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COLUMNA
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España infecta a Europa

Bruselas no es un “tercero” ajeno, clínicamente carente de interés en el conflicto interno sobre el Poder Judicial

El comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños (izquierda), y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, con quienes se reunió el día 31 en Bruselas para abordar la renovación del CGPJ.
El comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños (izquierda), y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, con quienes se reunió el día 31 en Bruselas para abordar la renovación del CGPJ.Pablo Garrigós (EFE)

Fue y es verdad lo de Ortega: “España es el problema y Europa la solución”. Nuestro retorno a la hoy Unión Europea, en 1986, suturó el abismo con el cogollo próspero y democrático del continente. Seguimos desde entonces el cauce de las recetas europeas.

Pero se subraya poco la verdad inversa. Este país aportó a la Unión lo mejor de sí mismo. Con Felipe González, el refuerzo a la política de cohesión, la ciudadanía, las dimensiones latinoamericana y mediterránea… un empaque. Con José María Aznar, un mayor peso del euro, pues sorteó en 1996 la pretensión de Italia de pactar un retraso para el acceso de ambos países. Con José Luis Rodríguez Zapatero, la impronta pacifista (Irak), el énfasis en las libertades cívicas. Con Pedro Sánchez, el impulso y primer gran diseño de la recuperación económica financiada mediante eurobonos.

Ahora exportamos también ponzoña. La iniciativa de Alberto Núñez Feijóo de someter el litigio sobre el poder judicial a la Comisión es positiva porque entierra su acerba crítica a la petición de mediadores internacionales ante problemas poco solubles en España. Pero encierra un contrasentido. Implica a una institución inadecuada para mediar.

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Bruselas no es un “tercero” ajeno, clínicamente carente de interés en ese conflicto interno. Es el árbitro o el juez de línea, y la función de mediador a la que ha accedido enerva un potencial conflicto de interés de envergadura. La Comisión es la responsable de emitir cada año un Informe sobre el Estado de derecho en cada uno de los 27 Estados miembros. Esos informes concluyen en recomendaciones. Si los gobiernos las incumplen, el Consejo puede decidir imponerles sanciones: lo que ha sucedido con la Polonia de ayer y la Hungría de hoy. Digamos de paso que resulta incomprensible cómo un partido “de Estado” pretende equipararnos sin motivo con esas semiautocracias. ¿A quién beneficia?

Es evidente que la función del componedor y la de juez difieren. Su concurrencia puede chirriar: es en este sentido en el que España infecta a Europa. Exportando la corrosión institucional a la que le aboca el partido conservador. Aunque no hay mal que por bien no venga. La gran recomendación de la Comisión a España, en su informe de 2022 como en el de 2023, es prístina: “La renovación del CGPJ como asunto prioritario” e “iniciar inmediatamente después” —subráyese después— un “proceso para adaptar el nombramiento de sus miembros”. Así que el mediador no puede discrepar del árbitro. Porque es el mismo y se debe a sí mismo.

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