La ley de memoria declara “nulos de pleno derecho” los juicios sumarios del franquismo

Casi un año después de la exhumación de los restos de Francisco Franco, uno de los hitos del mandato de Pedro Sánchez, el Gobierno reactiva el debate sobre la memoria histórica con una exhaustiva ley de 66 artículos que remata el trabajo comenzado por la primera norma de este tipo, la de 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Esta nueva ley prohíbe la exaltación del franquismo y fija multas de hasta 150.000 euros por actos de homenaje al dictador. Además, cambiará la forma de explicar la dictadura en las escuelas y creará una fiscalía especial para investigar las violaciones de derechos humanos en ese régimen.

Carmen Calvo finiquita el trabajo iniciado por María Teresa Fernández de la Vega, entonces vicepresidenta primera, para homologar, según sus palabras, la democracia española a otras muchas en el mundo que han sufrido dictaduras y se enfrentan al dilema de cómo afrontar desde el presente un pasado trágico. “No seríamos una gran democracia si no somos capaces de enfrentarnos con justicia a nuestro pasado”, sentenció Calvo en la presentación del anteproyecto, que este martes aprobó el Consejo de Ministros y que según el secretario de Estado de memoria democrática entrará en vigor en 2021.

El texto contiene novedades legales de calado para honrar a las víctimas y cerrar el paso a todos los grupos, como la Fundación Francisco Franco, que siguen dedicándose a exaltar la dictadura, algo inviable en muchas democracias del entorno español con sus respectivos dictadores. Y desde el punto de vista político reabre un asunto que genera polémica en la derecha pero tiene un apoyo importante entre los votantes progresistas. “Siempre que Pedro Sánchez tiene un problema, saca el comodín del público, que es Franco”, declaró este martes el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. La norma tendrá ahora un largo recorrido parlamentario con polémica política garantizada.

La norma contempla la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo, la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos y la asunción por parte del Estado de la identificación de víctimas del franquismo que yacen en fosas y cunetas con fondos públicos, además de un banco de ADN. Y la ley, según confirmó la vicepresidenta, declara “nulos de pleno derecho” todos los juicios sumarios del franquismo, una reclamación histórica de las asociaciones de memoria.

Hasta 150.000 euros de multa por incumplimiento

Una de las grandes novedades del proyecto son las sanciones por incumplir la ley, que serán de hasta 150.000 euros en los casos muy graves: la destrucción de fosas comunes o de lugares de memoria, que la norma promueve para honrar a las víctimas en las ubicaciones de las peores tropelías del franquismo, y “la falta de adopción de medidas para impedir actos de exaltación que entrañen la humillación de las víctimas”, una referencia pensada por ejemplo para un Ayuntamiento que permita un acto de exaltación franquista.

Además, se cambiará por completo la forma de enseñar la etapa de la dictadura. “Vamos a actualizar contenidos curriculares de enseñanza obligatoria y bachillerato, lo haremos en la ley de educación y en su desarrollo. Lo haremos también en la formación del profesorado, para tener los contenidos de la ley de memoria como una parte importante de los contenidos y de los valores de nuestros centros educativos”, señaló la vicepresidenta.

En el caso de la Fundación Francisco Franco, lo que hace la norma es fijar que será causa de extinción de una fundación pública —la de Franco o cualquier otra que esté en el registro de fundaciones— que se dedique a la apología del franquismo. La ley también contempla limitaciones similares para las asociaciones, para evitar que los franquistas vayan por esa vía: “Las autoridades públicas competentes procederán a revocar la declaración de utilidad pública de aquellas asociaciones” que hagan apología del franquismo o inciten al odio contra sus víctimas, señala el texto.

La norma contempla la creación de una Fiscalía de sala de memoria democrática en el Tribunal Supremo para coordinar el trabajo de justicia y reparación para las víctimas. Y señala que “el Estado garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil, la dictadura y después de la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución de 1978”. Eso podría implicar un salto definitivo para juzgar los delitos del franquismo, aún con protagonistas vivos, sobre todo los de los últimos años. Sin embargo, todos los intentos que se han hecho hasta ahora para procesar a algún franquista —el más conocido es el del juez Baltasar Garzón— se han topado con el límite de la ley de amnistía de 1977. Y esa ley no se toca.

Fuentes del Gobierno señalan que la ley de amnistía puede eximir de responsabilidad personal por los hechos, pero no impide la investigación, que es lo que garantiza esta norma. El asunto queda en el aire, pero abre una puerta inédita al menos para investigar estos crímenes por parte de una fiscalía especial.