Negociar y explicar

A tres meses de la celebración de las elecciones generales y con un escenario internacional cada vez más imprevisible, España sigue sin un Gobierno en pleno ejercicio de sus funciones. El proceso para investir a un nuevo presidente ha transcurrido hasta ahora con plena normalidad constitucional. Tras el fracasado intento del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, el Rey propuso como candidato al líder socialista, Pedro Sánchez. Sin embargo, ha pasado casi un mes desde esa propuesta y el silencio sobre las negociaciones para la formación del Ejecutivo comienza a ser inquietante. Aunque el equipo socialista aún no haya hecho ninguna declaración sustantiva sobre qué se está negociando en materia territorial, laboral, económica o de derechos sociales, las especulaciones sobre una posible amnistía concedida a los imputados del procés monopolizan el debate político y dan lugar a todo tipo de conjeturas, propiciando que la discusión quede en manos del interés partidista.

Un asunto tan trascendente para la sociedad española merece ya ciertas explicaciones. La comprensible discreción de todo proceso negociador comienza a agrietarse por la brecha entre una ciudadanía con preocupaciones tangibles —a las que acaba de añadirse una guerra en Oriente Próximo— y la reiterada confrontación de los actores políticos sobre hipótesis de las que se desconoce cualquier detalle. El PP, dedicado hasta ahora a inflamar la calle con su retórica apocalíptica, ha empezado a hacer un uso torticero de las instituciones. Lo vimos la pasada semana, cuando utilizó el Senado como instrumento al servicio de su ofensiva para boicotear cualquier acuerdo de gobierno. Producía sonrojo escuchar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de una comunidad que practica la competencia desleal con el resto de las autonomías en materia fiscal, hablar de la igualdad de los españoles. Incomprensible también fue la intervención del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se presentó en la Cámara alta con un discurso que vuelve a confundir los intereses plurales de la ciudadanía para la que gobierna con los del independentismo. Con el evidente trasfondo de su pugna con Junts. Todo sucedió, para colmo, con la inexplicable ausencia de los líderes autonómicos socialistas y de los miembros del Gobierno en funciones.

El silencio gubernamental, los discursos de ERC y Junts y el ruido atrapalotodo de la oposición conservadora están provocando que el marco público de la legítima discusión sobre el pacto de investidura no lo fije el presidente. Repetir una y otra vez que ese marco es la Constitución supone utilizar una obviedad como argumento. Lo contrario resultaría preocupante. La ciudadanía merece saber por qué, a pesar de ser obviamente una moneda de cambio para una investidura, una posible amnistía sería buena ahora para el conjunto de los españoles a la hora de revertir definitivamente la dinámica de conflicto desarrollada en Cataluña. Pedro Sánchez debe explicarlo más pronto que tarde. Y de forma que resulte entendible para aquellos que quieren avanzar en la concordia aun no estando de acuerdo con la amnistía como concepto general. Sin olvidar, además, que un acuerdo de investidura que pretende serlo también de legislatura no puede girar en torno a un único tema por decisivo que sea. Muchos españoles están pendientes de asuntos como la vivienda, la sanidad o las leyes que quedaron pendientes de aprobar cuando se disolvieron las Cortes. Si el Gobierno insiste en su silencio, el debate sobre las negociaciones quedará al albur de la polarización y de las medias palabras en un momento en que los ciudadanos necesitan claridad y estabilidad.