El suicidio y la sanidad pública

En 2023, se suicidaron en España 3.952 personas, un 6,5% menos que en 2022. Por primera vez en cinco años se produjo un descenso. Desde 2018, se había observado un aumento —especialmente preocupante en menores y adolescentes— que se acentuó con la pandemia. En 2022, se alcanzó el punto máximo, con una tasa de 8,5 suicidios por cada 100.000 habitantes y una media de 11 muertes diarias.

El respiro de las cifras del último año hace albergar la esperanza de un cambio de tendencia que debemos reforzar. Porque el suicidio es un grave problema de salud pública. Gran parte de estas muertes son evitables con una adecuada intervención. Hay que tener en cuenta que muchas de las personas que se quitan la vida no buscan tanto la muerte como acabar con un sufrimiento que les resulta insoportable. Estamos hablando de un fenómeno que no solo afecta a quienes se matan, sino que irradia dolor, culpa y trauma en muchas otras. Por cada suicidio consumado hay 20 tentativas, y cada muerte afecta directamente a una media de seis personas, según la OMS. La prevención debe por eso figurar entre los principales objetivos de la Estrategia de Salud Mental del Sistema de Salud.

El suicidio es un tabú, fruto de muchos años de estrategia social equivocada en la que operaba una especie de acuerdo tácito de no hablar de ello en los foros públicos con la creencia errónea de que hacerlo podía provocar un efecto imitación. Este silencio no solo ha impedido que la sociedad tomase antes conciencia del problema, sino también la aplicación de medidas preventivas eficaces. Y ha dejado en el abandono a las víctimas indirectas, quienes han sufrido una pérdida tan devastadora.

El número de muertes por suicidio en España se acerca actualmente a las cifras que en su día alcanzaron las provocadas por accidentes de tráfico, que en su punto más alto llegaron a superar las 5.000 anuales. En 2006, eran 4.144. En 2023, cayeron hasta 1.145, según los datos del Ministerio del Interior. Este espectacular descenso es el resultado de una decidida intervención pública. La misma ambición ha de tener el Plan Nacional de Prevención del Suicidio que, según anunció esta semana, prepara el Ministerio de Sanidad.

Prevenir el suicidio requiere de una intervención decidida en varios frentes. Numerosos estudios muestran que está aumentado el malestar emocional, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Ansiedad y depresión son los trastornos que más crecen. Sin embargo, los servicios de salud mental no tienen la dimensión necesaria para dar una respuesta eficaz. Y rápida.

Uno de los problemas pendientes de abordar es el descontrol en el uso de ansiolíticos. Más de la mitad de las personas que se suicidaron en 2023 los tomaban, según un estudio del Instituto Nacional de Toxicología que alerta sobre la gran facilidad de acceso a estos fármacos. De acuerdo con los datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, España es el país donde más psicofármacos se consumen (18 veces más que en Alemania). Parece evidente que en el caso español se está produciendo una medicalización excesiva del sufrimiento social y una tendencia a suplir con fármacos las carencias de asistencia psicológica y psiquiátrica. Resulta preciso, por tanto, diseñar un programa de sensibilización social y de refuerzo de los servicios de salud mental, incluida la revisión de la prescripción de fármacos psicotrópicos para ajustarla a las necesidades reales y evitar los efectos dañinos del abuso.