Bruselas defiende el “fomento de la memoria histórica” con leyes como las que quieren derogar PP y Vox

Ante la embestida del PP y Vox, contra las leyes de memoria regionales en comunidades donde gobierna la formación de Alberto Núñez Feijóo —como Aragón, Castilla y León o Baleares—, la Comisión Europea es taxativa: Bruselas apoya activamente, en toda la UE, proyectos que “aborden la historia de los crímenes totalitarios y fomenten la memoria histórica”, según ha recalcado este miércoles el comisario de Justicia, Didier Reynders. “Salvaguardar la memoria común de los crímenes perpetrados por estos regímenes es esencial para apoyar el compromiso conjunto de la UE de salvaguardar los valores de la UE en materia de dignidad humana, derechos fundamentales, Estado de derecho y democracia para las generaciones actuales y futuras”, subraya Reynders en la respuesta a la pregunta que enviaron los 20 eurodiputados socialistas de la pasada legislatura (2019-24) esta primavera.

“En este contexto, la Comisión seguirá apoyando proyectos en toda Europa, en el marco del Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV), que aborden la historia de los crímenes totalitarios y fomenten la memoria histórica”, agrega el comisario belga. El CERV fue lanzado en 2021, con una duración de siete años, para “sostener y desarrollar sociedades abiertas, basadas en derechos, democráticas, igualitarias e inclusivas, asentadas en el Estado de Derecho”. Uno de sus “pilares” es la promoción del compromiso y participación ciudadana en la “vida democrática de la Unión” que pasa, entre otros, por la “sensibilización sobre la historia europea común”.

La posición de la Comisión Europea ante este tipo de leyes es un nuevo varapalo a los intentos del PP, junto con Vox, de derogar la ley de Memoria Democrática a favor de supuestas leyes de “concordia”. La presión de Bruselas puede jugar a favor de la disposición de los barones populares de abandonar esos proyectos tras haber roto sus pactos con Vox.

También la ONU ha criticado esos movimientos de esos partidos en España. En mayo, Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, firmaron un duro informe en el que instaban a España a adoptar “las medidas necesarias” contra “las leyes de concordia” que, entre otros, “evitan, y/o omiten nombrar o condenar el régimen franquista” y contribuyen a alentar teorías “revisionistas o negacionistas” sobre la Guerra Civil y la dictadura.

Pese al espaldarazo a la tesis del Gobierno de Pedro Sánchez, que prometió en abril llevar a las principales instancias europeas e internacionales los intentos de PP y Vox contra estas leyes, la respuesta de Reynders elude las cuestiones directas que, en su pregunta por escrito —una de las vías que tiene el Parlamento Europeo de realizar consultas a la Comisión— los socialistas buscaban del Ejecutivo europeo: “¿Cree la Comisión que la derogación de estas leyes es compatible con el artículo 2 del Tratado de la UE y el Estado de derecho en el contexto europeo?”, inquirieron a finales de abril los legisladores españoles sobre los proyectos que en esos momentos se realizaban en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria y Extremadura. Los socialistas también le preguntaron al equipo de Ursula von der Leyen si la Comisión “cree que igualar dictadura y democracia mediante leyes es compatible con el acervo comunitario”.

Aun así, es la tercera vez que la Comisión apoya los proyectos que busquen recordar la “historia de crímenes totalitarios” en Europa. También en abril, la vicepresidenta para Democracia y Valores, Vera Jourová, respondió en muy similares términos a los que ahora emplea Reynders (las preguntas parlamentarias suelen recibir la respuesta más escueta posible y sin valoraciones subjetivas) a otra pregunta similar lanzada en febrero por la socialista Isabel García Muñoz, referida en esos momentos exclusivamente al caso de Aragón. Lo hizo de nuevo en junio, en respuesta a una pregunta sobre el mismo tema del eurodiputado de Junts Toni Comín. Tanto Reynders como Jourová resaltan además que este tipo de leyes son competencia de los Estados miembros.