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EDITORIAL
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Claridad en el gasto en defensa

España está obligada a un aumento en la inversión militar que el Gobierno debe incorporar a su prioridades y explicar al país

Tropas españolas, en unas maniobras en el Estrecho en octubre de 2021.
Tropas españolas, en unas maniobras en el Estrecho en octubre de 2021.Román Ríos (EFE)
El País

El gasto en defensa vive un verdadero auge a nivel global, impulsado por la guerra de Ucrania, el conflicto en Oriente Próximo y las crecientes tensiones geopolíticas y fronterizas en distintos puntos del globo. Si el año pasado ya se alcanzó un máximo histórico de 2,44 billones de dólares de gasto militar, según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), con un aumento del 6,8% con respecto a 2022, todo indica que esta tendencia se va a mantener en los próximos años. Este aumento sin precedentes del gasto militar es una respuesta directa al deterioro de la paz y la seguridad en el mundo y se traduce en un incremento de los presupuestos dedicados a municiones, armamento y equipamiento, que ha disparado las cuentas de resultados de las empresas del sector y que no siempre cuenta con el total respaldo de la opinión pública.

En el caso de España, el gasto en defensa viene repitiendo un patrón al que convendría poner fin. A diferencia de otros capítulos, el gasto público real en defensa suele ser muy superior al presupuestado inicialmente, con incrementos en los dos últimos años que oscilan entre el 20% y el 30% por encima de lo previsto. Una desviación que se volverá a producir este año después del acuerdo firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el pasado mayo para enviar armas a Kiev por algo más de 1.000 millones.

No se trata de eventuales imprevistos derivados del envío de una misión militar al extranjero o del estallido de un conflicto inesperado, sino de un modus operandi que utilizan los gobiernos para sortear presiones internas y esquivar a la opinión pública. A lo largo del ejercicio, el Ejecutivo aprueba distintas ampliaciones de crédito o partidas con cargo al Fondo de Contingencia para hacer frente a los pagos que van engordando el presupuesto final. Los 10.155 millones asignados a Defensa en 2022 rebasaron finalmente los 13.000 millones. Para 2023, el Gobierno adjudicó 12.825 millones a gasto militar y al final los desembolsos rondaron los 15.000 millones.

No obstante, los expertos advierten de que el gasto militar va mucho más allá del asignado al Ministerio de Defensa, ya que en realidad se reparte entre distintos departamentos como las ayudas a las industrias militares o partidas dedicadas a I+D+i que, sin embargo, los Presupuestos no recogen como gasto militar. Ahora que el Gobierno se dispone a aprobar el proyecto de ley de Industria y Autonomía Estratégica puede ser un buen momento para establecer qué papel se quiere otorgar a este sector en la apuesta por la reindustrialización y los grandes proyectos de inversión que el Gobierno espera atraer con la nueva norma.

Los países miembros de la OTAN han adquirido el compromiso, con mayor urgencia a partir del inicio de las hostilidades a las puertas de la UE hace más de dos años, de alcanzar al menos el 2% del PIB en gasto en defensa para finales de esta década. Según datos de junio, 23 de los 32 países de la Alianza ya han alcanzado ese umbral. España se halla muy lejos de ese listón, a pesar de las triquiñuelas presupuestarias. Es el último de la clasificación, con un gasto del 1,28% del PIB, pese a haber aumentado un 50% el gasto militar en los últimos cuatro años y a que ese incremento irá inevitablemente a más en el futuro. Conviene no hacerse trampas al solitario, y que las cuentas públicas reflejen lo más fielmente posible los objetivos políticos de este Gobierno y los compromisos internacionales que comprometen a gobiernos futuros.

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