Inmigración, un reto de país

España es el segundo país de la UE, tras Grecia, donde más ha crecido este año la inmigración irregular: 31.155 personas llegaron por tierra o por mar hasta el pasado día 15, un 66% más que en igual periodo de 2023. Ese fuerte aumento —que fue mucho mayor a comienzos de año— viene determinado por el crecimiento de la peligrosa ruta canaria, con un 126% más de desembarcos. Y refleja más que nunca los desafíos de la región del Sahel, una zona que la UE ha abandonado, donde la escalada de violencia está expulsando a miles de personas y que plantea importantes cuestiones de seguridad para Europa. Más de 13.000 personas llegaron en el primer semestre desde las costas de Mauritania, origen de la mayoría de los flujos migratorios de la ruta atlántica. Por vez primera, los malienses son la nacionalidad más numerosa de quienes llegan irregularmente a España, prueba de que las guerras de hoy producen los migrantes desesperados de mañana.

Mauritania, donde Pedro Sánchez volverá a fines de agosto seis meses después de su última visita, es un ejemplo destacado de la política española y europea de cerrar acuerdos con multimillonarias partidas de apoyo económico a los Estados de origen y tránsito de los migrantes. Es una vía que ofrece resultados inmediatos para controlar policialmente las costas, pero al coste de no mirar que trato reciben los migrantes. El Gobierno no se puede conformar con esta fórmula y renunciar a la búsqueda de otras soluciones.

Buena parte de los llegados son menores no acompañados, cuya acogida y reparto está mostrando en España tanto las incapacidades del sistema como la perversión de ciertos discursos políticos. Canarias lleva 10 meses con sus servicios de acogida de menores migrantes colapsados: alojan a casi 6.000, cerca del triple de su capacidad máxima. Ceuta acaba de solicitar ayuda al Estado ante una situación “insostenible”, con 416 menores albergados tras varios días de llegadas, cuando su capacidad máxima es de 130. Darles una respuesta no puede esperar. Cada nueva situación de crisis deja aún más en evidencia la negativa de las derechas de PP, Vox y Junts a una reforma de la ley de Extranjería que establezca un sistema fijo de reparto de estos menores por los recursos de toda España.

Pese a ofrecer las imágenes más dramáticas y, por tanto, centrar el debate público, la inmigración irregular es mínima en comparación con quienes llegan de forma legal. España es un país cada vez más diverso que ya resulta ininteligible sin la presencia y la aportación de los extranjeros y de sus hijos que han nacido en él. De los 48,8 millones de habitantes, 8,7 millones (un 17,8%) han nacido en otro país. Es la llegada de extranjeros la que ha impedido la caída de la población. Casi uno de cada cuatro menores (el 22,3%) nacidos en España tiene al menos un progenitor extranjero.

Los inmigrantes resultan cada vez más imprescindibles en el mercado laboral español: en el primer semestre de este año, 4 de cada 10 nuevos empleos fueron ocupados por extranjeros, según el INE. Los inmigrantes ya son el 13,6% de quienes trabajan en España. Y su tasa de actividad es del 78%, una de las mayores de la UE, según un reciente análisis del Banco de España. No es exagerado decir que, sin esta aportación, la economía española colapsaría.

Una transformación de semejante calado no está exenta de tensiones. Aquí es donde algunos discursos políticos caen en la tentación de la demagogia. No tiene credibilidad alguna un político que vincula, sin ningún dato que lo avale, a los inmigrantes con la delincuencia, o quien cosifica a los menores migrantes para justificar la hostilidad hacia ellos. Partidos como Vox, Se Acabó La Fiesta y Aliança Catalana compiten en xenofobia, nada más. Los recientes intentos del Partido Popular de probar las aguas de ese discurso del miedo que alimenta a la ultraderecha son impropios de un partido que aspira a gobernar. Más cuando es un partido que gobierna en Ceuta y sostiene al Ejecutivo de Canarias, por lo que tiene responsabilidad directa y conocimiento de la cuestión.

El reto es común a todos los países desarrollados y en buena medida determinará su futuro. La respuesta a la inmigración ha condicionado procesos electorales en Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos o las propias elecciones europeas. En todos crecen los discursos simplistas, incluso los que llevan décadas de adelanto a España en esta cuestión. Ninguna de estas sociedades ha dado con una respuesta global y definitiva, prueba de que no la hay.

Abordar en profundidad la política migratoria y los dilemas que plantea es una cuestión de Estado. La inmigración como fenómeno es una realidad que hay que gestionar, no un problema que hay que solucionar. Los discursos políticos que prometen soluciones ignoran que la población extranjera ya es una parte inextricable de la sociedad, la economía y la cultura españolas. Una economía abierta y una sociedad pacífica a la que no vamos a renunciar seguirá atrayendo talento y mano de obra de fuera, inevitablemente junto con un número de desesperados dispuestos a jugarse la vida ante la falta de alternativas. España fue el cuarto país de la OCDE que más inmigrantes permanentes legales recibió en 2022. La diversidad irá a más y es un reto con múltiples aristas. No es una amenaza ni socava la cohesión social. El miedo, el odio y el racismo, sí.