El declive de Cataluña

La política catalana está atrapada en un bucle que paraliza la prosperidad de su ciudadanía: se acumulan energías parlamentarias y de su sociedad civil para impulsar proyectos ambiciosos y cambios de modelo, pero el cálculo partidista y la falta de autoridad de los sucesivos gobiernos transforman esas energías en desempoderamiento del autogobierno. Tras el naufragio de la tramitación de unos Presupuestos expansivos, liderados por la Consejería de Economía y acordados con los socialistas, el adelanto de las elecciones es el último ejemplo de esta dinámica esterilizadora. Lo significativo ya no es la excepcionalidad del fracaso que implica un adelanto electoral. Lo es la normalización de una tradición de mala política que arrancó en 2012.

Durante la legislatura prologal del procés, entre 2010 y 2012, el principal proyecto del Gobierno presidido por Artur Mas fue un modelo de financiación singular. Para lograrlo se acumularon energías cívicas y parlamentarias. Se constituyó un grupo de economistas prestigiosos, atendiendo la llamada del Govern, que elaboró un informe para reforzar la posición negociadora de la Generalitat. Al mismo tiempo, se consensuó una propuesta en el Parlament que tensó la relación del PSC con el PSOE. Todo ese trabajo de meses acabó en la papelera o su uso acabó siendo instrumental. Al no aceptar la negativa de Rajoy a la propuesta, Mas cambio el guion y anticipó la convocatoria de elecciones para abrir un nuevo ciclo político. Su apuesta fue penalizada por la ciudadanía, pero ya estaba en marcha la movilización continuada con apoyo institucional.

Tras la celebración de la consulta del 9 de noviembre en 2014, a principios de enero de 2015, Mas adelantó de nuevo las elecciones que se celebraron al cabo de nueve meses y a la que concurrió una lista unitaria integrada por CiU, ERC y la sociedad civil independentista. Los comicios se definieron como plebiscitarios, con un inolvidable anexo incorporado: una hoja de PowerPoint escolar que trazaba el plan para proclamar la independencia si ganaba el sí. No fue mayoritario en votos ni Mas presidente, pero el inesperado Carles Puigdemont aceleró la celebración de un referéndum unilateral como compromiso para superar una moción de confianza. El desafío del 1 de octubre acabó con la convocatoria de unas elecciones adelantadas por parte del presidente Rajoy en virtud de la aplicación del artículo de 155. Inesperado fue el nombramiento de Quim Torra, con la política catalana maniatada por los procesos judiciales. Al cabo de un año y medio, Torra anunció que daba por acabada la legislatura.

La siguiente, la de Aragonès, entró en crisis cuando Junts decidió salir del Gobierno y el miércoles acabó antes de lo previsto. Habían transcurrido pocos días desde la presentación del informe de los expertos para dar respuesta a una crisis descomunal de la calidad de la educación, la partida que más aumentaba en los Presupuestos fallidos. Han pasado dos semanas desde que los empresarios catalanes exigieron en bloque un nuevo modelo de financiación. El martes el Govern presentará su esperada propuesta anunciada por la consejera de Economía, pero habrán pasado 24 horas desde la disolución del Parlament. Y mientras la Unión Europea se jugará su futuro ante la amenaza de la guerra, el gran debate de la política catalana hasta las elecciones será si Carles Puigdemont volverá o no, una controversia que interesa tanto a Junts como al PP. Podemos dejar que este electoralismo siga fagocitando el país o podemos enfrentarnos al problema original: el declive de Cataluña como consecuencia de la falta de autoridad política y la pérdida de productividad de la que fue la Fábrica de España.