Francia: nuevo Gobierno, mismos problemas

El nuevo primer ministro francés, François Bayrou, anunció esta semana a los integrantes de su Ejecutivo, que ya han tomado posesión de sus carteras. Se trata de un Gobierno que no logra ensanchar la base política de su antecesor y que, por tanto, no ofrece las garantías de estabilidad necesarias en un momento en el que Francia afronta el desafío de unas cuentas públicas en serio desorden, a la vez que la UE aborda el reto de las turbulencias asociadas al inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El equipo conformado por Bayrou sigue sosteniéndose fundamentalmente en representantes del área liberal macronista y del conservadurismo gaullista, que no disponen de una mayoría parlamentaria. En un tímido movimiento contará con políticos de pasado socialista —como Manuel Valls, François Rebsamen o Juliette Méadel— pero alejados del actual PS, que no participa en el nuevo proyecto gubernamental. La falta de reconocimiento del peso de la coalición de izquierdas —ganadora en las urnas en julio pasado— es, de nuevo, una falla difícilmente sorteable.

Pese a reproducir los defectos del fracasado Gobierno de Michel Barnier, el de Bayrou presenta, no obstante, algunas diferencias. En primer lugar, el mayor peso político del equipo, que incluye a dos ex primeros ministros —­Élisabeth Borne, además de Valls— y a otras figuras con experiencia como Rachida Dati y el propio Bayrou. En segundo lugar, resulta clave el elegido para la crucial cartera de Economía, Éric Lombard, hasta ahora jefe de la Caja de Depósitos, una institución financiera pública. Lombard se describe como de izquierdas y subraya su sintonía con Michel Rocard, ex primer ministro socialista. Cabría esperar que esto no sea del todo indiferente.

No obstante, dado el panorama político francés, sería ingenuo creer que estas leves correcciones puedan conducir a un resultado muy diferente del logrado por el anterior Ejecutivo. Pero tal vez las figuras mencionadas dispongan de una mayor capacidad política para dirigir una acción gubernamental que tenga en cuenta el peso parlamentario y social de la izquierda. O cuando menos, que no se pliegue, como en el caso de Barnier, a las exigencias de la ultraderecha de Marine Le Pen.

Las circunstancias nacionales e internacionales, sumadas a la imposibilidad de convocar nuevas elecciones hasta el verano, refuerzan el interés de que Francia encuentre durante al menos medio año cierta estabilidad para afrontar las urgencias. Bayrou y el presidente, Emmanuel Macron, tienen la mayor responsabilidad, pero ello no significa que las fuerzas progresistas no tengan ninguna. Estas tienen todo el derecho de exigir que la acción del Gobierno reconozca su fuerza en la Asamblea Nacional, pero no de atrincherarse en requerimientos maximalistas no justificados por su victoria electoral, que les coronó como primera coalición, pero a cien escaños de la mayoría absoluta.