Evitar un genocidio

El objetivo es parar esta guerra. Este es el sentido de la demanda de Sudáfrica contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia por vulneración de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Genocidio. A falta de otros instrumentos para presionar al Gobierno de Netanyahu, el Ejecutivo de Pretoria ha recurrido a una convención —no solo firmada, sino impulsada por el Israel recién fundado en 1948— para obligar al Estado judío a detener su operación de asedio, bombardeo e invasión de Gaza en respuesta a los criminales ataques de Hamás del 7 de octubre.

La vista celebrada ayer y anteayer en La Haya no pretendía aún enjuiciar si en la Franja se está cometiendo un genocidio. Lo que deberán determinar con la máxima urgencia los 17 jueces que componen el tribunal es si hay que imponer medidas cautelares al Estado denunciado para evitar que se siga cometiendo tal delito. Más tarde, en meses o quizás años, se pronunciará sobre el fondo de la demanda. La mera denuncia y la vista ante la opinión pública mundial constituyen un revés político para Israel y, sobre todo, para el Gobierno de Netanyahu, puesto que refuerzan los argumentos de quienes se oponen a la guerra y subraya su aislamiento diplomático y el de su principal aliado: Estados Unidos.

No es un detalle menor que el denunciante sea el actual régimen multirracial de Sudáfrica, fundado por Nelson Mandela y miembro del grupo de los BRICS. Sudáfrica terminó en 1991 con el apartheid organizado por una minoría blanca que tuvo precisamente en Israel uno de sus últimos y más sólidos valedores internacionales. Con la presentación de la demanda, el Gobierno de Cyril Ramaphosa no solo lidera el sur global frente a Israel y EE UU, sino que pasa facturas históricas al sionismo conservador de Netanyahu.

No resulta fácil la tipificación de un delito que exige demostrar la intención de exterminar a un determinado grupo humano, pero son abrumadoras las pruebas, minuciosamente recogidas en la demanda, en forma de llamamientos al exterminio de la población de Gaza por parte de responsables gubernamentales israelíes. Es difícil desvincular esos llamamientos, como hizo la defensa, del devastador balance de destrucción y del elevadísimo número de víctimas palestinas, el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, el carácter de castigo colectivo, la desprotección de la población civil y, sobre todo, del temor a una nueva ocupación de Gaza y la correspondiente expulsión de su población. Todas ellas son acciones que pueden implicar crímenes de lesa humanidad como los que incluye el Estatuto de Roma establecido en 1998 por el Tribunal Penal Internacional, aunque sea difícil incluirlas en la figura exacta del genocidio.

Esta demanda abre un debate jurídico extremadamente trascendente para el futuro del orden y de la justicia internacionales. Ni siquiera es seguro que una medida cautelar vaya a ser atendida por el único órgano ejecutivo de Naciones Unidas —el Consejo de Seguridad— puesto que EE UU cuenta con un derecho de veto que ya ha utilizado dos veces para no obligar a Israel a decretar un alto el fuego definitivo. Sin embargo, incluso sin medidas cautelares, a la vista está que el Gobierno de Netanyahu ha ejercido su derecho a la legítima defensa empleando un método indiscriminado que, lejos de conseguir la paz, está sembrando entre sus vecinos la semilla de la discordia futura y ha convertido nada menos que a Israel en un Estado sospechoso de cometer un crimen de genocidio.