A Pedro Sánchez le perseguirá la amnistía

Pedro Sánchez quiere pasar página de la amnistía. El ya presidente del Gobierno lo fía todo a que la agenda social de la futura coalición sepulte el malestar en España por la cuestión catalana. Demasiado optimismo. Ni los independentistas catalanes ni el PNV ni Bildu renunciarán a vender su relato: que el perdón al procés no es el final del camino, sino una oportunidad para culminar sus aspiraciones nacionales. Y la derecha se frota las manos porque podrá avivar la agitación social al grito de “corrupción política” unos cuantos años.

Así que Sánchez le plantea a la izquierda la tesis del mal menor —“o la ultraderecha o mis pactos con el independentismo”—, pero la realidad es que está sitiado por quienes quieren poner el foco solo en la amnistía, o no solo en la transición ecológica y la jornada de 37,5 horas. Por mucho que Sumar o el PSOE creyeran que la citada ley era el pago para centrarse en las políticas progresistas, esta legislatura está atravesada por su carácter plurinacional. Si quieren los votos del Frankenstein, no se podrán quedar en el plano folclórico de las lenguas cooficiales en el Congreso. Vienen las elecciones vascas y catalanas. El PNV aspira a suculentas cesiones competenciales —infraestructuras, Seguridad Social, etcétera– en virtud del Estatuto de Gernika. Bildu sueña con la construcción de la “república vasca”. ERC fantasea que, tras la salvación judicial o la cesión de Rodalies y la financiación, toque el referéndum pactado.

Y quizás Sánchez juega con la hipótesis de que la amnistía acabará siendo más beneficiosa que perjudicial, como los indultos. Causaron un enorme revuelo, pero fue una decisión en seco, que incluso dejó al poco tiempo la estampa de una Cataluña pacificada. Sin embargo, el calendario ahora no le acompaña. La amnistía se aboca a un largo periplo judicial de goteo de casos y recursos en los tribunales. Es más, Carles Puigdemont podría aterrizar pronto en España. Previo a ello, lucirá con grandilocuencia sus mesas de diálogo en el extranjero —lo único que tiene para diferenciarlas de las de Oriol Junqueras—, haciendo las delicias de la derecha.

Los propios altavoces del PP y Vox trabajan incansables. De los creadores del “Gobierno ilegítimo” o de los “socios ilegítimos”, ni el Congreso parece ya legítimo para un Santiago Abascal que se marchó a saludar a los manifestantes en las calles. Ciertas voces de ultraderecha incluso han decidido que el Tribunal Constitucional tampoco es legítimo. No esperan al veredicto sobre la amnistía y ya están deslegitimando al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para que la ciudadanía dude hasta de lo que se llegue a decidir.

A Sánchez le perseguirá la amnistía, sí, pero no quiere decir que logre derribarle. Todavía el Frankenstein se sustenta sobre el interés mutuo: que no gobiernen el PP y Vox y sacar tajada. Aunque si el 23-J dejó una lección es que las apariencias engañan. Por mucho que unos digan que las cesiones competenciales y los indultos o la amnistía rompen España, el hecho es que el independentismo catalán se hundió el 23-J en un clima de frustración por el fracaso de 2017. Por más agitación social o en las calles que haya, debe recordar la derecha que también creían que arrasaría en los pasados comicios y al final no lo logró.