Algunos hombres buenos

No me he equivocado de tribuna. Este artículo podría titularse: “El daño colateral de la caótica situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la irracionalidad, ilegalidad e inconstitucionalidad en la que se halla, cinco años caducado”.

Junto a la jurisdicción civil existe una jurisdicción militar con competencia penal y disciplinaria. Esta jurisdicción afecta las personas que son objeto de sanciones penales o disciplinarias.

La inmensa mayoría de los delitos militares exigen que el sujeto activo sea militar. Por tanto, se aplica a miembros de las Fuerzas Armadas (unos 125.000) y de la Guardia Civil (unos 77.000). Además, unos pocos delitos militares que pueden ser cometidos por civiles y son juzgados por un tribunal militar (allanamiento de instalación militar; desobediencia, resistencia o maltrato de obra sobre centinela; hurto, robo o daños de material de guerra...). Como ven, el trabajo de los tribunales militares no es poco.

Para que esta jurisdicción funcione deben hacerlo los respectivos cargos judiciales y fiscales, así como la correspondiente maquinaria humana y material. Tras la reforma de 2015 de la Ley de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar todos los cargos judiciales militares son discrecionales, y se nombran a propuesta del CGPJ. Es decir, no puede haber un mecanismo diferente que la dictadura del CGPJ. Ante la imposibilidad de realizar nombramientos por este denostado organismo, que ya no cuenta con las mayorías pertinentes, la situación de la jurisdicción militar se puede calificar de extremadamente crítica, ya que existen órganos judiciales militares sin miembro alguno o con una composición muy reducida.

Esta situación origina la vulneración flagrante de derechos fundamentales como el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

Seguro que recuerdan la extraordinaria película de Stanley Kubrick Senderos de gloria. La trama se centra en un consejo de guerra convocado por la supuesta cobardía de un grupo de soldados. En el enfrentamiento entre los ejércitos alemán y francés, un superior ordena la toma imposible de una posición alemana. No lo consiguen y en el intento se pierden innumerables vidas. Buscando un escarmiento ejemplar, se acusa de manera injusta a tres militares. El coronel Dax, (Kirk Douglas) defiende a sus hombres ante el consejo de guerra donde se enfrentan a una condena a muerte.

Seguro que han disfrutado con Algunos hombres buenos, en la que Tom Cruise encarna a un brillante abogado, el teniente Daniel Kaffee, defensor de dos marines sospechosos de haber matado a un compañero en la base de Guantánamo. En ambos casos, el juicio es complejo, con personajes duros y crítica de fondo.

La reflexión que quiero compartirles es que, si trasladásemos estas situaciones de ficción a la realidad judicial que vivimos ahora en nuestro país, los juicios no se podrían celebrar y los reos aguardarían en el calabozo sin solución de continuidad a que hubiera algún togado disponible para estudiar su caso. Porque nos quedamos sin jueces en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Y, por supuesto, las víctimas sin reparar.

El CGPJ, de hecho, está propiciando y de alguna forma contribuyendo a esta perversa situación que en algún momento nos puede pasar factura. Una situación que solo gracias a la máxima disciplina militar de los componentes, los que quedan, de estos órganos judiciales, no ha producido consecuencias mayores. Pero la paciencia tiene un límite, y en algún momento habrá que señalar a los culpables.

Las vacantes en la actualidad en la jurisdicción militar, que siguen aumentando, son escandalosas. Todo motivado por la situación del órgano de gobierno de los jueces, mantenida por la inoperancia de las fuerzas políticas, especialmente por alguna de ellas, que responde a intereses ajenos a los derechos de los ciudadanos.

Desde hace un año, el Tribunal Militar Central no cuenta con ningún miembro. Está vacante el 100% de su plantilla. El CGPJ ha parcheado esta situación con la designación de dos miembros de tribunales territoriales (los dos presidentes de los Tribunales Militares Territoriales más antiguos (sin perjuicio de seguir ejerciendo la Presidencia de su propio TMT). Es de destacar que solo siguen en activo dos de los cinco presidentes de Tribunales Militares Territoriales.

De estos últimos, que tienen como función principal juzgar los delitos militares cometidos desde soldado a capitán, el 80% de la plantilla de Madrid quedará vacante a partir de mediados de 2024 (ahora, solo hay tres miembros); el de Sevilla, a partir de enero de 2024 tendrá casi la mitad de la plantilla vacante; en Barcelona falta el 75% de la plantilla; en A Coruña la vacancia es del 100%; mientras que en Santa Cruz de Tenerife solo queda el 44% de la plantilla y en septiembre de 2024 estará vacante el 100%.

Y en cuanto a los órganos judiciales unipersonales, de los Juzgados Togados Militares Centrales en Madrid solo queda uno. En febrero, ya no habrá ninguno. Es decir, que, desde comandante a general de división, si cometen un delito no hay quien instruya las causas competencia del Tribunal Militar Central. En el resto de los territoriales la situación está un poco mejor, pero en febrero el 31,25% de las plazas se encontrarán vacantes. Si vamos al Tribunal Supremo, en la sala Cinco, de las cuatro plazas reservadas a generales del Cuerpo Jurídico Militar solo están cubiertas el 50%. Esta situación bordea la impunidad por falta de juzgadores.

Debido a esta parálisis se está produciendo otro efecto indeseable para algunos responsables militares con opciones a ser designados para esas plazas vacantes. No van a ser nombrados, pasando a la jubilación porque en el escalafón militar les llegará el tiempo preceptivo para dejar el servicio activo. De ese modo, perderemos la experiencia y el conocimiento de personas que están en el momento idóneo de su producción intelectual y que interesan a toda la sociedad. Una vez más, la falta de respeto a la ciudadanía se instala en algunas instituciones en las que varios de sus miembros se dedican a seguir los postulados de determinados partidos políticos y se olvidan del verdadero sentido del servicio público de la justicia.

La vida sigue y vemos que las asociaciones conservadoras de jueces o fiscales, tan beligerantes en algunos temas contra el Gobierno, se olvidan de cuestiones profesionales como la presente, que sí interesan a los ciudadanos, más allá del debate político partidista.

Por cierto, ¿han pensado en estas cosas, alguna vez, los políticos que desde hace cinco años se niegan a renovar el Consejo General del Poder Judicial? Están cegados por el ansia de controlar a los jueces, temerosos de lo que pueda ocurrir con determinados juicios pendientes o con el deseo de interferir la acción del Gobierno…

Quienes así actúan olvidan lo importante, a los ciudadanos y a los propios operadores de la Justicia. Parece que, al contrario de lo que se espera de ellos, que es racionalizar la situación política y debatir sobre la justicia, a propósito por ejemplo de la justicia militar, se han instalado en la bronca permanente, hasta el punto de hastiar a casi todos. Será que, en su irresponsabilidad, han hecho suya la famosa frase de Marx (Groucho): “La justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música”. Y se quedan tan anchos.