El Senado como síntoma

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, expuso este jueves en el Senado sus argumentos en favor de una ley de amnistía que termine con los procesos judiciales relacionados con la ruptura independentista de 2017. También su objetivo político de celebrar un referéndum de autodeterminación pactado. La novedad es que lo hizo delante de todos los presidentes autonómicos del PP, a los que su partido, con mayoría en la Cámara alta, había convocado a la Comisión General de las Comunidades Autónomas para debatir sobre “la igualdad ante la ley de todos los españoles”.

Bajo este epígrafe se escondía una nueva representación institucional, ya adelantada en ayuntamientos y parlamentos territoriales, de la ofensiva conservadora contra la ley de amnistía reclamada por los independentistas a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. El poder autonómico del PP, por boca de Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno Bonilla o Fernando López Miras, repitió su conocido discurso en torno a la “humillación” y la “traición” que supondría esa hipotética amnistía. En un gesto que resultó innecesariamente descortés, Aragonès no se quedó a escucharlos. Aun así, y aunque su presencia buscaba recuperar la iniciativa para ERC en su pelea con Junts, la intervención del president dignificó el papel del Parlamento y evitó que fuera un mero acto de partido.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha), sin embargo, cometieron el error de no enviar representación alguna con el argumento de no participar en lo que consideran un teatro político. El Gobierno en funciones no estuvo presente. En su intento por deslucir la ofensiva popular, los socialistas terminaron desairando a la institución. También faltó el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu.

Es obvio que el PP utiliza su mayoría en el Senado para elevar en beneficio propio la presión sobre el Gobierno. Pero esa mayoría se la han dado los votos, y acusar a la oposición de hacer oposición no es un argumento con recorrido. No se gana un debate no estando en él, y el PSOE desperdició una oportunidad para contrarrestar el estado de irritación promovido por la derecha en torno a las negociaciones de investidura. En el mismo gesto, menospreció el valor que tiene hablar desde la minoría en las instituciones democráticas. Un valor que sí tuvieron presente los senadores Enric Morera (Compromís), Carla Antonelli (Más Madrid) y Uxue Barcos (Geroa Bai). Hubo que esperar casi siete horas para escuchar al PSOE, por boca de su portavoz, Juan Espadas.

La imagen que queda es la de un PP que usa las instituciones para intentar minar la unidad de los socialistas y la de un PSOE que desaprovechó la ocasión de rebatir los argumentos con los que su rival trató de demostrar este jueves que la igualdad de los españoles ante la ley corre peligro.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas es un foro singular. Creada en 1994 para servir de embrión a la necesaria reforma del Senado como cámara de representación territorial, no tardó en ser arrinconada por los partidos. Los momentos en los que ayer se habló de financiación autonómica dieron una idea de su utilidad. Utilizarla para mítines de partido o ningunearla cuando resulta incómoda no hace más que ahondar en esa historia de frustración que es el encaje del Senado en la arquitectura constitucional española.