Problemas menores

Si crees que los menores son el problema, tienes un problema mayor. Una sociedad sana no puede responsabilizar a quienes no han alcanzado la mayoría de edad de su situación de desamparo. Y una sociedad sensata sabe que acabará pagando en unos años todo lo que haga, o no, con los menores que, por lo que sea, están dentro de sus fronteras.

Para tener una política de infancia madura, es necesario, primero, rebajar el voltaje ideológico. Hasta ahora, España no lo ha hecho mal. Hemos evitado el veneno de la xenofobia que se ha adueñado del debate público en otros países. Las dos democracias nacidas de revoluciones igualitarias, y que consagraron los derechos fundamentales de la ciudadanía, Francia y EE UU, están enfermando precisamente porque un creciente número de votantes (los de Le Pen y Trump) quiere restringir esos derechos a quienes han llegado hace poco a su país, o incluso a sus descendientes.

Segundo, además de criticar el oportunismo de los partidos extremistas, debemos alabar la acción de los convencionales. PSOE y PP se han puesto manos a la obra, aunque sea con tiranteces y acordando parches, como el reparto de menores no acompañados. Para la salud de la democracia no es imprescindible que los grandes partidos lleguen a un pacto de Estado sobre la inmigración, pero sí que no se enzarcen en un debate polarizado que azuce el racismo, como sucede en otras naciones.

Y, tercero, tenemos que centrarnos en los números y huir de las imágenes. Así, el sistema autonómico más vilipendiado por insolidario o incluso xenófobo, el catalán, es un modelo a seguir. Uno de sus artífices es uno de los políticos más denostados estas semanas, el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, que rechazó apoyar la distribución de menores no acompañados pactada en Canarias. Y sí, Campuzano envió una mala señal en un tema donde los gestos son cruciales, pero Cataluña calcula que ha acogido unos 800 menores de Canarias en año y medio.

Y la estrategia catalana de protección a los menores tutelados y el rediseño de su sistema de acogida son modélicos. Son transparentes con los datos (un gran problema con los menores no acompañados es la confusión de cifras) y están sometidos a evaluación. Además, se incluye una “prórroga asistencial” para mayores de 18 años (4.000 de los 7.000 atendidos). Y es que, si sabemos que la mitad de las personas adultas sin techo han pasado por un centro de menores, es lógico hacer un seguimiento posterior.

Sí, esa política cuesta dinero. Pero no actuar nos costará más. @VictorLapuente