Golpe a Hamás

Con el asesinato del dirigente de Hamás Saleh al Aruri en Beirut, donde presumiblemente actuaba como enlace con Hezbolá y el régimen de Irán, Israel se ha anotado un éxito militar acorde con el objetivo de liquidar a la organización terrorista que anima su guerra en Gaza, pero ha incrementado a la vez el riesgo de extensión del conflicto al país vecino. El Gobierno de Benjamín Netanyahu bien podría aprovecharlo para atender los requerimientos de Estados Unidos para que pase a una fase de la guerra menos cruenta para la población gazatí, compatible con la llegada de la ayuda humanitaria y concentrada en operaciones quirúrgicas en la Franja. Pero esta acción selectiva en el extranjero, efectuada con un misil desde un dron, no elimina tan solo a un destacado comandante militar como Al Aruri, sino que quita de en medio a uno de los dirigentes con mayor experiencia en negociaciones políticas.

El primer ministro israelí se halla cercado por todos los lados. Su Gobierno trufado de supremacistas mesiánicos y racistas presiona para que aproveche la guerra para robar más territorio palestino en Cisjordania y quedarse con la entera franja de Gaza, aun a costa de expulsar a la mayoría de los gazatíes. Las familias de los rehenes exigen situar la liberación de los secuestrados como objetivo principal de su Gobierno a través de la negociación con Hamás. La Casa Blanca le pide que atempere sus impulsos militaristas y expansionistas, evite la escalada y se fije como objetivo político para el final de la guerra la negociación de un Estado palestino en los territorios ocupados. La comunidad internacional clama —casi por entero— por el alto el fuego inmediato y permanente. El Tribunal Supremo de Israel, finalmente, acaba de desautorizar la reforma judicial de su Gobierno por la que pretendía eludir cualquier control judicial sobre la conformidad de sus decisiones con la ley básica del Estado, que, a falta de Constitución escrita, exige al Ejecutivo atender al criterio de razonabilidad de sus iniciativas legales. La respuesta de Netanyahu ante tantas dificultades políticas y judiciales es mantener la tensión bélica e incluso incrementarla. Al asesinato de Al Aruri, a pesar de que no haya sido reivindicado, se suman los atentados de este miércoles en Irán, que han causado más de 95 víctimas mortales y de los que se sabe poco por el momento, salvo que tienen potencial para contribuir también a elevar peligrosamente la escalada en la región.

Netanyahu no tiene mucho margen para reaccionar ante el revés judicial, una sentencia que contiene el germen de una crisis de Estado, puesto que el Supremo rechaza una ley hecha a medida para quitar a los jueces su actual poder de arbitraje sobre las decisiones del Gobierno. El actual Ejecutivo del primer ministro, calificado unánimemente como el más extremista de la historia de Israel y en el momento más bajo de expectativas electorales, ha penetrado en el territorio de las democracias iliberales, justo cuando aparece como sospechoso ante organizaciones e incluso instancias judiciales internacionales de crímenes de guerra, de genocidio y de construir un sistema de apartheid. Especialmente relevante es la demanda presentada por el Estado de Sudáfrica, como firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, contra el Estado de Israel, que también se adhirió con todas las consecuencias a dicho texto legal de Naciones Unidas, y se encuentra ahora en el brete de responder por sus acciones en Gaza y someterse al arbitraje del Tribunal Internacional de Justicia (ICJ, en sus siglas en inglés) que resuelve los diferendos entre países socios.