Reforzar el escudo social

El Gobierno presentó este miércoles el acuerdo con los sindicatos para reformar el subsidio de desempleo, por el que se eleva la mayoría de las prestaciones de 480 a 540 euros mensuales. Además, permite compatibilizar la ayuda durante unos meses con un empleo y aumenta el número de colectivos protegidos, que ahora incluirá a los menores de 45 años sin cargas familiares, los eventuales agrarios y las víctimas de violencia de género o sexual. Con esta reforma, pendiente ahora de su tramitación parlamentaria, España cumple las exigencias de Bruselas para proceder al desembolso del cuarto tramo de los fondos Next Generation, que asciende a 10.000 millones de euros.

Es el segundo intento del Gobierno de aprobar la reforma, tras el fracaso sufrido el pasado mes de enero cuando trató de introducir estos cambios en un decreto que fue rechazado en el Congreso al sumarse los cinco diputados de Podemos a la oposición. Fue el primer aviso serio de esta formación de su intención de marcar un perfil propio esta legislatura tras salir del Gobierno y romper con el liderazgo de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En esta ocasión, el anteproyecto incorpora la exigencia de los morados de mantener una cotización extra a la Seguridad Social del 125% a los perceptores mayores de 52 años, con el fin de que luego no se vean perjudicados en el cálculo de la pensión, ya que es el único caso de subsidio que cotiza para la jubilación. Conviene, no obstante, reforzar la vigilancia del Ministerio de Trabajo para evitar los abusos de esta figura en el marco de los despidos colectivos por parte de las grandes empresas, para que estas no financien con esta prestación parte de sus planes de prejubilación.

El plan cuenta con el visto bueno de los sindicatos, no así de la patronal, que vuelve una vez más a desmarcarse de un diálogo social que en los últimos años está dando frutos palpables en lo social sin perjudicar, como alertaban los empresarios, ni la creación de empleo ni la reducción del paro. Si sus reivindicaciones pasan por mejorar la empleabilidad de las personas paradas o reformar las políticas activas, es desde el diálogo donde se pueden abordar las diferencias y obtener los mejores resultados.

La medida supone asimismo un refuerzo del escudo de protección social, ya que el subsidio solo lo perciben aquellas personas que o bien han agotado la prestación por desempleo o no han cotizado el tiempo suficiente para percibir esas ayudas y carecen en todo caso de recursos económicos suficientes. Este mismo miércoles la Comisión Europea publicaba un informe sobre la convergencia social entre los Veintisiete en el que desvelaba que la tasa de población en riesgo de pobreza o de exclusión social en España aumentó en 2023 del 26% al 26,5%, y que la aproximación de este indicador con la media europea ha sido prácticamente nula desde 2015. Unos datos que revelan que hay margen de mejora para aumentar la protección a los colectivos más desfavorecidos y persistir en las reformas.

De hecho, son las mujeres quienes de forma mayoritaria (59%) perciben este subsidio. Un dato nada sorprendente si tenemos en cuenta que ellas lideran los indicadores de desigualdad laboral: cobran menos, sufren más parcialidad, más temporalidad y también más desempleo.