El veto del PP a ERC y Junts bloquea las comisiones del Congreso, que los populares consideran “secuestrado”

El PP aprobó este miércoles, en la Mesa del Congreso y con la unanimidad de todos los partidos ahí representados en el órgano de gobierno de la Cámara baja, la composición por un reparto matemático y proporcional a sus votos de la Diputación Permanente que funciona en periodos inhábiles pero no aceptó y vetó ese mismo método de distribución de los diputados para componer las comisiones de trabajo normal y diario. El PP volvió a denunciar en esa misma jornada, y hasta amenazó con posibles acciones judiciales, que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, mantiene la actividad legislativa y de control de la Cámara parada, sin convocar el pleno de investidura de Pedro Sánchez o la Junta de Portavoces, para beneficiar al candidato socialista, y le exigió que retome la actividad. El PP argumentó luego que el sistema de adjudicación de diputados a las comisiones que proponía la mayoría progresista “no refleja la composición del hemiciclo”, pero en la Mesa admitió que no reconoce a ERC y Junts la categoría de grupo parlamentario y de disponer, por tanto, de una representación en todas esas sesiones.

No hay terreno libre de disputas partidistas en esta incipiente y de nuevo compleja XV legislatura. Y el Congreso de los Diputados es el campo más relevante y mediático que conquistar. Las Cortes se constituyeron el 17 de agosto, el Senado ha comenzado su actividad, pero el Congreso sigue apenas al ralentí. El PP sostiene hace semanas, y particularmente desde que fracasó a finales de septiembre la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que la presidenta de esa Cámara la tiene “secuestrada” por interés del candidato Sánchez. Los populares ponen el acento para justificar esa denuncia en que Armengol no fija una fecha para la investidura del aspirante socialista (cuando esa decisión no está reglada y hay precedentes y demoras en diversos mandatos de distintas ideologías) o en que no cita la Junta de Portavoces, que es la que discute y resuelve las cuestiones y propuestas de los grupos para situarlas en el calendario de plenos y comisiones.

En condiciones normales, las Juntas de Portavoces del Congreso se suelen reunir todas las semanas (habitualmente los martes), pero ahora es evidente que esa no es la situación. Una de las funciones básicas de la Cámara baja como poder legislativo es controlar lo que hace el Gobierno, pero el actual está en funciones y con una actividad precaria. La mayoría progresista que controla la Mesa del Congreso, que decide el calendario y los asuntos a abordar, ha priorizado en estas tres semanas tras la investidura de Feijóo la posibilidad de que la opción de Sánchez como presidente prosperase para arrancar la legislatura con normalidad, se compusiesen las comisiones de trabajo y comenzasen los plenos y el control al Ejecutivo. Esa sesión, por ahora, no se vislumbra, y en el PP están cada vez más quejosos. Protestan y presionan para forzar especialmente esa votación, con la idea de que Junts o ERC se desmarquen y fracase o en su defecto para retratar al nuevo Gobierno de Sánchez y sus socios separatistas, vascos y catalanes. Pero no tienen la misma prisa para todas las tareas o reuniones que deberían estar ya en marcha en el Congreso.

La Mesa del Congreso, que se volvió a reunir este miércoles y que sí suele programarse ahora casi todas las semanas pese a la baja actividad de la Cámara, debía aprobar finalmente y tras casi un mes de retraso una propuesta de la Presidencia para permitir la corrección de los votos erróneos de los diputados si lo piden verbalmente de manera inmediata, como sucedió con el parlamentario de Junts, Eduard Pujol, en la segunda votación de Feijóo. Esa solución tan básica lleva tres semanas prorrogándose porque el PP presenta sobre la marcha enmiendas y alternativas y la Presidencia no quiere imponer su idea en aras del consenso sobre algo tan fundamental como las normas de funcionamiento de la Cámara.

En el Congreso aún no se han celebrado plenos porque el Gobierno está en funciones, pero podrían ponerse en marcha sus comisiones de trabajo. Para que se constituyan esas comisiones, hasta 23 legislativas y 10 no legislativas en la XIV legislatura pasada, los partidos deben acordar antes cómo se forman y el PP ha rechazado el reparto que la mayoría progresista les ha planteado. Una distribución proporcional a los votos y escaños obtenidos en las elecciones del 23 de julio. La misma que el PP sí refrendó este miércoles para conformar si hiciera falta la Diputación Permanente para los tiempos parlamentarios inhábiles: 33 diputados del PP, 24 del PSOE, seis de Vox, seis de Sumar, y uno para cada uno de los otros cinco grupos (ERC, JxC, EH Bildu, PNV y Mixto, que en este caso es UPN). Esa composición concede 34 votos a la mayoría que respaldó a Armengol y 34 a la derecha y ultraderecha y la presidenta sería el voto de calidad que decantaría el resultado. Lo que le vale al PP para la Diputación Permanente no le sirve para las comisiones y lo justifican en que ese reparto “no refleja la composición del hemiciclo”. En la Mesa esgrimieron que nunca se debió permitir que ERC y Junts tuvieran grupo propio como se les concedió a finales de agosto y recurrieron entonces sin éxito.