El PP atribuye sin pruebas al presidente del Constitucional negociar la amnistía con el abogado de Puigdemont

El PP ha puesto en el punto de mira al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. La dirección popular ha pasado al ataque contra el veterano magistrado progresista, y le ha acusado este jueves sin pruebas de una conducta delictiva, sugiriendo que está intercambiándose papeles sobre la futura ley de amnistía con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que además tiene distintas causas pendientes con la justicia. Fuentes próximas al presidente del Constitucional niegan de forma tajante la acusación del PP y recalcan que el magistrado no conoce a Gonzalo Boye y que, además, este le recusó por enemistad manifiesta como abogado de Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en los asuntos del procés.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha cargado este jueves contra el presidente del Tribunal Constitucional haciéndose eco de algunas informaciones periodísticas que tampoco aportan pruebas y que aseguran que Conde-Pumpido está asesorando en la redacción de la futura ley de amnistía, hasta el punto de intercambiarse papeles con el abogado de Puigdemont, cuya participación en la elaboración de la norma tampoco nadie ha confirmado. “Es sórdido que la trama principal de las negociaciones de investidura las protagonice un candidato cegado por el poder [Pedro Sánchez] y Puigdemont, al que defiende y asesora un abogado que es un exdirigente terrorista que está condenado por secuestro y por colaboración con el narcotráfico. Ese es el abogado de Puigdemont que está negociando con los miembros del Gobierno”, ha manifestado este jueves Bendodo desde Almería en referencia a Gonzalo Boye.

“Todavía es más grave”, ha añadido, “si ese abogado, condenado por secuestro y terrorismo, pudiera estar él dictando al Gobierno la futura ley de amnistía, como han publicado algunos medios. Más grave todavía sería que este abogado estuviera en contacto e intercambiando papeles sobre la amnistía con el propio presidente del Tribunal Constitucional. Eso sería muy grave y un golpe letal a nuestra democracia”.

Bendodo ha retado, además, a Pedro Sánchez ―y no al aludido―, a desmentir esa acusación. “Que salga Sánchez hoy [este jueves] mismo y diga que esto es mentira y todos nos quedaremos tranquilos. Tiene que decir si es verdad o falso. Si está dictando la amnistía y si está intercambiando papeles con el Tribunal Constitucional para meternos con calzador la amnistía y que Cándido diga que sí. Si esto es falso, que Sánchez lo desmienta. Si hay silencio, el silencio confirmaría lo que estoy diciendo”, ha remachado.

Fuentes próximas al presidente del Tribunal Constitucional niegan de forma tajante esta acusación, que implica atribuir al magistrado una conducta delictiva. “Es rotundamente falso”, afirman estas fuentes, que recalcan además que Conde-Pumpido no conoce a Gonzalo Boye y que este último le recusó en los procesos que tenía que dirimir sobre Puigdemont. Gonzalo Boye recusó a Conde-Pumpido en marzo de 2021, al considerarle “parcial” por una conferencia en el año 2017 en la que calificó de “amenazas” al orden democrático los hechos que se estaban produciendo en Cataluña.

El PP acusa al presidente del Constitucional de cometer un delito, ya que los magistrados no pueden asesorar y mucho menos en asuntos que vayan a intervenir, como sería el caso de la amnistía. El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice textualmente que “el cargo de juez o magistrado es incompatible, entre otras cosas, con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido”. Ese delito está tipificado por el Código Penal en el artículo 441, por el cual una autoridad pública incurrirá en las penas de “multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años” en el caso de que ejerza una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental a entidades privadas o particulares en un asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo”.

Los populares tienen en el punto de mira a Conde-Pumpido pero también a todo el Tribunal Constitucional, que ahora tiene una composición de mayoría progresista. Fuentes de la dirección popular dan por hecho que el tribunal de garantías avalará la futura ley de amnistía y lo atribuyen a una complicidad con el Gobierno de Pedro Sánchez. Es la primera vez, no obstante, que el PP ataca directamente al presidente del intérprete supremo de la Constitución española.