Canarias se declara “incapaz” de garantizar los derechos de casi 6.000 menores migrantes: ¿por qué las islas claman por el reparto?

“Somos incapaces de preservar los derechos de los niños”. Esta frase refleja la situación límite en la que se encuentra el sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados y la ha pronunciado el presidente canario Fernando Clavijo durante la Conferencia Sectorial celebrada este miércoles en Tenerife. Canarias lleva años desbordada con el desembarco de menores que viajan solos en los cayucos, pero desde octubre la situación roza el colapso. Según el Gobierno canario, que debe asumir su tutela, las islas acogen a unos 5.600 niños y adolescentes, cuando su capacidad máxima estaría en 2.000. En los últimos 18 meses, las islas han recibido a la mitad de todos los menores extranjeros sin referentes familiares que han llegado a España.

El repunte de llegadas al archipiélago (casi 40.000 en 2023 y 20.000 en lo que va de año) ha desbordado la capacidad de acogida de los niños, que deben ser tutelados por la comunidad autónoma. “La información que tenemos nos hace prever que lo que vivimos al final del año pasado va a ser peor”, ha asegurado Clavijo en la reunión con el resto de las autonomías con el Gobierno.

La reforma de la ley de extranjería que se ha puesto sobre la mesa establece cuál es el límite de la capacidad de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. Así, se ha considerado que las islas pueden albergar a 2.000 niños y adolescentes y que Ceuta y Melilla tienen capacidad para 200. El reparto obligatorio que se busca con la modificación legal se activaría cada vez que estos territorios lleguen al 150% de su capacidad. En el caso de Canarias esto significa que, si se aprobase la reforma, podrían reubicar en otras comunidades casi 3.000 menores.

La situación límite se traduce en falta de educadores, de psicólogos, de infraestructuras. La situación es de colapso, según han repetido varias veces diferentes autoridades canarias. Un reportaje de EL PAÍS publicado este domingo mostró también la frustración de decenas de chicos que llevan meses hacinados en centros sin ir al colegio, ni al instituto, sin formación. “Mi madre me pregunta si estoy estudiando, si hago algo, si estoy bien y yo le miento para que esté tranquila porque llevo aquí encerrado nueve meses sin hacer absolutamente nada”, contaba Sam, nombre ficticio de un chico senegalés acogido en Tenerife. El colapso ha traído descontrol y problemas. Algunos han acabado saltando a los medios, como las escandalosas condiciones en las que vivían medio centenar de niños en un centro de Lanzarote que la Fiscalía mandó cerrar, pero que sigue abierto porque no hay otro lugar donde alojarlos.

El hacinamiento es recurrente, con centros que acogen a más de 300 menores. “Yo no puedo tener a 100 niños durmiendo en colchones en el suelo. En un centro con cabida para 20 tuve 200″, contaba una extrabajadora de un centro de menores que abandonó el trabajo superada por las circunstancias. “Es un caos. Uno de los motivos por los que decidí irme fue la avalancha de octubre, cuando nos vimos con 200 niños bañándose con una manguera porque en el centro solo había dos baños. Teníamos que organizar 10 turnos para comer porque en el comedor solo nos cabían 20″, recuerda.

Los niños también están sin documentar. Desde octubre, se han grabado en el sistema a casi 3.900 menores, el paso previo a la tramitación de su residencia, según datos internos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Pero solo se han resuelto unas 300 porque el Gobierno de Canarias no da abasto para presentar la documentación necesaria para legalizar la situación de los niños, según explican fuentes de la Administración

Residentes en los centros y extrabajadores también han denunciado situaciones de maltrato contra los niños. “Allí hay de todo menos educadores, hay una falta de formación total. Meten a porteros de discoteca para intimidar a los chicos”, explicaba una mediadora que trabajó en uno de los centros que más quejas acumulan. Esta extrabajadora y otro compañero describieron a EL PAÍS casos específicos de violencia. En cualquier caso, las denuncias que acaban formalizándose de forma más recurrente son las de los educadores contra los tutelados.

Unicef también se ha manifestado sobre el escenario en las islas: “Los centros de protección deberían ser espacios seguros donde los niños y niñas reciban un trato individualizado y se garanticen sus derechos. La gran paradoja es que un sistema que está para protegerles termina generando desprotección”.