España, ¿país de asilo?

España se prepara para adaptarse al nuevo marco migratorio europeo y, como era de esperar, tendrá que cambiar leyes, ser más eficiente y también más restrictiva. La mayor transformación se verá en el asilo, un derecho que cotiza a la baja en la UE de los populismos. El Gobierno trabaja ya en una nueva ley de asilo —bienvenida sea, porque la vigente es de 2009 y no se adapta a la realidad actual—, pero lo que ha trascendido sobre el nuevo texto despierta algunas alertas.

La nueva norma —que deberá pasar por el Congreso en un plazo de 18 meses— obligará a la Administración a resolver más rápido, pero también acortará los plazos de las apelaciones, lo que implicará otros cambios legislativos de calado. Todo apunta además a que se reforzará el concepto de país seguro, lo que permitirá evaluar (y rechazar) las peticiones de todos los solicitantes de determinadas nacionalidades sin tener en cuenta sus circunstancias individuales. Y se perfila un claro objetivo: acelerar las devoluciones de los rechazados.

No hay sorpresas. Es la misma línea que defiende Bruselas desde hace años, la misma que ha inspirado el Pacto Europeo de Migración y Asilo: acoger (con moderación) a aquellos que merecen protección supranacional y desembarazarse con rapidez de los que emigran solo por razones económicas.

Nadie niega que el sistema español de asilo está desbordado y necesita una transformación. España, segundo país de la UE con más peticiones, tiene ahora la oportunidad de repensar su gestión y de dotarla de más recursos (acogida, funcionarios de justicia, policía, personal de la Oficina de Asilo) para responder en tiempo y forma a las solicitudes y evitar que la protección internacional, pensada para los que huyen tratando de salvar la vida, se instrumentalice como una vía más de regularización. Pero supone también la oportunidad para proteger a los refugiados, a los que se ha descuidado demasiado a menudo con la excusa del colapso. Buena parte de los afganos que llegaron a España se han marchado —a Alemania, sobre todo— decepcionados con la acogida. Sin olvidar las dificultades que tienen para pedir asilo los refugiados africanos, aunque procedan de países en conflicto abierto como Malí o Sudán.

La clave de los cambios que se avecinan no solo será adaptar el marco europeo a la singular realidad migratoria de España, sino evitar algunas tentaciones. Las autoridades españolas —que acaban de tomar medidas para proteger a los inmigrantes afectados por la dana— parecen menos contaminadas por la ola antimigratoria que domina Europa (Portugal aprobó la semana pasada prohibir el acceso gratuito a la sanidad pública a quienes se hallen en situación irregular).

La tentación es pensar que el derecho al asilo es de quita y pon, como han pretendido algunos países al suspender las peticiones de los sirios apenas unos días después de que cayese Bachar el Asad. Es el caso de Francia, Italia, Reino Unido y media docena más. El Gobierno de Austria, presionado por la ultraderecha, ha llegado incluso a anunciar un programa de deportación. Nada, por desgracia, sorprendente si tenemos en cuenta que en mayo pasado —muy lejos por tanto de la caída del régimen— la UE se planteó la posibilidad de declarar Siria como país seguro.

Por tanto, la receta para el futuro, la fórmula para intentar resolver los problemas, no puede pasar por un recorte de derechos y garantías para los más débiles, sino por un sistema más fuerte y eficiente para todos.