Aragón deroga la ley de memoria autonómica con los votos de PP, Vox y el PAR

El Gobierno de Aragón (PP-Vox) ha ejecutado este jueves una de las medidas que anunció en agosto, cuando se constituyó: la derogación de la Ley de Memoria Democrática autonómica que aprobó en la anterior legislatura el Gobierno del socialista Javier Lambán. A los votos del PP y de Vox se ha sumado en las Cortes regionales el del único diputado del Partido Aragonés (PAR), a pesar de que en 2018 hizo justo lo contrario: apoyar la ley. Enfrente han tenido al resto de la Cámara: todos los partidos de la izquierda (PSOE, CHA, Podemos e IU) y Teruel Existe, que han acusado al presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, de sucumbir a los deseos de la extrema derecha, principal impulsora de la derogación. “Azcón no lo llevaba en el programa”, ha subrayado el diputado de CHA, José Luis Soro.

“Hoy es un día de profunda satisfacción”, ha dicho el portavoz de Vox, Santiago Morón, antes de añadir: “Esta ley nefasta ha sido, como todas las demás leyes de memoria, una herramienta política de agitación social diseñada para enfrentar a los españoles”.

La derogación de la norma autonómica implica, entre otras cosas, que se elimina el censo de memoria democrática de Aragón, el registro de entidades memorialistas y el portal web sobre memoria que tenía el Gobierno aragonés. Respecto a la base de datos genética que el anterior Ejecutivo había creado, será remitida ahora, “con el consentimiento de los interesados”, al banco estatal de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura, según recoge el texto con el que el Gobierno de Azcón ha defendido la derogación. Mucho más difuso es en cuanto a las ayudas públicas para que las asociaciones memorialistas exhumen los restos de víctimas. A partir de ahora, esas ayudas “quedan sujetas a la justificación correspondiente conforme a lo establecido en las correspondientes convocatorias y bases reguladoras”.

En todo caso, en Aragón, como en toda España, sigue rigiendo la Ley de Memoria Democrática nacional, que las Cortes aragonesas no tienen competencia para derogar.

Los dos socios de gobierno han utilizado un procedimiento de urgencia con lectura única para derogar la ley autonómica, lo que ha intensificado las críticas de la oposición. “No han tenido la gallardía de discutirlo por un procedimiento ordinario porque entonces habrían tenido cabida las asociaciones memorialistas que no se han podido escuchar aquí”, les ha recriminado el socialista Daniel Alastuey. Unos 200 miembros de esas asociaciones, que agrupan a familiares de represaliados durante la dictadura franquista, se han concentrado a las puertas del Palacio de la Aljafería, sede del Parlamento autonómico. “Hoy se quitan los derechos de los que murieron en la guerra y en la represión”, decía Anabel Lapuente, portavoz de la Plataforma de Memoria de Aragón. A su lado, Rosa, nieta e hija de fusilados, aseveraba: “No hay empatía”.

Por el PP, la diputada Ana Marín ha sido la encargada de defender la derogación, mientras el presidente Jorge Azcón la escuchaba desde el escaño sin intervenir. “Todas las víctimas fueron víctimas. Hicieran lo que hicieran, pensaran lo que pensaran o llevaran el uniforme que llevaran, todas son víctimas y no merecen distinción”, ha dicho Marín. El Gobierno de Azcón asegura que ahora impulsará, en sustitución de la ley derogada, un “plan de concordia”, cuyo texto y alcance aún no se conocen.