El fin del ‘procés’, en las urnas

Los catalanes eligen este domingo a sus representantes en el Parlament de Cataluña. Su voto determinará la mayoría parlamentaria y el presidente de la Generalitat, la institución constitucional e histórica de su autogobierno. Es el momento decisivo en una democracia liberal, en la que dirige el gobierno el representante del partido que consigue una mayoría de investidura. Ejercen así el derecho a decidir sobre el rumbo de Cataluña, a partir de la pluralidad de proyectos políticos, en vez de la opción binaria de los referendos, como el de autodeterminación reivindicado obsesivamente por los partidos independentistas, con evidentes efectos de división entre los catalanes y de profunda inquietud en el conjunto de la ciudadanía española.

Esta es la decimocuarta convocatoria para renovar el legislativo catalán desde su restauración por el Estatut de 1979. Pero esta vez viene a sellar una etapa dominada por el proceso independentista, en la que el intento de secesión de 2017 y sus consecuencias han monopolizado la vida política catalana y parte de la española. Siempre desde 1984 ha habido mayoría de escaños nacionalistas, pero no de votos ni de mayorías sociales, y antes del procés la lógica identitaria no era la única para los pactos. Solo a partir de 2012 se han definido como soberanistas y han utilizado instrumentos inconstitucionales para buscar la autodeterminación y la secesión.

Esta vez difícilmente se repetirán tales circunstancias, según señalan las previsiones demoscópicas. Las divisiones y los enconamientos partidistas, y la aparición de un independentismo explícitamente de extrema derecha, dificultan todavía más la mayoría nacionalista y una investidura continuista. Todo contribuye, según las encuestas publicadas hasta ahora, a que sea el partido socialista el que alcance el mayor número de diputados e incluso cuente con mejores opciones para conformar gobierno, ya sea en solitario con apoyos externos, ya en coalición con uno o dos partidos de izquierdas. La persistencia de la mayoría nacionalista habitual, en definitiva, es la principal cuestión que se dilucida hoy en las urnas.

El PSC, que fue el partido más votado en 2021, llega a las elecciones situado en el espacio central, tachado de derechista por la izquierda, de izquierdista por la derecha, de españolista por los nacionalistas catalanes y de independentista por la derecha española. Sobre el papel, su posición debería facilitar acuerdos en todas direcciones y la formación de una mayoría con partidos enfrentados durante la polarización del proceso independentista. Salvador Illa se ha podido presentar así como el candidato mejor situado para desbloquear un parlamento dividido alrededor del eje nacionalista.

A pesar de su significado para el futuro de Cataluña, las de este domingo no son unas elecciones plebiscitarias. La opción no es entre independencia y statu quo, tal como planteó el independentismo las cuatro elecciones celebradas desde 2012, sino sobre la recuperación y la potenciación del autogobierno a partir de las competencias constitucionales reconocidas por el actual Estatuto, el de 2007, en gran parte ni aplicadas ni agotadas en todo su potencial. Las prioridades que han marcado la campaña son claras y han girado en torno a las políticas que deben mejorar la vida de los ciudadanos en una comunidad con la gestión pública atravesada durante demasiados años por la parálisis identitaria. Cataluña necesita urgentemente un impulso para recuperar el lugar que le corresponde por su peso político, económico, cultural y social.

Una victoria del independentismo difícilmente reabriría el camino secesionista claramente fracasado, a pesar de la persistente retórica de quienes lo emprendieron y de los augurios apocalípticos de unas derechas que han abandonado, precisamente en Cataluña, la batalla sin cuartel contra la amnistía anteponiendo el interés electoral a su discurso esencialista en el resto de España. Lo que sí sería esa victoria es un balón de oxígeno moral para los independentistas y una derrota para Pedro Sánchez. De ahí los efectos desbordantes de la decisión de los catalanes, que hoy deciden quién gobernará sus instituciones, pero también si apuestan por la estabilidad en Cataluña tras más de una década turbulenta con consecuencias sobre la estabilidad política en España.