La mayoría parlamentaria que invistió a Sánchez enseña sus grietas ideológicas

El Gobierno transita a menudo como un funambulista por el Congreso. Le sucedió alguna vez en la legislatura pasada, como en aquella ya casi mítica votación sobre la reforma laboral que salvó gracias al error del diputado del PP Alberto Casero. Pero, entre carambolas y disposición negociadora, el Ejecutivo no sufrió ninguna derrota parlamentaria de relevancia en tres años y medio, y logró sacar adelante tres Presupuestos. En esta legislatura, que aún no ha cumplido un año, con una mayoría más precaria y menos cohesionada ideológicamente, Pedro Sánchez ha tenido que renunciar de momento a unas nuevas cuentas del Estado y, en los últimos cuatro meses, ha perdido seis votaciones en el pleno y medio centenar en comisiones.

En la mayoría de los casos se trata de reveses simbólicos, aunque reveladores de la dificultad de gestionar desde el punto de vista programático el heterogéneo bloque que invistió a Sánchez el pasado noviembre. El Gobierno señala que, pese a las dificultades, su estabilidad parlamentaria no está por ahora amenazada y tampoco ha interrumpido la actividad legislativa, porque hay 19 proyectos de ley en trámite en el Congreso.

Hace dos semanas, el pleno de la Cámara baja protagonizó un acto poco frecuente: decidió dar trámite a una iniciativa legislativa presentada por la oposición y que el Gobierno rechazaba. Esa propuesta, del PP, pretende legislar para retirar al lobo del catálogo de especies protegidas y permitir así su caza, como reivindican desde hace tiempo asociaciones de ganaderos, sobre todo del norte de España. En este caso se rompieron los habituales bloques en el Parlamento. El PNV y Junts unieron sus votos a los del PP y Vox. EH Bildu se abstuvo.

Es muy probable que esa derrota no tenga mayor trascendencia, porque el PSOE y Sumar disponen de mayoría en la Mesa del Congreso y pueden emplear el habitual truco de estirar indefinidamente el plazo de presentación de enmiendas al texto para bloquear así, de facto, el proceso de elaboración de la ley en comisión. El episodio, en cualquier caso, revela las fragilidades de la mayoría que invistió a Sánchez. En esta legislatura, la izquierda ha perdido peso en ese bloque con la entrada de Junts. En determinadas votaciones, el partido de Carles Puigdemont puede unir fuerzas con el PNV y ambos coincidir con el PP en cuestiones de índole social y económica.

Así sucedió, por ejemplo, el 9 de abril, cuando el pleno aprobó una propuesta del PP para reclamar al Gobierno que deflacte el IRPF, es decir, que tenga en cuenta la inflación al fijar las cargas tributarias de los contribuyentes. La abstención de Junts y el PNV permitió que los populares sacasen adelante su propuesta, aunque esta tampoco tendrá efectos prácticos.

Además de Junts y su actitud tantas veces imprevisible, otro foco de inestabilidad para el Ejecutivo es Podemos, con su estrategia de presentarse como la voz de la izquierda genuina. La conjunción circunstancial de las formaciones de Puigdemont y Ione Belarra ya ha provocado dos derrotas del Ejecutivo. La más dolorosa y de consecuencias más palpables fue el rechazo al decreto del Ministerio de Trabajo que reformaba el subsidio de desempleo. Ocurrió en enero, en el primer pleno importante de la legislatura. Podemos votó en contra y Junts se abstuvo. Ambas fuerzas consintieron también con su abstención que la derecha infligiese el 29 de febrero otro revés simbólico al Ejecutivo: la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La derrota más extraña del Gobierno llegó también de la mano de Junts. Extraña porque tumbaba precisamente la principal demanda del partido de Puigdemont para apoyar a Pedro Sánchez: la ley de amnistía. Sucedió el 30 de enero, cuando la formación independentista, temerosa de que su líder no pudiese beneficiarse de la norma tal y como estaba redactada, después de que la Audiencia Nacional formulase contra él cargos de terrorismo, votó en contra en el pleno. El texto volvió a comisión y, tras unos retoques, acabó saliendo adelante.

El caso Koldo ha provocado igualmente alguna contrariedad parlamentaria al Ejecutivo. El pleno aprobó el 14 de marzo una moción del PP que exigía responsabilidades por esa presunta trama de corrupción. Prosperó gracias a que se abstuvieron ERC, Junts y Coalición Canaria. Incluso hubo un voto a favor de uno de los integrantes de la mayoría de investidura, el BNG.

Fuera del pleno, el Congreso tiene una dilatada actividad en comisiones, alejada del foco mediático y con una trascendencia política muy limitada. Ahí el número de votaciones perdidas por el Gobierno alcanza el medio centenar desde enero. Se trata, en su inmensa mayoría, de proposiciones no de ley, meras declaraciones sin ningún efecto práctico. Pero ilustran el terreno resbaladizo en el que se mueve el Ejecutivo y la falta de consenso entre sus aliados sobre algunos temas.

El de la vivienda es un caso muy ilustrativo. En la comisión que se encarga de esos asuntos, Junts y el PNV han permitido que se aprueben varias iniciativas del PP y, por el contrario, ayudaron a tumbar una propuesta del PSOE para instar a todas las administraciones a que declarasen en las ciudades zonas tensionadas a fin de limitar el precio de los alquileres. En la Comisión de Industria, esas dos formaciones se han sumado también a los populares en iniciativas en favor de sectores empresariales rechazadas por la izquierda. En la de Asuntos Exteriores, las posiciones del Gobierno sucumbieron ante iniciativas del PP sobre Venezuela o el Sáhara Occidental (en este último caso, con todos los grupos, incluido Sumar, contra el PSOE).

Los dos partidos que integran el Ejecutivo de coalición se ven a veces en minoría en las comisiones por las ausencias de algunos de sus aliados, grupos pequeños sin diputados suficientes para atender todos los frentes. Por ese motivo, el 11 de abril, el PP y Vox consiguieron colar 21 resoluciones sobre el último informe del Tribunal de Cuentas en la comisión que se ocupa de este organismo, mientras que los socialistas vieron rechazadas dos suyas. Dos días antes, la ausencia de los independentistas catalanes facilitó que la Comisión de Política Territorial aprobase un texto pactado entre el PP y Vox contra la “discriminación lingüística” del castellano en algunas comunidades.

A pesar de las estrecheces en las que se mueve en el Congreso, el Gobierno destaca los 19 proyectos de ley que tiene en trámite en la Cámara, entre ellos el de representación paritaria entre sexos, el de movilidad sostenible o el de familias. El último presentado, el de reforma de la ley del Suelo, prefigura otro trámite pedregoso después de que ERC, Junts y Podemos hayan presentado enmiendas a la totalidad.