España recobró el pulso de Europa el 1 de enero de 1986

El ingreso en la Comunidad Europea (CE) el pasado 1 de enero representa para España el fin de un aislamiento político de siglos. Con la firma de Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985, en Lisboa y Madrid, la Europa comunitaria trasladó sus fronteras de los Pirineos al Estrecho de Gibraltar. Atrás quedaron 23 años de contactos y ocho de complejas negociaciones, en las que el acelerón final correspondió al Gobierno socialista, que tuvo que recurrir al compromiso político para superar las dificultades económicas del ingreso. En estos poco más de cinco meses de pertenencia a la CE, España ha comenzado a participar en la política comunitaria, en la que la reforma de la agricultura y del mercado interior, la guerra comercial con Estados Unidos, los conflictos pesqueros y la revisión de los acuerdos con los países mediterráneos absorben los principales esfuerzos. También han surgido problemas derivados de la interpretación del tratado en temas vitales para España.

El Gobierno del PSOE, nacido de las elecciones del 28 de octubre de 1982, remató con éxito una labor iniciada por UCD. El 28 de julio de 1977, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, había presentado a la Comunidad Europea la petición oficial para el ingreso. Las negociaciones tardaron año y medio en iniciarse.Cuando los socialistas consiguieron el poder, sólo se habían cerrado seis de los 16 capítulos en los que se recogen las condiciones para entrar en el Mercado Común Faltaban los importantes, sobre todo la agricultura, la pesca y los temas sociales, que concentraron la mayor parte de los problemas. Las cumbres europeas de Stuttgart y Atenas no consiguieron deslindar el ingreso de las dificultades financieras de la CE, acuciada por un déficit presupuestario todavía sin solución fácil.

Los negociadores españoles, dirigidos por el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, y el secretario de Estado para las relaciones con la CE, Manuel Marín tuvieron que pelear con la inflexibilidad francesa para aceptar las propuestas en materia de agricultura.

En reunión hispano-francesa celebrada en la localidad de Rambouillet el 12 de febrero de 1984 Francia hizo pública su voluntad de concluir la negociación en una fecha que luego resultó imposible: 30 de septiembre de 1984. La idea de una Europa unida, con mayor integración entre sus miembros no podía prosperar si se cerraba las puertas a un país europeo que había mantenido su aspiración durante, lustros. Ni siquiera las razones de la crisis parecían argumento suficiente. España dejó en el envite una de sus principales aspiraciones, y la integración del sector de frutas y hortalizas, el de mejores perspectivas de expansión en el mercado comunitario, tuvo que aceptar la condición francesa de aceptar el sistema de fases. Cuatro años de seguir como estaba y seis más de integración progresiva hasta poder competir libremente en los mercados de Europa.

La negociación fue técnica, pero la decisión política, contrapartida de la permanencia en la OTAN incluida. El 25 de febrero de 1985, sobrepasados todos los plazos optimistas, se entró en un período de negociación permanente que tuvo un fracaso inesperado el 21 de marzo, cuando ya estaba preparado el champaña. La causa: los recortes de última hora exigidos por Francia sobre ese paquete final decisivo de asuntos sociales, agricultura y pesca. Pero todo quedó solucionado, gracias a la insistencia de Italia y el apoyo de la República Federal de Alemania (RFA) y otros países, una semana después.

Los datos del comercio

Los papeles fabricados en despachos oficiales reflejan el optimismo. Todas las amenazas de invasión económica europea han quedado reducidas a la mínima expresión, dicen los responsables del Gobierno. En 1983 la radiografía de la economía española ofrecía un futuro pesimista. El fin del proteccionismo comercial ofrecía una factura elevada a pagar en los tres primeros años tras el ingreso. Las previsiones eran que el producto interior bruto español sufriría un daño de 3,5 puntos, resultado de las mayores importaciones procedentes de Europa, lo que se traduciría inmediatamente en un descenso de la producción y un consiguiente aumento del paro. Luego España comenzaría a remontar.Los estudios avalados por la propia CE daban un incremento anual de las importaciones españolas de 1.500 millones de dólares. Los datos del primer cuatrimestre son bien distintos. La caída tanto de las exportaciones como de las importaciones entre Europa y España que se produjo en enero y febrero sembró la preocupación en el Gobierno. En marzo comenzó a remontarse y en abril el flujo comercial fue más que satisfactorio. Ese último mes el superávit español con la CE fue de 23.63 millones de pesetas, casi 15.000 millones más que un año antes.

La explicación a posteriori es que se produjo un adelanto de compras y ventas en esos dos primeros meses del año para prevenirse de las dificultades. El actual secretario de Estado para la CE, Pedro Solbes, afirma que en aquella fotografía estática de 1983 no se había podido reflejar la capacidad de reacción de la economía española y el efecto, quizá más importante, de una reconversión que ha situado a la industria nacional en mejores condiciones financieras y de productividad para hacer frente al reto europeo.

El comportamiento de la inflación supera además las previsiones oficiales, porque el efecto del IVA sobre los precios parece saldado en enero. Al margen han venido los beneficios añadidos de la caída del dólar, que abarata gran parte de nuestras importaciones, y la reducción del precio del petróleo a la mitad, cuyas compras representan un tercio del total de lo comprado al exterior. El afloramiento de dinero negro representa un tirón para inversión y consumo.

La hora de los problemas

La reactivación ha trocado pesimismo en esperanza, pero en estos cinco meses que van desde el ingreso no han faltado los problemas. El desacuerdo en la mesa de negociación ha obligado a España a recurrir al Tribunal de Justicia de la CE sobre la interpretación del tratado. El recurso más importante va dirigido contra el mecanismo complementario de intercambios porque, en opinión del Gobierno, el certificado y otras cauciones que exige la Comunidad, "actúan como un obstáculo a la exportación española". También se han recurrido los montantes reguladores del vino, perjudiciales para los vinos españoles con denominación de origen, que han quedado sometidos a los topes marcados para el vino común. La Administración estudia plantear litigiocontra la cuota de la leche, porque supone reducir la capacidad de producción española.Los problemas no se agotan en lo jurídico, pues el Gobierno ya exigió en marzo la cláusula de salvaguardia para defender a la siderurgia nacional de los aceros europeos, que compiten en nuestro suelo con una mejor relación en calidad y precio. También la pesca sufre estos días la negativa francesa a que se faene en una parte de sus aguas. Otros sectores comienzan a exponer sus quejas. Y todavía falta por saber si España recibirá este año en ayudas comunitarias y financiación de precios agrarios, de acuerdo a lo pactado, esos 200.000 milones aportados a la CE.

El cambio, esa mejora en el nivel de vida y calidad de los productos, ha empezado por las inversiones. La llegada de capital europeo está siendo masiva, sobre todo en el sector de transformación alimentaria.