Teoría de la libertad asimétrica

La proposición de reforma del Código Penal con respecto a la libertad de expresión, que presentó Sumar y cuya tramitación se aprobó en el Congreso la semana pasada, tiene algo de trampantojo. Pretende eliminar las ofensas a los sentimientos religiosos o de escarnio público, las ofensas a España y a sus símbolos, el delito de injurias a la Corona, y las injurias al Gobierno y sus instituciones. También se propone suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo. Hay razones para apoyar la modificación: algunos tipos son anacrónicos o confusos, propician abusos y contrasentidos, o han chocado con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Libex tiene mucha información interesante sobre el asunto). Parece lógico seguir sancionando “la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas”; resulta más discutible mantener el enaltecimiento del terrorismo. Para combatir el yihadismo se puede usar el artículo 575 del Código Penal, que tipifica el adoctrinamiento y el adiestramiento.

La defensa de la libertad de los próximos de Sumar contrasta con otras tendencias restrictivas. Sumar retiró de su programa electoral la expulsión de la carrera periodística a quien “manipule y desinforme”. La formación atribuyó a “un error” las medidas más controvertidas: ¿a quién no le ha pasado? Propone la creación de un consejo estatal de medios audiovisuales como “órgano regulador, supervisor y sancionador”. El portavoz del PSOE anunció una denuncia por delito de odio tras unas declaraciones de Abascal sobre el presidente del Gobierno, convertido de repente en minoría vulnerable. En parte por las transformaciones tecnológicas, pero no solo por eso, cada vez hablamos más de discurso del odio, que básicamente son los discursos que no nos gustan. Mientras proclamamos la libertad de expresión de los que nos caen bien, limitamos la de los que no piensan como nosotros: no ocurre solo en la discusión pública, sino que se legisla para que así sea. Así, la ley de memoria democrática establece sanciones de hasta 150.000 euros por actos de exaltación del franquismo. No se limita a regular las actuaciones de los poderes públicos sino que, como ha escrito el especialista Germán Teruel, invade la libertad de los ciudadanos. La sanción queda en manos de autoridades administrativas y no judiciales, lo que ofrece menos garantías. La llamada ley trans también incluye sanciones por vía administrativa. La palabrería virtuosa camufla una pulsión antiliberal cada vez más repartida y profunda.