Respetar RTVE

RTVE inicia una nueva etapa en la búsqueda de estabilidad para una empresa pública con 6.000 trabajadores. El real decreto aprobado este martes por el Gobierno desbloquea la situación de interinidad en la que se había instalado desde hace seis meses la presidencia de la radiotelevisión pública tras el cese de Elena Sánchez, que a su vez había llegado al puesto de forma interina hace dos años, cuando dimitió el último presidente elegido por el Parlamento, José Manuel Pérez Tornero. En total ha habido tres presidentes y una administradora única en seis años.

Si la formación de un nuevo órgano de gobierno no sale adelante por dos tercios de las Cortes, se podrá aprobar por mayoría absoluta. Ese nuevo sistema evita que ningún partido, como hace ahora el PP, bloquee la renovación del Consejo de Administración —hoy más de la mitad de sus miembros tiene el mandato caducado— y multiplica la pluralidad en el nuevo consejo, donde podrá haber representantes de hasta ocho partidos entre sus 15 miembros.

Será responsabilidad de los futuros consejeros garantizar que esa pluralidad no se convierta en otro motivo de parálisis por los intereses cruzados. La nueva distribución de consejeros nombrados en el Congreso (11) y en el Senado (4) sortea la posibilidad de otro bloqueo en la Cámara alta, donde los populares tienen mayoría absoluta. Si se negaran a participar en la elección de los que les corresponden, los 11 que salgan de la Cámara baja garantizan el quórum imprescindible para tomar decisiones. Ojalá, como reclamaron los Consejos de Informativos de TVE y RNE, se consiga aprobar todo por mayoría reforzada, que ofrece mejores garantías de transversalidad, pero lo que la corporación no puede permitirse es el bloqueo en un sector en constante transformación.

Una de las claves para juzgar esta reforma será saber si el nuevo órgano de gobierno entiende sus funciones estratégicas o, por el contrario, pretende intervenir en la gestión ejecutiva de las programaciones, una tentación en la que se ha caído en el pasado hasta complicar la gestión de la empresa. En definitiva, si los partidos asumen que un objeto de deseo tan irresistible para ellos como una televisión pública —véase el férreo control político que se ejerce sobre la mayoría de las televisiones autonómicas— debe gestionarse con criterios profesionales o si estamos ante el enésimo intento de manejar el día a día de RTVE.

Desde hace casi 20 años, cuando se publicó la ley de 2006, RTVE ha sido incapaz de conseguir la imprescindible estabilidad en su gobernanza. Aquella ley supuso un salto fundamental hacia la independencia profesional de la radiotelevisión pública. Hasta entonces, al director general lo nombraba y destituía directamente el Gobierno. A partir de ese momento, el presidente de la corporación era elegido por el Parlamento con el acuerdo de los principales partidos y con un mandato blindado de seis años para no coincidir con los periodos electorales.

El estreno de aquella ley llevó a TVE a liderar el sector en audiencias y prestigio. Pero poco a poco, el modelo fue erosionándose por el escaso interés de los políticos en acercar RTVE al modelo de la BBC que todos invocaban. Primero, en 2012, el PP recurrió a un decreto para modificar la norma y nombrar a un presidente únicamente con los votos de su partido. Después, en 2018, el PSOE nombró con otro decreto una administradora única mientras se cambiaba el modelo de elección del presidente vía concurso de méritos, solución que no resolvió el problema porque los partidos no respetaron las notas obtenidas por los candidatos. En los últimos años, pese a la inestabilidad, sus profesionales han demostrado sobradamente su capacidad para hacer programas e informativos de calidad, pero eso no ha impedido que RTVE haya perdido cuota e influencia en un mercado muy dinámico. El caso Broncano es un buen ejemplo de la politización extrema con la que la oposición recibió un fichaje que ha dado oxígeno estrictamente creativo a la tele pública. El futuro de RTVE pasa por reforzar los criterios profesionales en su gestión y ofrecer contenidos que conecten con la sociedad.