Gobierno de estreno

Tras el primer Consejo de Ministros, el nuevo Gobierno comienza una legislatura que se ha fijado como principal objetivo el despliegue de una agenda política de marcado carácter social. Eso debería significar que, además de poner en marcha nuevas iniciativas legislativas, el flamante Ejecutivo saque adelante aquellas que dejaron de aprobarse por el adelanto electoral. Se trata de más de 60 leyes, 25 de ellas procedentes de decretos leyes, otras ocho impulsadas por el Gobierno y alrededor de una treintena promovidas por grupos parlamentarios. Entre ellas se encuentra la ley de familias, la ley del olvido oncológico, la ley de salud mental y la de la ELA. Tampoco se aprobaron otras, como la ley de movilidad sostenible o la ley del cine y la cultura audiovisual. De igual modo, es urgente la aprobación de la ley de función pública para hacer frente no solo a los problemas que afectan a la Administración de Justicia, sino a todas las administraciones públicas en España, como es la falta de inversión y de racionalidad para mejorar lo que constituye la estructura básica del Estado.

En la legislatura que comienza el Gobierno deberá combinar la ambiciosa agenda social que ha anunciado con un talante dialogante que Pedro Sánchez ha pedido a sus ministros mediante una carta personalizada que les hizo llegar en su primera reunión en La Moncloa. Sería deseable que el propio jefe del Ejecutivo practicara esa apertura evitando comparecencias sin preguntas de la prensa para vincular de manera efectiva su acción gubernamental con una verdadera rendición de cuentas. La palabra de los ciudadanos manifestada en las urnas se disuelve en los recintos institucionales si los gobernantes se aíslan en burbujas que no interaccionan con los intermediarios entre la sociedad y las instituciones políticas. De igual forma que una mayoría parlamentaria ha dado su confianza al presidente, es asimismo responsabilidad suya mantener al Parlamento en el centro de la vida democrática, evitando el abuso de los reales decretos y forjando acuerdos y consensos basados en el diálogo. La banalización del decreto ley —tanto en los parlamentos autonómicos como en el ámbito estatal— merma el debate político y empobrece la vida parlamentaria. El diálogo transparente en el Parlamento con la mayoría transversal que lo ha investido será importante, pero también lo será intentar romper la división de bloques para gobernar tendiendo puentes con una oposición que hasta ahora no ha buscado ninguna reducción en el nivel de enfrentamiento con el Gobierno, sino la confrontación más brutal. Encontrar en esa oposición a quienes sí estuvieran dispuestos a un mínimo grado de entendimiento es otra de las principales tareas del Ejecutivo.

Además de recuperar la centralidad del Parlamento, los grandes ejes por los que pasa la revitalización de nuestra cultura democrática son, en primer lugar, el restablecimiento del prestigio de las instituciones tan gravemente dañado por los partidos —especialmente por el escandaloso bloqueo que el Partido Popular mantiene para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una renovación que es de la mayor urgencia democrática—. Las malas prácticas del PP en relación con la justicia, tanto cuando gobierna como cuando está en la oposición, no justifican que el PSOE o sus socios caigan en la tentación de un comportamiento similar que sirva para intentar el contrapeso mediante la misma espiral de colonización partidista de las instituciones. Y en segundo, al Ejecutivo le toca liderar y buscar el diálogo e interacción con las comunidades autónomas en la capital agenda que tienen pendiente, empezando por el modelo de financiación.