El CGPJ propone un régimen de suplencias en la justicia militar para sortear el veto a los nombramientos discrecionales

La imposibilidad de cubrir las vacantes de altos cargos judiciales mientras no se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —cuyo mandato expiró en diciembre de 2018— tiene al borde del colapso a la justicia militar, responsable de aplicar el Código Penal Militar a 120.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 70.000 de la Guardia Civil. En las 42 plazas judiciales que engloba esta jurisdicción hay ya 23 puestos ocupados y 19 sin cubrir. Es decir, el 45,23% de las plazas de la jurisdicción militar está vacante. Estos datos se recogen en un informe que prevé estudiar este miércoles la comisión permanente del Consejo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que advierte de la “inexorable paralización de la actividad jurisdiccional” del Tribunal Militar Central a partir de enero de 2024 y de los juzgados togados centrales a partir de marzo. Para garantizar que puedan seguir funcionando, el CGPJ debatirá si aprueba un sistema de suplencias profesionales con miembros del Cuerpo Jurídico Militar que estén en otros destinos o en la reserva.

La reforma legal que, desde marzo de 2021, impide al CGPJ designar cargos discrecionales afecta, además de al nombramiento de la cúpula de la justicia ordinaria, donde se acumulan ya 85 vacantes, a la designación de los principales puestos en la jurisdicción militar —presidente y vocales del Tribunal Militar Central (TMC), presidente y vocales togados de los Tribunales Militares Territoriales (TMT) y jueces de los juzgados—.

La situación más crítica la sufre el Tribunal Militar Central, máximo órgano de esta jurisdicción tras la Sala de lo Militar del Supremo. Este órgano, que juzga a los militares con rango igual o superior a comandante o capitán de corbeta, dejará de funcionar en enero si no se toman medidas. Sus cinco plazas (un auditor presidente y cuatro vocales) están ya vacantes. El CGPJ aprobó en enero pasado que los dos presidentes de tribunales militares territoriales más antiguos pasaran a integrar de forma interina la sala de justicia del Tribunal Militar Central, y así ha venido actuando hasta ahora; pero, el 1 de enero de 2024, cuatro de los cinco puestos de presidentes auditores de los tribunales territoriales estarán vacantes. Solo se mantendrá en su puesto la auditora presidenta del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla. “No se podrá aplicar del régimen de sustituciones previsto (...) y, por ende, se producirá la paralización de la actividad jurisdiccional de la Sala de Justicia”, advierte el informe del Consejo.

El panorama raya también el colapso en los juzgados togados militares centrales, encargados de la instrucción de los procedimientos que juzga el Tribunal Militar Central y de la instrucción y fallo de las faltas comunes de los comandantes o capitanes de corbeta. De los dos juzgados de este tipo que existen, el Juzgado Número 1 está cubierto por un coronel auditor que ejerce funciones de sustitución en el Número 2, pero está previsto su pase a la reserva en el mes de marzo de 2024, por lo que a partir de entonces ambos juzgados quedarán ambos sin cobertura.

El informe subraya, además, que, si la situación no se resuelve antes, a partir del 1 de julio de 2024 no solo habrá un 80% de vacantes en las presidencias de los tribunales militares territoriales, sino que, salvo el Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, que tendrá tres miembros, los otros cuatro tribunales de este tipo (Madrid, Barcelona, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife) se quedarán con un solo miembro, “con las correspondientes disfunciones y problemática que ello conlleva, tanto en la carga de trabajo de los Vocales Togados, como en la efectiva composición de las Salas”.

Ante este panorama, el servicio de calificación del CGPJ ha redactado una propuesta, que estudiará este miércoles la comisión permanente, para garantizar que la justicia militar sigue funcionando. El plan implica acudir a un régimen de suplencias que pasaría por hacer una convocatoria pública entre miembros del cuerpo jurídico militar que ocupen destinos no judiciales o estén en la reserva, una medida que, según los responsables del documento, no vulnera la prohibición de hacer nombramientos discrecionales porque se trata solo de una sustitución. Así, el CGPJ nombraría a los vocales togados suplentes, les concedería una comisión de servicios en sus destinos actuales y les daría facultades para ejercer en los órganos judiciales afectados. La competencia para la concesión de las comisiones de servicio y su asignación presupuestaria, corresponde al Ministerio de Defensa.

Esta fórmula permitiría conformar la sala de justicia del Tribunal Militar Central y los tribunales militares territoriales y centrales. Paralelamente, señala el texto, la articulación de la suplencia dejaría vacantes destinos no judiciales, lo que “paliaría en cierta medida el estancamiento de la carrera en el Cuerpo Jurídico Militar, permitiendo ascensos y la provisión de destinos, en un momento inicial de manera interina, pero que con posterioridad, cuando tras haber recuperado el Consejo sus plenas competencias, se consolide o se provea de manera definitiva la titularidad de las plazas judiciales objeto de suplencia, puede resultar también definitiva”.