El Gobierno denunciará ante la ONU y la UE la ofensiva autonómica del PP y Vox contra las leyes de memoria

El Gobierno llevará a las principales instancias europeas e internacionales la ofensiva de los gobiernos autonómicos del PP y Vox en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana contra las leyes de memoria regionales, que han decidido sustituir en esos territorios por otras normas llamadas de “concordia”. Tras anunciar que recurrirá al Tribunal Constitucional las iniciativas de estos tres gobiernos autonómicos si no rectifican, el Ejecutivo ha comunicado este jueves que pondrá en marcha una batería de iniciativas dirigidas a la ONU, al Consejo de Europa y al Parlamento Europeo. “Esta misma mañana he dado instrucciones a nuestra embajada ante las Naciones Unidas con sede en Ginebra, donde se encuentran el relator para ejecuciones extrajudiciales y el relator para la justicia, la reparación y la verdad, para que entren en contacto con ellos y para que puedan analizar en estos momentos las acciones que está llevando a cabo los gobiernos del Partido Popular y Vox contra la ley de memoria democrática. Lo mismo haremos en la UE y en el Consejo de Europa”, ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares desde Bruselas donde ha participado en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, informa Silvia Ayuso.

Entre las medidas que tiene previsto el Ejecutivo incluye peticiones de debates, informes y evaluaciones de las políticas de memoria del PP y Vox, con las que buscan evidenciar “la gravedad” de sus actuaciones, “contrarias a los valores que recoge la ley de Memoria Democrática”, según fuentes del Gobierno. La Ley de Memoria Democrática, de carácter y ámbito nacional, sigue vigente en toda España a pesar de esas iniciativas autonómicas, pero la supresión de las normativas regionales puede ralentizar o entorpecer la aplicación de algunas medidas previstas en esa ley.

El Ejecutivo lleva toda la semana centrando en este asunto su crítica al PP y, en ese contexto, Sánchez ha visitado este jueves el laboratorio instalado en el Valle de Cuelgamuros, donde un equipo de forenses trabaja para tratar de identificar los restos de 160 víctimas de la Guerra Civil, la mayoría represaliados del franquismo, reclamados por sus familiares. “La ley se va a cumplir y debemos saldar nuestra deuda pendiente con quienes dieron su vida luchando por la libertad y la democracia en España”, ha escrito el presidente del Gobierno en la red social X. “Justicia, reparación y dignidad para todas las víctimas de la guerra y la dictadura”, ha añadido en un mensaje con imágenes de la visita. Le ha acompañado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y los dos forenses que dirigen el equipo, Francisco Etxeberria y Francisco Ferrandis.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado este jueves una queja dirigida al Gobierno tras conocer la visita del presidente, algo que, según denuncia, el Ejecutivo ha impedido hacer a los familiares interesados con el argumento de que podría ser peligroso para ellos. “Las familias que llevan años peleando por sacar de allí los restos de un ser querido se enteraron de las exhumaciones por la prensa y fueron convocadas por primera vez a una reunión el 10 de julio de 2023, en plena campaña electoral, en el Palacio de la Moncloa”, especifica la asociación en su texto de protesta, que recoge Efe.

El ministro de Política Territorial explicó el pasado lunes que, antes de recurrir al Tribunal Constitucional, el Gobierno iba a intentar llegar a un acuerdo con los gobiernos autonómicos de PP y Vox. Aragón, que derogó la ley regional de memoria en febrero por el procedimiento de urgencia, es el primer Gobierno autonómico con el que busca negociar. Torres explicó que, al eliminar la norma autonómica, se dificulta la localización de las víctimas, ya que se suprime el mapa de fosas regional. “Esto invade la competencia del Derecho internacional y vulnera la defensa de los derechos humanos”, aseguró. El martes pasado, los grupos parlamentarios del PP y Vox en Castilla y León presentaron también una proposición de ley para derogar el decreto de memoria en la comunidad, aprobado en 2018; en la Comunidad Valenciana, las mismas formaciones presentaron el 21 de marzo una proposición de “ley de concordia” para sustituir la actual ley regional de memoria, de 2017.

En un afán por dar a conocer fuera de las fronteras las políticas de los Gobiernos autonómicos del PP y Vox, el Ejecutivo se dirigirá a la ONU para pedir al Relator especial sobre verdad, justicia y reparación y al Relator de ejecuciones extrajudiciales que evalúen esas medidas y las comparen con “las mejores prácticas internacionales” y “los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos”. En el Parlamento Europeo, el Gobierno quiere promover iniciativas para incluir este asunto como tema de debate y votación a través del grupo S&D, la alianza progresista de Socialistas y Demócratas, de la que forman parte los socialistas. Y, ante el Consejo de Europa, invocarán la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos. Entre las actuaciones que planean, según fuentes gubernamentales, está informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos de la “gravedad de la situación” en las comunidades afectadas, pedir un informe sobre la situación de la memoria democrática en España y que se celebre un “debate urgente” en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

En su visita de este jueves a Cuelgamuros, Sánchez ha escuchado las explicaciones del equipo que trabaja en la localización e identificación de los restos y ha accedido al interior de los columbarios, donde están dispuestas las cajas con los restos de las víctimas.

Las labores de recuperación han permitido ya el hallazgo de la caja 198 y la exhumación de 12 víctimas asesinadas en 1936 en Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila). De ellas, 11 han sido identificadas genéticamente y se han podido entregar los restos a sus familias, según informó el pasado marzo el ministro Ángel Víctor Torres en el Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros analizó el martes de esta semana un informe sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática y su incidencia en las comunidades autónomas. Torres recordó entonces que la Ley de Memoria Democrática es un instrumento para reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura que contó con un amplio consenso en el Parlamento y que está basada en la defensa y protección de los derechos humanos.