La Fiscalía pide multar con 1.000 euros a la mujer que intenta parar las exhumaciones en Cuelgamuros

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que imponga una multa de 1.000 euros por “mala fe procesal” a Marina Benayas, la mujer que intenta paralizar las labores de exhumación de víctimas del franquismo que, desde junio, se han desarrollado en el valle de Cuelgamuros, nombre que adquirió el Valle de los Caídos en 2022. El ministerio público le atribuye “abuso del derecho” al seguir impulsando este proceso en los tribunales con el argumento de que vulnera los derechos a la libertad religiosa, ya que dichos trabajos afectarían supuestamente a la “sepultura” de su abuela. Una posibilidad que ya han descartado un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la Abogacía del Estado, Patrimonio Nacional y la propia Fiscalía.

Esta mujer, asesorada por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, llegó a conseguir que la Audiencia Nacional paralizase en diciembre las labores de exhumación. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 11 adoptó esta medida de forma urgente ante la petición de la supuesta afectada, que afirmaba que el Estado había impulsado estos trabajos sin ni siquiera llevar a cabo los trámites previos. Sin embargo, tras recibir las alegaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado (en nombre de Patrimonio Nacional), el tribunal comprobó que no era así. De hecho, a los pocos días, levantó la suspensión, y, ya en enero, dictó una resolución que echaba por tierra las alegaciones de la presunta afectada.

En ambas ocasiones, el juez subrayó que se ha “acreditado” que la abuela de Benayas no está enterrada en el lugar donde se desarrollan las exhumaciones. El médico forense que coordina las labores explicó que se encuentra en una capilla diferente a donde trabajan, y que “no hay ninguna previsión de realizar operación forense alguna donde” se hallan los restos de la familiar de la mujer recurrente. A su vez, el magistrado desveló que, al pedir la adopción de medidas urgentes, la denunciante “omitió” que conocía que el Estado había puesto en marcha un “conjunto de actuaciones judiciales y normativas previas” a las exhumaciones para contar con el aval administrativo para hacerlas.

Pese al revés del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 11, la mujer ha mantenido su batalla y recurrió que se permitiera continuar con los trabajos. Y ahí es donde la Fiscalía expone que se excede al maniobrar con “mala fe”. “Insiste la recurrente en afirmar que la actuación de Patrimonio Nacional es constitutiva de vía de hecho [actuación sin competencia o que prescinde totalmente del procedimiento legalmente establecido] y que afecta a su abuela, sin aportar ningún dato fáctico nuevo que desvirtúe lo fundamentado en el auto recurrido y constatado en la documentación obrante en el proceso”, apunta el ministerio público en un escrito en el que remacha: “La actuación procesal de la recurrente carece de fundamento alguno. Pidiendo la suspensión de las actuaciones de investigación y exhumación realizadas por Patrimonio Nacional en el valle de Cuelgamuros, perjudica el derecho de las víctimas a la verdad, y en concreto el cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas”.

“La recurrente ocultó al juzgado que Patrimonio Nacional le había respondido a la reclamación formulada, informándole de que las actuaciones de investigación y exhumación se estaban realizando en ejecución de resoluciones judiciales y administrativas, que evidenciaban la inexistencia de vía de hecho”, apostilla la Fiscalía. No es la primera vez que se intentan paralizar estos trabajos. En julio, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 5 ya rechazó la petición de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.