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El Constitucional concluye que Batet no estaba obligada a exigir al Gobierno los expedientes de indulto del ‘procés’

El proyecto de sentencia, que proponía avalar el recurso del PP y censurar a la expresidenta del Congreso por no reclamar los documentos, se cambiará para ser sometido a votación

Procés
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante la entrega de la Medalla del Congreso de los Diputados a los expresidentes de la Cámara Baja del actual periodo constitucional, el pasado 22 de junio.MARISCAL AGENCIA EFE (EFE)
José María Brunet

La expresidenta del Congreso Mertixell Batet no va a ser censurada por el Tribunal Constitucional por no haber reclamado al Gobierno los expedientes de indulto de los condenados por el procés, ya que el reglamento de la Cámara baja no la obligaba a hacerlo. Esta ha sido la tesis que ha prosperado en el órgano de garantías para rechazar el recurso de amparo parlamentario que interpuso el PP contra la decisión de Batet de no instar al Ejecutivo a entregar a la cámara dichos documentos. Pese a que inicialmente había miembros de la mayoría progresista inclinados a respaldar la impugnación, en el pleno de este miércoles ha prosperado el criterio de que no debía crearse el precedente, imponiendo nuevas funciones a la presidenta del Congreso en su relación con el Gobierno.

El recurso de amparo fue presentado por la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, después de que el Gobierno se negara a entregar a los diputados dichos expedientes. El PP solicitó que la presidenta de la Cámara reclamase los documentos al Ejecutivo, y la Mesa y su presidenta consideraron que el Gobierno había dado razones fundadas para denegarlo. Uno de los motivos de la negativa fue que los expedientes contenían datos que afectaban al derecho a la intimidad de los indultados.

El ponente de la sentencia, el magistrado Ricardo Enríquez, del sector conservador, defendió este miércoles la propuesta de su borrador de resolución, en el que estimaba que el recurso del PP debía prosperar por haber sido vulnerados los derechos de los diputados, que debían haber podido acceder a los citados expedientes. Las intervenciones de los magistrados pusieron de manifiesto que esta tesis estaba en minoría. El magistrado ponente prefirió que borrador de sentencia no se sometiera a votación y asumió la redacción de un nuevo texto que recogiera el criterio mayoritario. Por tanto, en un próximo pleno se votará un proyecto de sentencia por el que el Constitucional va a rechazar el recurso del PP.

Los magistrados del sector conservador del órgano de garantías elaborarán un voto particular en contra de la sentencia que se dicte, cuyo sentido opuesto al recurso del PP quedó de manifiesto en la deliberación del pleno de este jueves. La tesis de este sector sigue siendo que el papel de la presidencia del Congreso debe ser de protección de los derechos de los diputados si el Gobierno deniega la entrega de documentos sin razones convincentes o insuficientemente fundadas.

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