Discreción no es opacidad

Si el Gobierno de Pedro Sánchez pretende salir indemne de la decisión de pactar una amnistía a los líderes del procés para lograr su apoyo parlamentario, la peor estrategia es negociar los detalles del acuerdo político que alumbró la ley con opacidad, en el extranjero y bajo la mirada de un verificador internacional por ahora desconocido. El PSOE y Junts tienen prevista mañana una reunión de continuidad del pacto firmado el 9 de noviembre. El Gobierno necesita generar confianza ciudadana en sus propósitos, pero el encuentro se produce bajo una falta de transparencia difícil de hacer compatible con ese objetivo. La polémica proposición de ley de amnistía se presentó con claridad y detalle y el resto de los asuntos a negociar están en el pacto ya hecho público. Nada explica, pues, el secretismo que rodea los siguientes pasos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no confirmó este jueves que la reunión fuera a celebrarse en Ginebra, como se había dado a entender. Sobre el verificador explicó que es un “mecanismo excepcional” necesario por la desconfianza entre ambos partidos y afirmó que en su día se conocerá su identidad, pero sin explicar su papel más allá del supuesto acompañamiento.

No es insólito que en negociaciones complejas se recurra a personas o entidades que ayuden a deshacer malentendidos y a dar fe de los compromisos. Pero en el caso que nos ocupa, la realidad es que esa figura, impuesta por Junts, se utiliza para cuestionar la credibilidad del PSOE y con él, la del Estado. Los socialistas usan el eufemismo “acompañante”, pero sin datos los argumentos flaquean. El número tres del PSOE, Santos Cerdán, define el encuentro como una reunión rutinaria entre partidos. En esencia podría ser así. Pero los partidos españoles no necesitan verse en el extranjero, especialmente si tienen representación en el Parlamento, como es el caso, e importantes responsabilidades en distintas instituciones, empezando por el Gobierno de España. Tampoco necesitan para una reunión rutinaria la presencia de un verificador internacional, que forma parte de lo simbólico, pero pasa por alto el hecho de que en democracia las formas son el fondo. Y la transparencia es un guardarraíl imprescindible para que la democracia funcione. La encarnizada batalla política española podría hacer comprensible que se tratara de proteger la identidad del verificador, pero no la entidad jurídica que lo ampara, si es el caso, o su papel.

A nadie se le escapa que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha eludido la acción de la justicia, pero la escenificación demandada al PSOE parece equiparar a su partido con una organización clandestina en el exilio, un victimismo absurdo en una formación legal. Si bien la estrategia de Junts se entiende perfectamente desde el nacionalismo, el Partido Socialista necesita un relato democrático que entienda toda España.

Aunque la discusión sea sobre un pacto político hecho público ya y en el que se registraron múltiples discrepancias entre las partes —la esencial, sobre el referéndum de autodeterminación al que aspira los soberanistas y al que se oponen los socialistas— las negociaciones secretas alientan las especulaciones. Es cierto que toda negociación requiere discreción y que los acuerdos se establecen entre partidos, pero las instituciones que tienen que aplicarlos son de todos. Por ello hay que exigir la mayor transparencia posible. Puigdemont ya ha sido reconocido como interlocutor por el PSOE. La ley de amnistía ya se está tramitando. Sánchez ya es presidente. La escenificación de opacos contactos en el extranjero y con verificadores internacionales anónimos es una sobreactuación innecesaria y contraproducente.