunidad Valenciana ascendió a 139.420 millones de euros en 2023. Con la destrucción masiva de los municipios valencianos afectados por las inundaciones del pasado 29 de octubre todavía visible, llegan los primeros pronósticos del PIB valenciano para 2024 hechos por varios servicios de estudios. Sorprendentemente, todos estiman un crecimiento apenas algo menor que el previsto antes de la dana, y un impacto negativo sobre el PIB anual inferior a 1.000 millones de euros.

La verdadera razón de estos retrocesos estimados tan moderados no es que los impactos de la dana sean escasos, sino que el PIB no capta las consecuencias iniciales de un desastre natural como este: al ser una medida bruta de valor añadido, no tiene en cuenta la destrucción de activos sufrida. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en otras crisis, esa depreciación súbita es la consecuencia más grave de las inundaciones a corto plazo. Durante la pandemia no sucedía lo mismo, porque la actividad quedaba restringida y, en algunos sectores, eliminada para combatir al virus, pero los activos permanecían intactos. En cambio, ahora las inundaciones han dañado o destruido por completo todo tipo de activos duraderos invertidos en las zonas afectadas, alcanzando significativamente a la riqueza de las familias (viviendas, vehículos), las empresas (locales, instalaciones, equipamientos, medios de transporte, maquinaria) y las administraciones (infraestructuras de transporte, educativas, sanitarias, culturales, administrativas). El mismo día de la dana se produjo una depreciación extraordinaria de los capitales acumulados que el PIB no computa porque no resta las correspondientes amortizaciones.

El consumo de capital fijo ordinario de la economía valenciana ascendió en 2023 a 21.934 millones de euros y, tras descontarlo del PIB, el producto interior neto (PIN) fue de 117.486 millones. Según los criterios de la Contabilidad Nacional, esa cifra de amortizaciones solo computa la depreciación ordinaria de los activos de los hogares, empresas y administraciones para reflejar el paso del tiempo, la obsolescencia tecnológica y los daños por accidentes, como los que sufren los vehículos o algunos equipos con cierta frecuencia. En cambio, no descuenta las perdidas extraordinarias derivadas de la dana, porque los desastres naturales están excluidos de los cálculos de consumo de capital fijo al no poderse valorar con criterios generales.

Es pues imprescindible conocer por otra vía, distinta a la del PIB, los relevantes daños producidos por la catástrofe para saber dónde se encuentran los recursos de la economía valenciana a finales de 2024, porque los indicadores de desempeño económico que más observamos no ofrecen esa información. Habrá que realizar una aproximación específica —y rigurosa— a la pérdida de valor extraordinaria de los capitales públicos y privados ubicados en los municipios inundados, como han hecho en circunstancias similares otros países. Los datos provinciales del stock de capital publicados por la Fundación BBVA y el Ivie permiten dar un primer paso: el valor del stock de capital de la provincia de Valencia localizado en las zonas inundadas se estima en cerca de 82.000 millones de euros. Sin embargo, no conocemos con precisión qué parte de esa riqueza se ha perdido, y será importante porque por cada 1% del valor de los activos dañado la depreciación extraordinaria de la dana asciende a 820 millones de euros.

Las estimaciones iniciales de la Cámara de Comercio de Valencia (referidas a la industria y el sector terciario), AVA-ASAJA (agricultura) y las administraciones públicas (infraestructuras) elevan ese porcentaje a cerca del 20%. Esos cálculos prudentes implican que la depreciación extraordinaria del 29 de octubre supera los 15.000 millones de euros. Ese shock de la dana representaría un retroceso no inferior al 12% de los ingresos netos regionales, una caída mayor que la sufrida en 2020 en la Comunidad Valenciana y que, al estar concentrada en algunas comarcas, supone un shock muy superior en ellas.

Esa fuerte reducción de ingresos la van a padecer los salarios de los trabajadores, las rentas de los autónomos y las empresas afectadas. Frenar significativamente ese retroceso dependerá de las transferencias públicas que reciba una comunidad situada desde hace tiempo por debajo de la media española en renta por habitante —en el 86% en 2023—, que padece insuficiencias graves de financiación autonómica de sobra conocidas que limitan sustancialmente su margen de maniobra.

La severidad del impacto recibido en las zonas inundadas todavía se observa al visitarlas dos meses después de la tragedia. Es imprescindible que las ayudas tengan la potencia, agilidad y duración suficientes para compensar significativamente los elevados ingresos perdidos. Si no tienen esa dimensión o siguen tardando en llegar, la recuperación será lenta y el riesgo de estancamiento de las comarcas afectadas —en las que viven un millón de personas—, y con ellas de toda la Comunidad Valenciana, será muy grave. Impedir que eso suceda es un objetivo necesario y factible para un país como España, pero será difícil de alcanzar sin un cambio en el patrón de cooperación entre los gobernantes que los ciudadanos percibimos y que tanto daño está haciendo a la confianza en las instituciones.

Los datos anteriores avisan de la importancia de partir de indicadores adecuados para evaluar las economías y diseñar las políticas. Hace 15 años, un relevante informe recordaba la necesidad de mirar más allá del PIB y el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz advertía de que las medidas a las que prestamos atención afectan a lo que pensamos y probablemente a lo que hacemos. Al valorar las consecuencias de la dana nos enfrentamos a ese riesgo: atender fundamentalmente al PIB para medir el impacto inicial de las inundaciones es mirar en una dirección inadecuada, que puede hacernos infraestimar peligrosamente sus daños y reducir el esfuerzo financiero necesario para paliarlos. Sería un grave error. Atentos.

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