La memoria fragmentada del PP

El PP ha vuelto a evidenciar sus contradicciones en una cuestión en la que le cuesta ser transparente como es la consideración histórica sobre el golpe de Estado franquista y la dictadura. Este miércoles, los populares enterraron con sus votos en las Cortes de Castilla y León el proyecto de ley, llamado “de concordia”, que registraron con Vox hace siete meses y con el que el partido ultra trata de impugnar la Ley de Memoria Democrática estatal en aquellas comunidades donde el PP lo necesita. El lunes, en cambio, el PP se apoyó en los votos de Vox en el Parlamento cántabro en la dirección contraria, la eliminación de la ley regional de memoria, sin aclarar sus intenciones futuras.

La derogación de las legislaciones autonómicas de memoria histórica y su sustitución por “leyes de concordia” forma parte del consenso que el PP y Vox alcanzaron en seis comunidades. El partido ultra rompió esos pactos en julio por el reparto de los menores migrantes. Pese a tener ya manos libres, la formación de Feijóo sigue enredada en sus relaciones con Vox —y sus votantes—, un partido que ha hecho del blanqueo de la dictadura uno de sus referentes, como han vuelto a mostrar esta semana sus portavoces en los debates en Cantabria y Castilla y León.

Pese a que la Ley de Memoria Democrática, promulgada hace casi dos años, tiene vigencia en toda España, las normativas regionales impulsadas por las derechas pueden retrasar o paralizar la localización y apertura de fosas, la principal reclamación de los familiares de las víctimas, de avanzada edad, así como entorpecer los planes para que la represión se estudie en las escuelas.

La coherencia nacional que el PP se esfuerza en mostrar en asuntos como la financiación autonómica desaparece cuando se trata de la memoria histórica, una cuestión de humanidad. En Aragón, apoya una ley humillante para las víctimas y paralizada por el Constitucional tras el recurso del Gobierno; en la Comunidad Valenciana, otra que apunta al mismo camino; en Castilla y León da marcha atrás, probablemente también lo haga en Extremadura, mientras le da pábulo en Cantabria y el PP balear ha anunciado que apoyará la derogación de la ley regional. Con esas idas y venidas, resulta patente que el partido de Feijóo lleva más de dos años haciendo piruetas políticas al son que dicta Vox sin una verdadera posición sobre este asunto. Mientras, sigue blanqueando el revisionismo de la dictadura y sus crímenes, en contra de todo el consenso historiográfico, y eludiendo ayudar a las víctimas.

Hace un mes, Bruselas apoyó por tercera vez los proyectos que busquen recordar la “historia de los crímenes totalitarios”. En mayo, tres relatores de la ONU alertaron de los peligros de las “leyes de concordia”. Sobre la mesa tiene Feijóo argumentos y ocasiones suficientes para distanciarse de Vox de una vez y no alentar un irreflexivo revisionismo según la conveniencia política en cada lugar.