¿Un golpe institucional en RTVE?

El Gobierno ha reformado la ley de RTVE para rebajar las mayorías en la elección de consejeros. El Consejo de Administración pasa de 10 miembros (6 elegidos por el Congreso y 4 por el Senado) a 15 (11 y 4). El peso de los escogidos por el Congreso aumenta: supera los dos tercios, mientras que el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, pierde poder. La presidencia gana capacidad de decisión y la dedicación de los consejeros será exclusiva. La justificación de la reforma por decreto ley es que el bloqueo impide la renovación. El ministro Óscar López da por hecho que los consejeros que imponga cada partido son representantes de la organización: no están ahí por su competencia sino por su cercanía a un partido. Como la reforma da más poder a la mayoría de la investidura, que es fragmentaria, se dice que es “plural”. Pero el cambio busca marginar al partido más votado y excluye al tercero, Vox, porque según López sus valores son contrarios a los de RTVE, cosa que no debe de ocurrir con los de Bildu. El sistema no es profesional ni representativo. (El argumento de que los medios autonómicos tienen mecanismos similares, que suele incluir una mención a la Comunidad de Madrid, evidencia que pluralismo es el trampantojo que genera una coalición electoral negativa, y hace que uno se pregunte si Isabel Díaz Ayuso es un modelo para el Gobierno.)

Cuando Pedro Sánchez habló de la necesidad de regenerar la democracia del país que llevaba casi seis años gobernando, apeló al Reglamento Europeo de Libertad de Medios, de aplicación directa en España. La reforma de RTVE es contraria al espíritu del artículo 5 del reglamento, que exige que los Estados miembros garanticen la independencia editorial y funcional de los medios públicos. En las 31 medidas del Plan de Acción por la Democracia que presentó el Ejecutivo no aparecía nada sobre los medios estatales y autonómicos.

En 2012, un decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy, que tenía mayoría absoluta, redujo el número de consejeros de RTVE 12 a 9 y suprimió el requisito de que los consejeros y el presidente fueran elegidos por una mayoría de dos tercios, como estipulaba el modelo de consenso que había puesto en marcha José Luis Rodríguez Zapatero. Se justificó porque el bloqueo impedía la renovación. El PSOE, contó en estas páginas Rosario G. Gómez, consideró la reforma “un golpe institucional” y recurrió ante el Tribunal Constitucional. El Constitucional estimó parcialmente el recurso porque no se justificaba la “extraordinaria y urgente necesidad” de la reducción del número de consejeros.