Los argumentos de Cataluña para borrarse del reparto de menores migrantes: “Voluntad de acogida, pero con orden y condiciones”

Cataluña fue la única comunidad autónoma que se descolgó del acuerdo del miércoles para el reparto voluntario de los menores migrantes que llegan a Canarias, un reparto que sigue siendo insuficiente ante la situación de sobreocupación que vive el archipiélago, que acoge a 6.000 menores y solo podrá derivar a 347. Con su abstención, el gobierno de la Generalitat rechazó firmar el acuerdo por el que tenía que acoger a 31 menores. ¿Por qué este Govern, que heredó y asumió muchos de los mensajes que salieron de la masiva manifestación “Volem acollir” de 2017, se niega a firmar este convenio? El consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha rechazado en varias ocasiones, también en este periódico, que sea por insolidaridad. Afirma que el acuerdo no se basa en cifras actualizadas y que no tiene en cuenta el esfuerzo que ya hace Cataluña —la comunidad atiende a unos 7.000 jóvenes que llegaron solos, entre ellos unos 4.000 que ya son mayores de edad, pero que la Generalitat seguirá acompañando hasta los 23 años, siendo de las pocas comunidades que lo hacen— . Además, según el Govern, el convenio solo es un “parche” que no da una solución al problema y no dota a las comunidades de recursos suficientes.

“Las cosas se tienen que hacer bien”, ha dicho este jueves Campuzano en una entrevista a Catalunya Ràdio, tras asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife para abordar la situación de sobreocupación de Canarias. El conseller llegó a las islas con la petición de crear un grupo de trabajo para coordinar las políticas de acogida y con la determinación de presentar enmiendas al decreto ley con el que el Gobierno pretende reformar la ley de Extranjería. La conferencia terminó con la decisión de aplazar el debate sobre esta reforma, y con un convenio para un reparto voluntario que, según el Govern, no soluciona nada. “Voluntad de acogida toda, pero con orden y condiciones”, ha aseverado.

El debate sobre la inmigración y la acogida de menores migrantes en Cataluña es ahora un poco distinto del que había hace siete años cuando tuvo lugar la manifestación para promover la acogida de refugiados y migrantes. Con la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana tensionando el debate con sus discursos xenófobos, Junts endureció su discurso el pasado mes de enero al pedir la “delegación integral” de las competencias en materia de inmigración para, entre otras cosas, poder decidir sobre flujos migratorios y permisos laborales, y sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular que son delincuentes reincidentes. ERC ha tratado de poner distancia ante este viraje del discurso, y el departamento que dirige Campuzano saca pecho de que Cataluña ha mantenido una política de acogida que sitúa a esta comunidad como pionera en algunos aspectos.

Según los datos del departamento de Derechos Sociales, Cataluña ha acogido desde 2007 a 14.000 migrantes menores de edad. El año pasado entraron en el sistema de protección 2.300, y en lo que va de este año ya han entrado otros 1.400. El Govern prevé que este año acabarán entrando unos 3.000 menores en el sistema, y recuerda que el Gobierno trabaja con unas cifras, y, por lo tanto, una dotación de recursos, que no son las que luego existen sobre el terreno. Como ejemplo, el consejero ha explicado que hace unos días llegaron 200 jóvenes migrantes a Cataluña que constaban como mayores de edad, de los que luego se descubrió que nueve son menores. Una llegada “desordenada” de menores a la que luego se suma el retraso de la Fiscalía para demostrar y certificar la minoría de edad.

Además, el departamento recuerda que es de las pocas comunidades que continúan atendiendo a los jóvenes cuando cumplen la mayoría de edad y hasta los 23 años, para evitar que queden desamparados y puedan insertarse laboralmente. Ello no impide que muchos no lo logren, como atestigua la última encuesta de Arrels, una entidad que atiende a personas sin hogar, que muestra que casi la mitad de los jóvenes que viven en la calle antes habían vivido en un centro de menores.

Este modelo, que el Govern defiende que es “singular”, ha implicado pasar de las 800 plazas de 2017 a las 4.000 actuales. La Generalitat, que lleva más de un año contactando con el Gobierno para abordar este asunto, considera que el acuerdo del miércoles no da una solución completa a la problemática, pero no se cierra a abordar una solución estructural. Por ello, reclama que la reforma de la ley de Extranjería tenga en cuenta a todas las comunidades, no solo a Canarias, Ceuta y Melilla, para establecer los criterios de sobreocupación, y que estos tengan en consideración también los recursos disponibles y los tiempos de estancia de los menores. También reclama que el traslado de los jóvenes se lleve a cabo cuando esté acreditada la minoría de edad, y no antes, y que se ajuste la financiación a las cifras reales, también a la de los jóvenes que tienen más de 18 años, pero siguen en el sistema de protección.

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